Durante las últimas semanas, diversos medios han dado cuenta de la permanencia de un fenómeno que, lamentablemente, se ha naturalizado en Chile: la puerta giratoria.

En muchas ocasiones, el término ha sido utilizado en campañas políticas para hacer referencia a la rápida salida de personas desde las cárceles. Sin embargo, también se aplica cuando quienes trabajan en empresas privadas pasan al aparato público, y viceversa.

El modo de desarrollo extractivista que prima sobre América Latina conoce bien esta lógica. Abundan las experiencias de funcionarios públicos, que una vez terminado el gobierno en el que ingresaron, pasan a trabajar a empresas vinculadas a la explotación de los territorios, aprovechando el conocimiento institucional adquirido. A la inversa, apelando a su saber técnico y experiencia, ejecutivos de empresas privadas asumen cargos públicos desde los cuales pueden facilitar el debilitamiento institucional en favor del interés privado.

Tres casos recientes dan cuenta de este fenómeno:

- Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, durante el gobierno de Gabriel Boric. Según Ciper, asesora a la minera CleanTech Lithium en la tramitación de permisos para su proyecto en el salar Laguna Verde. Durante su gestión, se desarrollaron modificaciones estructurales al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de políticas como la Red de Salares Protegidos, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, que recomendó entregar el 70% de los salares para su explotación; entre estos ecosistemas se incluye Laguna Verde, donde CleanTech busca desarrollar su proyecto.

- Emanuel Ibarra, actual jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Fue nombrado en el cargo pese a haber representado a seis empresas sometidas a procesos sancionatorios por infracciones  ambientales. De acuerdo a Ciper, Ibarra representó a estas compañías ante distintos organismos públicos, incluida la propia SMA, mientras enfrentaban procedimientos por faltas calificadas como "gravísimas", entre ellas la realización de sondajes mineros en la Reserva Nacional Las Vicuñas.

- Max Larraín Correa, alto ejecutivo de minera de tierras raras, fue designado por José Antonio Kast como director de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Según Resumen.cl, Larraín se desempeña como General Counsel de la transnacional canadiense Aclara Resources y ha jugado un rol clave en el cuestionado proyecto minero que busca explotar los cerros de Penco-Lirquén. Su designación en el directorio de Enami se extiende hasta 2029, mientras se continúa trabajando en la transnacional.

Así, la vanagloriada alianza público-privada facilita este trasvasije entre empresas y cargos públicos, siendo un nudo que puede favorecer la corrupción, los conflictos de interés y la falta de transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Y atención, acá no se trata de cuestionar a cada trabajador o trabajadora que transita entre el Estado y la empresa privada. La precarización laboral nos ha empujado también hacia esa lógica. Pero es necesario reconocer cuando el ejercicio  de un cargo público y el acceso a información privilegiada pueden beneficiar a intereses privados.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club al que Chile se jacta de pertenecer, ha advertido que fenómenos de este tipo pueden favorecer los conflictos de intereses, la captura de políticas públicas e incluso el tráfico de influencias. 

En 2024, el propio jefe de la División Anticorrupción e Integridad de la OCDE, Julio Bacio Terracino, recomendó al gobierno chileno avanzar en la regulación de esta puerta giratoria, mediante  periodos de incompatibilidad para exfuncionarios públicos que ocuparon cargos clave. Pero, al igual que ante otras recomendaciones, no se ha realizado ninguna acción.

En los territorios y comunidades, esta realidad es conocida. Pero en el debate público la puerta giratoria solo parece importar cuando se habla de delincuencia, salvo que sea de cuello y corbata. Cuando se trata de la puerta giratoria del extractivismo, que permea aún más la democracia, el paso tiene libertad de acción.

(*) Investigador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA