Tras cuatro jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las acusaciones del Ministerio Público contra el fundador de Procultura, Alberto Larraín, por el supuesto fraude de más de $1.600 millones en el marco del convenio 'Quédate" con el Gobierno Regional Metropolitano.

El juzgado argumentó que Fiscalía no logró acreditar la existencia de delitos y destacó la colaboración de Larraín y los demás imputados, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdalenl y Gabriel Prado.

Para el tribunal, el Ministerio Público presentó antecedentes contradictorios que no probaron el ánimo de concierto para defraudar al Fisco por parte de Procultura.

El abogado de Larraín, Cristián Arias, sostuvo que la imputación del "Ministerio Público carecía de sustento serio. Y lo otro que es importante es que los proyectos que hacía ProCultura son proyectos reales que no pudieron seguir desarrollándose”.

Durante las jornadas previas Fiscalía apuntó a un "acuerdo conjunto entre los miembros de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente concertados con los restantes imputadas e imputados".