La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, dejó de ser una controversia sobre delitos sexuales contra menores. Este jueves, Interferencia reveló que, de 150 decretos de rebaja de condena a extranjeros revisados, 115 beneficiaron a condenados por delitos de drogas, y que el Ministerio no se opuso a ninguno. Se trata de un nuevo flanco para un secretario de Estado que ya enfrentaba a la Fiscalía, a la Contraloría y a una oposición que prepara su destitución.

Del abuso sexual al narcotráfico

Al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos en la frontera norte o en rutas cercanas: ocho bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. Entre los casos figura un condenado vinculado a un cargamento de 1.091 kilos de droga. En otro, ocurrido en Pica, el Ministerio rebajó tres meses la condena mediante un decreto del 12 de mayo y fijó la salida dos días después de su firma.

Varios de los decretos se dictaron pese a informes negativos de Gendarmería, que en uno de los casos describió un "estilo de vida parasitario" y poca disposición a la reinserción. Algunos los firmó Rabat y otros el entonces subsecretario Luis Silva como ministro subrogante, como el del 1 de junio que rebajó seis meses a uno de los condenados.

Todos los decretos recurren a la llamada "doctrina Rabat": según un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, el Ministerio "no está habilitado para denegar el beneficio" por la gravedad del delito ni el bien jurídico protegido. Pero un reportaje de Ciper del 4 de noviembre identificó resoluciones de las cortes de Santiago y Valparaíso que sostienen que la cartera debía pronunciarse y conservaba facultades para reconocer o rechazar la rebaja.

Las reacciones de la oposición llegaron en cuestión de horas. El diputado Daniel Manouchehri (PS) responsabilizó al Presidente de lo que calificó como decisiones "propederastas y pronarcos" y advirtió que, si los beneficiados vuelven a delinquir, "Kast tendrá que responder ante Chile". El senador Diego Ibáñez (FA) cuestionó si "esta era la mano dura" que el Gobierno prometió.

El presidente del PPD, Raúl Soto, dijo que las rebajas no benefician solo a abusadores sexuales, sino también a narcotraficantes y miembros del crimen organizado, y que hay otros decretos que el ministro no ha transparentado. Agregó que la acusación constitucional se presentará "sí o sí" en los próximos días. El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que las rebajas a condenados por drogas también transgreden la ley, y el senador Juan Luis Castro (PS) preguntó qué más debe ocurrir para que el Presidente saque a Rabat del gabinete.

Dentro del oficialismo, el diputado Mauro González (RN) afirmó que cada vez es más difícil defender al ministro, porque las rebajas no involucran solo a violadores de menores, sino también a extranjeros y narcotraficantes. Lo calificó como un error político grave que debe tener consecuencias para la credibilidad del Gobierno y su prioridad en seguridad. Republicanos y libertarios no se refirieron a los casos de drogas, pero ese mismo día se abrieron a acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema por las rebajas.

Los frentes que se acumulan

El primero es penal: la Fiscalía confirmó que Rabat tiene calidad de imputado por presunta prevaricación administrativa, a raíz de la denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra él y Silva. La causa está a cargo del fiscal Francisco Jacir. Ser imputado no equivale a estar formalizado ni implica responsabilidad acreditada, y el ministro dijo que colaborará.

El segundo es administrativo. La Contraloría inició una fiscalización al Ministerio por las rebajas concedidas desde el 11 de marzo, mientras la oposición le pidió presionar por la entrega de los 56 decretos de delitos sexuales. Rabat respondió que no hay plazo para entregarlos porque contienen datos sensibles. El tercero es político: la acusación constitucional sigue sin fecha de ingreso, con la oposición apuntando a la falta de decretos como obstáculo, aunque algunos parlamentarios dijeron que avanzarán con la información de la prensa.

El oficialismo, en tanto, no está alineado. RN y parte de la UDI han cuestionado su continuidad, y la UDI celebró una reunión de emergencia el miércoles, pero su Comisión Política rechazó por unanimidad la acusación. 

Kast no suelta a su ministro

El martes 3, desde Roma, Kast asumió la responsabilidad política y declaró que "el ministro cuenta con mi confianza". Este jueves, desde Madrid, donde cierra su gira por Europa, fue más categórico: "Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia". Agregó que la decisión le corresponde al Presidente y no a los partidos, y acusó a la oposición de buscar réditos políticos.

También la emplazó: "Si quieren discutir de política, bueno, que presenten la acusación constitucional". La respuesta de La Moneda es legislativa: el proyecto "Nunca Más" para impedir rebajas a agresores sexuales de menores. Senadores como Castro replican que el problema no es un vacío legal.

Esa firmeza contrasta con lo que reportó Ex-Ante: que Kast preparaba un amplio cambio de gabinete que incluiría la salida de Rabat. Mientras tanto, la aprobación presidencial cae a mínimos y las encuestas muestran que una amplia mayoría quiere al ministro fuera.