La publicación de los 56 decretos exentos firmados bajo la administración del presidente José Antonio Kast, mediante los cuales se redujeron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, abrió un boquete político de proporciones en la coalición oficialista.

La revelación hecha por Interferencia sobre las resoluciones tramitadas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 —que corresponden a 27 casos de abuso sexual y 29 de violación de niños, niñas y adolescentes— no solo puso contra las cuerdas al Ministerio de Justicia, sino que expuso las fracturas más profundas del espectro de la derecha chilena.

Las resoluciones, que llevan la firma directa del ministro Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva, provocaron un terremoto de acusaciones cruzadas en redes sociales, reflotaron episodios oscuros de la historia política reciente y dejaron en evidencia el frágil equilibrio de la coalición gubernamental frente a un tema de alta sensibilidad pública.

El estallido: de la jurisprudencia al ataque por Colonia Dignidad

El fuego cruzado comenzó cuando el exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín (UDI), hizo pública una declaración para fijar su postura tras conocerse los decretos. Larraín relató que durante su gestión en 2018 rechazó solicitudes de rebaja a condenados por violaciones de menores y sostuvo que la irretroactividad penal no aplica para estos beneficios carcelarios, respaldándose en recientes giros jurisprudenciales de la Corte Suprema que resguardan la indemnidad infantil.

La respuesta desde el Partido Republicano no tardó y escaló de inmediato al terreno personal. El timonel republicano, Arturo Squella, reaccionó en la red social X invocando la figura del fallecido líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, condenado por masivos abusos sexuales contra menores.«Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?»

El emplazamiento de Squella apuntó directamente a la controversia histórica que persigue a Larraín desde los años noventa, cuando el exsenador gremialista defendió públicamente al enclave alemán y calificó de "montaje" los operativos de la Policía de Investigaciones destinados a capturar al pederasta germano.

"Injurioso e inaceptable": la indignación gremialista y el reclamo de Evópoli

La alusión de Squella desató la furia inmediata de la directiva de la UDI. El presidente y diputado del partido, Guillermo Ramírez, tildó los comentarios del timonel republicano como "injuriosos e inaceptables", saliendo a blindar a Larraín y recordando que fue justamente bajo el segundo mandato de Piñera cuando se legisló para retirar beneficios penitenciarios a agresores sexuales de menores.

Ramírez advirtió además sobre las consecuencias políticas de ventilación de disputas por redes sociales, remarcando que "tenemos que cuidar las formas entre nosotros, porque de otra manera debilitamos al Gobierno, debilitamos nuestra posición en el Congreso y le damos afrecho a la izquierda".

A los cuestionamientos gremialistas se sumó el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien emplazó directamente al timonel republicano a actuar con templanza institucional.«Arturo, diriges el partido del presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá... Así, no se necesita oposición»

Operación contención: disculpas cruzadas para cerrar el flanco interno

Conscientes del impacto negativo en la opinión pública y del riesgo de fractura en el Congreso, los dirigentes del sector desplegaron una rápida maniobra de contención de daños durante el fin de semana.

Squella inició las gestiones llamando por teléfono al presidente de la UDI para ofrecerle disculpas y comprometerse a rectificar sus palabras. Tras el contacto, Ramírez confirmó públicamente el gesto y dio señales de pacificación: "Agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado".

Posteriormente, el propio Squella telefoneó a Hernán Larraín para ofrecerle disculpas personales, reconocer que sus expresiones carecían de justificación y comprometerse a eliminar la publicación de X. El exministro UDI dio por cerrado el capítulo con un escueto mensaje: "He aceptado sus disculpas y ahora a trabajar por Chile".

El mutismo de Kast y el cerco sobre Rabat y Silva

A pesar del intento de los partidos por sepultar la polémica, el conflicto de fondo permanece intacto en el Palacio de La Moneda. Mientras la coalición oficialista intentaba aplacar la trifulca comunicacional, el presidente José Antonio Kast ha mantenido un hermético silencio respecto a la liberación de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

El foco de la crisis se mantiene radicado en el Ministerio de Justicia. La revelación de Interferencia sobre casos específicos —como el de Waldo Gómez Mondaca, condenado por abusar de una menor de 16 años con discapacidad intelectual, o el de Héctor Orellana Araya, sentenciado por violar a un niño de 10 años— echó por tierra el relato inicial del Gobierno, que intentaba hacer ver que el Ejecutivo actuaba atado de manos frente a mandos medios administrativos.

Ambos expedientes, tramitados en las cárceles de Casablanca y Petorca, llevaron las firmas explícitas del ministro Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva. En un intento por contener el impacto, desde la cartera trascendió la responsabilidad hacia la revisión técnica realizada por la funcionaria Trinidad Zegers, al mismo tiempo que Rabat anunció la suspensión temporal de la tramitación de nuevos decretos y el envío de un proyecto de ley con discusión inmediata.

La maniobra, sin embargo, no ha calmado los ánimos en el Congreso. Diversas bancadas de la oposición ya alistan la recolección de firmas para presentar una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat. La falta de respaldo político claro por parte de La Moneda y las contradicciones entre el discurso de "tolerancia cero" a la delincuencia y los actos administrativos rubricados por las máximas autoridades de Justicia mantienen a Rabat y Silva en una posición de extrema vulnerabilidad política.