Décadas de investigación académica sobre la violencia y la delincuencia han vinculado empíricamente este fenómeno a condiciones de exclusión social, marginalidad, pobreza e inequidad. Ignorar esa evidencia constituye un negacionismo de las ciencias sociales, tan burdo y dañino como la negación de la medicina que alimenta a las sectas antivacunas y retrasa la contención del coronavirus. 

Resulta algo vergonzoso recurrir a la obviedad de esta premisa -y me disculpo por insultar la inteligencia de los lectores-, pero se hace necesario ante el discurso ramplón sobre la violencia desplegado por sectores conservadores del Gobierno y la derecha, con ocasión del segundo aniversario del estallido del 18 de octubre.  

El uso de la delincuencia como bandera electoral del conservadurismo es tan cliché como las campañas del terror, pero resulta intolerable cuando se trata de un fenómeno descontrolado y tan doloroso para los sectores más populares, cuyos barrios están sometidos al control del narcotráfico, mientras vastos contingentes de jóvenes desescolarizados son presa fácil del crimen organizado.        

El concepto de “estallido” surgió de un diagnóstico ampliamente asentado en la comunidad académica chilena acerca de la explosión de un malestar, inicialmente silencioso, que venía incubándose por décadas, después de años de un cierto sosiego derivado del acceso al crédito y a los bienes durables de consumo.  Junto al malestar, también se expandió la anomia y la delincuencia.

Remecido por la revuelta, el establishement económico y político se declaró sorprendido; repentinamente se condolió de los pobres, de los endeudados, los pensionados y los vulnerables. Dijo haber entendido el mensaje, el mismo que no supo decodificar en 30 años, y se puso de acuerdo para impulsar una “agenda social robusta”, un proceso constituyente, alguna respuesta a las brutales violaciones a los derechos humanos acontecidos desde octubre  y una reforma a Carabineros que evitara repetir la violencia institucional y contener la delincuencia.  

Cuando el silencio se rompió, la sordera de la elite era de tal gravedad que el radar del poder no advirtió lo que había detrás del pingüinazo del 2006, las multitudinarias marchas estudiantiles del 2011, el movimiento No+AFP de 2012, la ola feminista de 2018, las movilizaciones locales en zonas de sacrificio, entre otras expresiones contundentes de malestar.

Entonces vino la explosión de hace dos años. Remecido por la revuelta, el establishement económico y político se declaró sorprendido; repentinamente se condolió de los pobres, de los endeudados, los pensionados y los vulnerables. Dijo haber entendido el mensaje, el mismo que no supo decodificar en 30 años, y se puso de acuerdo para impulsar una “agenda social robusta”, un proceso constituyente, alguna respuesta a las brutales violaciones a los derechos humanos acontecidos desde octubre  y una reforma a Carabineros que evitara repetir la violencia institucional y contener la delincuencia.  

Veamos un balance de estos tres acuerdos: 

Sobre la “agenda social robusta”, todavía no se aprueba una reforma al sistema previsional, tampoco se cumple el compromiso de eliminar exenciones tributarias abusivas y la pandemia revivió las ollas comunes de los peores años de dictadura. Transcurrió un año de cuarentenas y absurdos forcejeos para elevar las ayudas sociales, que se iniciaron con un bono de 65 mil pesos y una caja de alimentos. Después de vaciar los ahorros previsionales de los trabajadores, la derecha entendió que los ingresos debían llegar al menos a la línea de la pobreza. Para entonces, ya era tarde. El daño económico se hizo irreversible y la inflación campea, empobreciendo aún más a las chilenas y los chilenos, con excepción de las grandes fortunas familiares y algunas industrias privilegiadas como el retail y la banca. 

Sobre la Convención Constitucional, ha tomado un curso exitoso y pese a las campañas de sus detractores, los estudios rigurosos, como el monitoreo de Ipsos-Espacio Público, identifican la esperanza y la alegría como las emociones predominantes que este proceso genera en las personas. Aún así, la bancada de convencionales del rechazo dedicó sus discursos sobre los anhelos para la nueva Constitución a proclamar el fracaso de la nueva carta fundamental. 

En cuanto a las violaciones a los DDHH y el actuar policial, los procesos por violencia de estado con sentencias dictadas llegan apenas al 0,03% del total de las causas iniciadas por el INDH, mientras algunos de los imputados por delitos durante la revuelta cumplen dos años en prisión preventiva y al menos diez resultaron absueltos después de meses de cárcel. En cuanto a Carabineros, no se oye nada de reforma, menos de refundación y, en cambio, la corrupción institucional ya se ha transformado en hábito. Dos ex directores de la policía uniformada y el ex mandamás de la PDI fueron formalizados por robarse sus gastos reservados. O sea, usaron para su goce personal los recursos que permiten desarrollar inteligencia para combatir el crimen.  

Adicionalmente, el Presidente Piñera está imputado por presunto cohecho y se supo que el candidato presidencial de la derecha retiró el mismo 10% de ahorro previsional que quiso negarle a los trabajadores; además de haber recibido financiamiento ilegal de las empresas pesqueras para su campaña parlamentaria de hace diez años. 

Esa elite, la de los mismos de siempre, vuelve a confiar en la campaña del terror para reinstalarse y frenar las transformaciones, como si la historia pudiera volver atrás… como si el pueblo cansado del desorden pudiese sentir nostalgia por el viejo orden y pidiera el retorno de sus carceleros.

Ni siquiera la violencia simbólica contra los trabajadores cesó durante los últimos dos años. El ministro de economía Lucas Palacio dijo que los profesores no querían trabajar y  los líderes de gremios de construcción y agricultura se quejaron de tener que subir sueldos porque los beneficiarios de bonos prefieren el ocio. 

La tecnocracia económica le endosó la inflación al sobreconsumo de los pobres, ignorando el efecto de la inédita distribución de dividendos en las grandes compañías, el impacto del calentamiento económico en el mundo y el desabastecimiento internacional. 

A pesar de este oscuro cuadro de precariedad, corrupción, maltrato e impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos, una parte de la élite creía superado el estallido social. Después de un día de protestas masivas, sobrevino una noche de violencia oportunista. Pero esta vez no están estupefactos ni sufren remordimientos compasivos,  sino que se frotan las manos pensando que la aguda anomia que sufre Chile, las crudas imágenes de pillaje y desmanes darán vuelta la carrera presidencial. 

Esa elite, la de los mismos de siempre, vuelve a confiar en la campaña del terror para reinstalarse y frenar las transformaciones, como si la historia pudiera volver atrás… como si el pueblo cansado del desorden pudiese sentir nostalgia por el viejo orden y pidiera el retorno de sus carceleros.