Junto con presentar a sus candidatos al Consejo Constitucional que participará en redacción de la nueva Carta Fundamental, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, tildó de "artificial” la contradicción entre el principio de subsidiariedad y el acuerdo de establecer un Estado Social de Derecho.

Aunque no es la primera vez que se intenta torcer el significado de los conceptos que definen el rol del Estado en la provisión de derechos sociales y en el desarrollo económico, vale la pena analizar el error conceptual que propaga la UDI, dado el contexto de notorio endurecimiento de la elite conservadora frente a las reformas sociales que impulsa el Gobierno y a la crisis del sistema de salud privada.

Justo en vísperas de iniciarse el nuevo proceso constituyente, y a pesar de las señales auspiciosas para el repunte económico, las rigideces ideológicas de la oposición renovaron energías esta semana.

Justo en vísperas de iniciarse el nuevo proceso constituyente, y a pesar de las señales auspiciosas para el repunte económico, las rigideces ideológicas de la oposición renovaron energías esta semana. La derecha desahució por enésima vez las reformas previsional y tributaria del gobierno, porque "no pueden ser más malas", según dijo el jefe de la bancada de diputados, Guillermo Ramírez. Incluso más, presentarán su propio proyecto de reforma previsional, desafiando una facultad constitucional privativa del Ejecutivo.

Además, algunos parlamentarios de oposición insisten en salvar a las isapres de su actual crisis a costa de los cotizantes, permitiéndoles que eleven el costo base de los planes de salud para financiar la devolución de cobros excesivos por transgredir la tabla de factores de riesgo, como lo ordenó la Corte Suprema.

Por su parte, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, exigió “condiciones habilitantes” para invertir, al responder al llamado a realizado por el gobierno para no desaprovechar las expectativas que abre el sorpresivo aumento de un 0,4% de la actividad económica a inicios del 2023. ¿Qué condiciones? “Que se avance por el camino correcto en materia tributaria, pensiones y laboral”. ¿Cuál sería el “camino correcto”? No lo dijo, pero lo sabemos: el principio de subsidiariedad que la derecha desea mantener en la nueva Constitución, pese a que el acuerdo de un Estado Social de Derecho es el exacto opuesto.

La subsidiariedad es la base del llamado bloque de normas que constituyen el orden público económico de la actual Constitución, concebido a partir del mandato entregado por la junta militar para constreñir las potestades del Estado “solo a aquellas funciones que las sociedades intermedias o los particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente”.  A estas alturas, ¿habría que juzgar qué tan “adecuadamente” lo han hecho las isapres y las AFP´s?

El principio subsidiario tiene origen en la encíclica “QuadragesimoAnno”, de 1931 dictada por el Papa Pio XI, uno de los más conservadores del siglo XX, apuntado por su condescendencia con el líder fascista Benito Mussolini y firme partidario del bando franquista de la guerra civil española. Según esta, el Estado debe abstenerse de intervenir cuando la existencia de grupos intermedios o asociaciones más pequeñas pueden hacerlo por sí mismo en sus respectivos ámbitos. Se trata de un principio claramente hermanado al corporativismo, por su valoración del rol de los gremios y de la iglesia católica, exponentes tradicionales de los llamados “grupos intermedios”.

El artículo 19 número 21 de la Constitución dice que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. “Esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”. 

En la sentencia 1185 del Tribunal Constitucional dictada en 2008 -tres años después de las reformas constitucionales firmadas por Ricardo Lagos- se establece que este principio “tiene fuerza obligatoria e impregna toda la Constitución” y es lo que ha guiado varias resoluciones controvertidas del órgano constitucional como la que impidió la titularidad sindical, la que permitió que las universidades controladas por socios con fines de lucro pudieran integrarse a la gratuidad, la que consagró la objeción de conciencia institucional contra el aborto y la que privó al Sernac de atribuciones disuasivas.     

La igualdad social a la que aspira un Estado Social de Derecho carece de todo valor en el principio de subsidiariedad, según lo indica el propio ideólogo de la Constitución vigente, Jaime Guzmán, en las actas de la comisión redactora de la Carta del ‘80. Luego de referirse a las necesidades mínimas para vivir con dignidad, Guzmán dice que “desafortunadamente y a partir de ese mínimo, se produce una desigualdad que cobra especial connotación en los campos económico, social y cultural", siendo "dicha desigualdad es inherente a la condición humana y se aprecia tanto en las sociedades occidentales como en los países socialistas”.

Satanizar la solidaridad y la participación del Estado en la administración de la seguridad social es un epítome del principio de subsidiariedad.

Insistir en la subsidiariedad instala un nuevo factor de fragilidad en el segundo intento de un proceso constituyente. Las doce bases constitucionales acordadas para reducir incertidumbre en la deliberación incluyen la definición de nuestro Estado como uno Social y Democrático de Derecho. Es cierto que menciona al sector privado en la protección social al indicar que el Estado “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través de instituciones públicas y privadas”. Pero igualar la participación pública y privadas al principio de subsidiariedad es deshonestidad intelectual.

Negar la contradicción entre un estado social y democrático de derecho y un estado subsidiario es la ruta más expedita para rehusarse a una reforma tributaria que mejore la distribución de la riqueza y financie más y mejores derechos sociales, como las pensiones y la salud. Satanizar la solidaridad y la participación del Estado en la administración de la seguridad social es un epítome del principio de subsidiariedad.