El viernes 14 de agosto el diario La Tercera publicó una nota titulada “Denuncia por malversación: Fiscalía pide al Senado antecedentes sobre asignaciones de ex presidentes en medio de la pandemia”.

“Recibimos una denuncia por malversación en contra de los ex presidentes Frei, Bachelet y Lagos fundada en que dentro de la dieta vitalicia por el cargo que ejercieron se considera un ítem de traslación, que según el denunciante no correspondería pagar por pandemia debido a que existen restricciones en el desplazamiento”, explicaron desde la fiscalía regional de Valparaíso a ese diario. “El Ministerio Público está requiriendo información al Senado para establecer las características y condiciones de pago de dicha asignación”, consignó ese periódico.

Al lunes siguiente, 17 de agosto, el Senado ya tenía lista la carta de respuesta para el Ministerio Público. En esta informan que los ex mandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle actualmente reciben esos montos por concepto de traslación, pero “sin que se les hubiere requerido y no teniendo la obligación jurídica de hacerlo, han decidido restituir, cada uno de ellos, a la Tesorería de la Corporación la suma $ 6.933.184, correspondientes a los gastos de traslación de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año”.

Y respecto de Michelle Bachelet el documento del Senado afirmaba que "solicitó suspender el pago de los recursos destinados a traslación mientras se encuentre fuera de Chile, razón por la que no los percibe”.

Y hasta ahí quedó la historia. ¿O tal vez no?

Nuestro medio indagó un poco más en la historia reciente y descubrió que entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, la ex Presidenta recibió -mes a mes- las tres asignaciones para ex mandatarios: una dieta personal (remuneración), un aporte a la fundación presidencial y un monto fijo por traslados.

El problema es que precisamente en ese período en que Bachelet –quien actualmente tiene un sueldo cercano a los 135 mil dólares netos anuales como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU– recibía la tercera asignación, bono por traslados, estaba residiendo en Nueva York y contaba con un contrato como directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Al revisar los datos de transparencia que publica el Senado, entidad encargada de asignar y pagar estos pagos a los ex presidentes, queda claro que Michelle Bachelet recibió de manera constante ese bono durante los cuatro años en que fue ex mandataria durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Y para el período en que fue la jefa de ONU Mujer percibió casi 50 millones de pesos del fisco chileno por conceptos de traslados, pese a tener un contrato como funcionaria internacional, el que también incluía pagos por estos conceptos.

Ante esta situación surgen dos dudas. La primera es por qué la ex mandataria cobró esos pagos entre 2010 y 2013 siendo jefa de ONU Mujer, pero hoy en día decidió renunciar a este ítem tras asumir en septiembre de 2018 como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

La segunda interrogante es más delicada. INTERFERENCIA consultó con varios abogados expertos en temas constitucionales, administrativos y penales respecto de esta situación. ¿Se configura un posible delito por parte de la ex Presidenta?

Las abogadas y abogados consultados opinaron en base a la información entregada por nuestro medio. Todos insistieron en que sus apreciaciones son sólo preliminares, por lo que prefirieron no entregar sus identidades. 

Sin embargo, hay varios puntos en los que todos concuerdan: no se trata de una mera falta, sino que estos cobros podrían -potencialmente- constituir un delito.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es la figura de enriquecimiento sin causa”, afirma un jurista. “Este se da cuando una persona recibe dinero para cierto fin, pero lo destina a otros fines”.

En ese sentido, afirma, habría que recordar varios escándalos de diputados que han malgastado asignaciones en temas como sedes parlamentarias, generando ruido en la prensa y la opinión pública.

Otro abogado consultado por INTERFERENCIA analizó en mayor detalle el caso, y afirma que es poco probable que se configure el delito de malversación o de fraude al fisco, por cuanto Bachelet no era funcionaria pública chilena en esos momentos. Sin embargo, el experto afirma que, potencialmente, se podría configurar un delito de “obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes”, una figura legal que contempla el Código Penal.

Y queda pendiente la primera duda. ¿Por qué Bachelet cobró los aportes de traslación entre 2010 y 2014, pero no ahora?

Según fuentes consultadas por nuestro medio, hubo personas que le advirtieron a la mandataria sobre la improcedencia de cobrar la traslación cuando asumió en la ONU en septiembre de 2010. Tal vez recordó esas opiniones cuando a mediados de 2018 asumió otra alta función en la ONU, esta vez en Ginebra.

Nuestro medio trató de contactarse con varios colaboradores del primer gobierno de Bachelet, pero ninguno quiso referirse a este tema.