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Jueves, 26 de noviembre de 2020
En marco de protestas

Violaciones a DDHH en A. Latina: Perú agiliza investigación a políticos mientras el Senado chileno salva a Víctor Pérez

Maximiliano Alarcón G.

La actualidad de ambos países está marcada por la responsabilidad política en violaciones a DDHH. En Perú la Fiscalía inició la investigación contra el ex presidente Manuel Merino. Pero en Chile, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, no fue acusado constitucionalmente por el Senado, sumándose así a Gonzalo Blumel a la hora de salir sin castigo político del Congreso.

Ayer lunes la fiscal de la nación de Perú, Zoraida Ávalos, inició una investigación en contra del ex presidente Manuel Merino, la que incluye además a sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por la responsabilidad de estos en el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron víctimas de disparos de la policía durante las protestas en contra de este gobierno interino que asumió luego de la destitución de Martín Vizcarra.

Durante la jornada de ayer, en Chile, las violaciones a los Derechos Humanos también marcaron la jornada política, pero con un resultado distinto, esto porque el Senado de Chile finalmente rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Víctor Pérez, por su responsabilidad en el caso del joven que fue arrojado por Carabineros desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho. Esta acción había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

En épocas donde los Derechos Humanos son materia delicada en estos países vecinos, las diferencias políticas de cada territorio no pasan desapercibidas. 

En Perú la Fiscalía realiza desde hace años una serie de investigaciones judiciales en contra de autoridades políticas de distintos sectores, incluso varios ex presidentes. Por ejemplo, la misma Zoraida Ávalos lidera parte de las indagatorias por corrupción en contra de Martín Vizcarra.

Sin embargo, el asesinato de los dos jóvenes manifestantes, junto con la presunta desaparición de otras personas, marcó dráticamente la realidad sociopolítica peruana. Por lo mismo, de inmediato esto provocó la renuncia de Manuel Merino a su interinato, siendo reemplazado ayer lunes en el cargo por el congresista Francisco Sagasti.

“En los últimos días, hemos sido testigos de lamentables hechos que han enlutado, hasta el momento, a dos familias peruanas y que mantienen en zozobra aún a otras, por el desconocimiento del paradero de sus familiares. Frente a ello, la Fiscalía de la Nación expresa su rotundo rechazo. [...] Puedo asegurarles que esas muertes no quedarán impunes”, dijo la fiscal de la nación, según declaraciones recogidas por el diario La República.

Víctor Pérez se salva

“Me permito advertir del aumento exponencial del uso de esta herramiento de contrapeso democrático durante el último tiempo, lo que daría cuenta eventualmente de una explosión de infracciones constitucionales de las actuales autoridades o de la incapacidad de asumir que el diálogo, el debate y el intercambio de ideas son la forma de resolver la forma de resolver las controversias”, dijo el senador Felipe Harboe (PPD), antes de anunciar que rechazaría la acusación constitucional contra Pérez.

Eran tres capítulos de la acusación, y con alcanzar 22 votos en cualquiera de estos la acusación era aprobada. El primer punto fue el más cercano, el cual aludía al trato preferencial que tuvo Pérez con los camioneros durante el paro nacional que realizaron. Faltaron cinco votos para aprobar este apartado, pero junto con Harboe, otros congresistas de oposición no aportaron a la iniciativa. Los demócrata cristianos Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro votaron en contra, mientras que Guido Girardi y Jorge Soria, ambos militantes del PPD, se abstuvieron. 

“Hacer responsable a un ministro del Interior de un delito cometido por carabinero implica por un lado atribuir a una autoridad política de una responsabilidad por hecho ajeno y respecto del cual no posee potestad para evitarlo. Las competencias del Ministerio del Interior están limitados todavía. Si leen la ley orgánica observarán que la autoridad que aprueba los protocolos de actuación operativa es el mando policial, para corregir esto, reforma policial”, argumentó Harboe.

Por el lado de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla argumentó: “No comparto la tesis de los acusadores. Yo fui nombrado intendente en marzo del año 2014 y el conflicto en la Araucanía se trataba de la misma manera que la tesis de los acusadores: se trataba como un problema de orden público, y la idea era tirar querellas, de la ley de seguridad interior del Estado, de control de armas, ley antiterrorista, etc. Entonces con qué moral yo hoy día podría sentar en el banquillo de los acusados a Víctor Péres, si yo [Intendente de la Araucanía en ese entonces] y el ministro del Interior de mi coalición en esa época, optamos por la misma metodología”, dijo.

De esta forma, Pérez es el segundo ministro del Interior que se salva de una acusación constitucional. El anterior fue Gonzalo Blumel (Evópoli), quien tuvo incluso mejor suerte, puesto que la iniciativa en su contra ni siquiera fue presentada por la Cámara de Diputados, pese a que durante su gestión se registraron más de 2.700 heridos y más de 300 heridos oculares, según los reportes entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

En materia penal, según un artículo publicado por Ciper Chile en septiembre pasado, la investigación judicial llevada por el Ministerio Público en contra de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social, casi no tenía avances hasta ese momento.

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SI ESTAN TODOS COLUIDOS... O CREEN QUE LA REPRESION ACTUARON SOLO LOS DE CHILE VAMOS , NO SEÑORIAS , DUERON APOYADOS POR LA OPOSICION

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