Nuevos antecedentes sobre el financiamiento y las estrategias de propaganda en las campañas electorales del país han salido a la luz. De acuerdo con el reportaje publicado por el medio Ciper Chile, la organización de la sociedad civil denominada "Unidos somos más fuertes" financió la difusión de propaganda con información falsa y engañosa a favor de la opción Rechazo en el plebiscito de 2022, contando entre sus donantes directos a figuras vinculadas con el entorno del estratega digital argentino Fernando Cerimedo y con el gabinete del Gobierno.

Conforme a lo que indica la indagación de prensa, el grupo reunió cerca de $33 millones a través de donaciones registradas ante el Servicio Electoral (Servel), recursos que fueron destinados mayoritariamente a la difusión de spots en radios y distribución de volantes en la vía pública para la campaña titulada "Así no". El texto apunta que en el material divulgado se incluyeron al menos tres informaciones falsas sobre el borrador constitucional —como la supuesta quita de funciones de orden público a Carabineros, el ingreso sin autorización de manifestantes a viviendas particulares y la eliminación del bono de libre elección en Fonasa— además de contenidos engañosos sobre la migración masiva de afiliados al sistema público de salud y la desaparición de colegios particulares subvencionados.

Según el citado medio, las nóminas públicas del Servel permiten identificar entre los financistas de esta propaganda a Enrique García Arancibia, abogado chileno que aportó $4 millones a la entidad. García es reconocido como el socio en Chile de Fernando Cerimedo —el consultor trasandino recientemente detenido en Bolivia por intento de femicidio y conocido por el uso de redes de bots en campañas políticas— con quien comparte la firma Numen SpA. Asimismo, el texto señala que otro de los aportantes registrados fue Tomás Yáñez Pelay, periodista que actualmente se desempeña en el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien donó $1,08 millones a la misma agrupación.

Tal como consigna la publicación de Ciper, el rol de estas organizaciones civiles estuvo marcado por vacíos de fiscalización, ya que el Servel no exigió una rendición detallada de los gastos ni de los proveedores contratados por dichas entidades, imposibilitando conocer quién diseñó formalmente la campaña de desinformación. Sin embargo, la investigación expone que Cerimedo ya había sostenido reuniones con dirigentes de partidos de derecha y asesores del entorno de José Antonio Kast durante la época del plebiscito, adjudicándose posteriormente en entrevistas internacionales la coordinación de decenas de organizaciones civiles en Chile.

Finalmente, conforme a lo expuesto por la revelación de los hechos, las revelaciones sobre las redes de desinformación y el financiamiento político han derivado en acciones institucionales. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para revisar la eventual manipulación de la opinión pública mediante herramientas digitales en procesos electorales, mientras que la Fiscalía Centro Norte inició una causa penal para indagar posibles delitos derivados de las intervenciones de Cerimedo y sus colaboradores en el país.