155 familias sin casa de la comuna de Huechuraba y que forman parte del Movimiento Solidario Vida Digna llevan seis años presionando por acceder a una vivienda en la comuna que los vio nacer. Luego de largas mesas de trabajo y un estudio de mecánica de suelo, el año 2020 lograron que se les comprometiera un terreno propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU RM) dentro de la misma población para construir sus viviendas.
En paralelo a la lucha por obtener el terreno, las familias desarrollaron un proceso participativo de diseño habitacional junto a Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024, logrando que el Municipio de Huechuraba, encabezado por el alcalde Carlos Cuadrado Prats (PPD), accediera a inicios de 2021 a ser la Entidad Patrocinante del proyecto, resguardando con ello el diseño que habían trabajado.
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“Hemos perdido los últimos tres años en trámites que se extienden de manera absurda y que, si hubieran sido bien planificados por las autoridades, no estaríamos otro invierno pagando arriendos y viviendo de allegados”, dice Nicol Urrutia, dirigenta de la Agrupación.
Pero lo que comenzó a buen ritmo, se encuentra hoy estancado por permanentes trabas burocráticas, tanto del Municipio como del Ministerio de Vivienda, según denuncia el comité. “Hemos perdido los últimos tres años en trámites que se extienden de manera absurda y que, si hubieran sido bien planificados por las autoridades, no estaríamos otro invierno pagando arriendos y viviendo de allegados”, dice Nicol Urrutia, dirigenta de la Agrupación.
Según las actas de las reuniones de trabajo entre el SERVIU, el Municipio y el Movimiento Solidario Vida Digna, en junio de 2021 el SERVIU comprometió recursos para que el proyecto se construyera el año 2022. En ese entonces las familias contaban con el ahorro exigido y el diseño habitacional. Para ello, primero se debía fusionar y subdividir el terreno propiedad del mismo SERVIU, cuyo trámite las partes acordaron realizar simultáneamente para agilizar el proceso.
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Desde ese compromiso han pasado tres años y las familias no solo siguen pagando arriendo y viviendo de allegadas, sino que el terreno SERVIU aún no es subdividido. Peor aún, la toma surgida a fines del 2020 comenzó a expandirse hacia el terreno que tienen comprometido, dificultando aún más su desarrollo.
El terreno SERVIU aún no es subdividido. Peor aún, la toma surgida a fines del 2020 comenzó a expandirse hacia el terreno que tienen comprometido, dificultando aún más su desarrollo.
A inicios de 2022, justo antes de que terminara el segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera, el gobierno y la oposición -en ese entonces liderada en el Senado por Carlos Montes (PS), actual ministro de vivienda- alcanzaron un acuerdo para abordar la crisis habitacional, plasmado en la aprobación de la Ley 21.450 que estableció el Plan de Emergencia Habitacional, y cuyo artículo 13° dice que su implementación “deberá ser coordinada con los órganos de la Administración del Estado que intervienen en el desarrollo de proyectos habitacionales y urbanos, incluidos los municipios y gobiernos regionales, y procurará agilizar los plazos de tramitación, y la mejora en la efectividad y pertinencia de sus acciones”.
Posteriormente, en abril de 2023, se aprobó la Ley 21.558 que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos a este Plan de Emergencia Habitacional y facilitar la construcción de obras urbanas, entre ellas, los permisos asociados a subdivisiones y urbanizaciones para proyectos de viviendas sociales.
Amparado en ambos instrumentos legales, el SERVIU solicito en octubre de 2023 la subdivisión del terreno para las viviendas de estas 155 familias, haciendo uso de una carta de resguardo a través de la cual se asegura que previo a la recepción final de las obras, se cumplirá con las urbanizaciones que exige la ley, pero se encontró con el portazo de la directora de Obras Municipales de Huechuraba, Daniela Cañas, pese a ser la propia Municipalidad la Entidad Patrocinante del proyecto, y que, según declaran los vecinos, era algo que se venía trabajando desde hace años entre las partes.
Ricardo Carter, dirigente del comité, dice que “llama la atención que un Municipio de gobierno rechace una subdivisión amparada en leyes que acaban de ser aprobadas en el Congreso para abordar la crisis habitacional, solo por un sesgo contra nuestro comité por levantar la voz cuando no se cumplen los compromisos y no prestarnos para el clientelismo electoral ¿Es que acaso este tipo de sesgos pueden pasar por encima del Plan de Emergencia Habitacional? Porque si es así, solo demuestra su fracaso”.
Pero la circular también presenta demoras. “Desde hace un mes que se supone saldría la circular DDU y no pasa nada, con lo cual solo aumenta la rabia y desesperación de nuestras familias, porque hemos cumplido todo lo que se nos exige, pero aún así el Estado no nos entrega certezas”
Tras el rechazo de la subdivisión, el movimiento señala que desde el SERVIU levantaron la consulta a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda, para que esta emita una circular aclarando el uso de la carta de resguardo. Con esa circular DDU se evitaría que las familias deban esperar otro año completo solo para subdividir el terreno, de acuerdo a los plazos que les informó el SERVIU, ya que, por efecto del rechazo municipal, se requeriría licitar proyectos de urbanización antes de volver a presentar una nueva solicitud para subdividir.
Pero la circular también presenta demoras. “Desde hace un mes que se supone saldría la circular DDU y no pasa nada, con lo cual solo aumenta la rabia y desesperación de nuestras familias, porque hemos cumplido todo lo que se nos exige, pero aún así el Estado no nos entrega certezas”, dice Ricardo Carter.
Filtraciones en viviendas recién entregadas
Tras ocho años de lucha, 80 familias de la población La Bandera recibieron sus viviendas en su misma población en noviembre de 2023. Pero rápidamente la felicidad tuvo una pausa.
A medida que las familias se fueron instalando, comenzaron a notar filtraciones de aguas en sus muros, problemas eléctricos, cuentas de servicios impagas con millones de pesos adeudados, y problemas de polución, lo cual derivó en que, durante las primeras semanas 18 vecinos sufrieran enfermedades respiratorias, en pleno verano.
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Ante estos problemas, las familias denuncian los cortos plazos de la garantía de las obras. “Solo dura cuatro meses, después de eso, quedamos en el aire en una exigencia estéril sin mediación del SERVIU hacia una constructora como FVSA que solo busca ganar dinero”, dice Pablo Pizarro, dirigente de la Comunidad Organizada La Bandera.
Por si no fuera suficiente, recientemente el SERVIU informó a las familias que las escrituras de sus viviendas entregadas hace siete meses estarán recién el 2025.
Demoras en la adquisición de suelo
Desde inicios de 2021 que más de 600 familias del movimiento impulsan la lucha por un terreno en el sector norte de Santiago. En 2022, el SERVIU comenzó las negociaciones con los dueños de un terreno para la construcción de 800 viviendas sociales, y si bien el proceso ha avanzado, la mesa dirigencial del movimiento denuncia demoras en su materialización.
“Llevamos seis meses esperando que se firme la promesa de compra-venta del terreno, porque sin eso, la Entidad Patrocinante -encargada del diseño y ordenar la documentación de las familias para postular al subsidio- nos ha dicho que no podemos comenzar a trabajar”, dice Olga Rojas, parte de la mesa dirigencial del Movimiento Solidario Vida Digna.
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Para firmar la promesa de compra-venta con los dueños del terreno se requiere que la División de Política Habitacional (DPH) del MINVU apruebe una resolución de excepcionalidad, al tener el proyecto más de 600 viviendas, donde se acredite que este cumplirá con los estándares urbanos que exige la ley.
Plan de Emergencia Habitacional
En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció que en sus dos años de mandato se han entregado 122 mil viviendas, mientras otras 120 mil se encuentran actualmente en ejecución. A ellas, se sumarán otras 100 mil que serán entregadas por el próximo gobierno.
Para Simón González, dirigente del movimiento, “las cifras del Plan de Emergencia hay que verlas con más detención, porque incluyen muchos proyectos que llevan estancados más de un gobierno, como nuestros casos. Más que la cifra, el gobierno debería poner el foco en la poca capacidad del ministerio para enfrentar el problema, por ejemplo, poniendo un límite a la especulación con el precio del suelo o creando una alternativa pública a las constructoras privadas, a las que les prestan miles de millones cada año para que construyan viviendas con subsidios públicos.
Para Simón González, dirigente del movimiento, “las cifras del Plan de Emergencia hay que verlas con más detención, porque incluyen muchos proyectos que llevan estancados más de un gobierno, como nuestros casos. Más que la cifra, el gobierno debería poner el foco en la poca capacidad del ministerio para enfrentar el problema, por ejemplo, poniendo un límite a la especulación con el precio del suelo o creando una alternativa pública a las constructoras privadas, a las que les prestan miles de millones cada año para que construyan viviendas con subsidios públicos. Así, la calidad de las viviendas y las cifras del gobierno serían mucho mejores”.
El dirigente hace alusión a los Préstamos de enlace que realizan los SERVIU para dar liquidez a las constructoras. De acuerdo a cifras del SERVIU RM a las que Interferencia accedió vía Ley de Transparencia, solo en la Región Metropolitana entre 2022 y 2023, este organismo realizó préstamos por más de $716 mil millones de pesos, sin interés, a empresas constructoras para ejecutar programas con subsidios estatales, como son las llamadas viviendas sociales (DS49) y viviendas de integración social (DS19), estas últimas, que involucran deuda.
Respecto a este tema, el propio ministro de vivienda, Carlos Montes, se refirió el pasado 19 de mayo en el programa de televisión Estado Nacional. “El Ministerio de la Vivienda, en una cosa bastante rara, da al año -como préstamo- $1.200 millones de dólares a las empresas (…), además sin intereses. En un comienzo fue un anticipo para construir, y luego se transformó en un préstamo”.
“Esto que dice el ministro es justamente parte del problema de fondo, como es que la vivienda en vez de ser un derecho, sea un negocio garantizado por el Estado a través de subsidios y que además, las hace de banco a través de estos préstamos”, acusó Simón González.
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