Nuevamente se encendieron las alertas respecto de lo que pasa con la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), esta vez luego de que INTERFERENCIA diese a conocer que el  jefe de la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Macrozona sur, teniente coronel Christian Beltrán, fue removido de sus funciones por sospechas de la contrainteligencia policial de haber recibido pagos relacionados con el robo de madera.

Desde La Moneda -en el marco de la reunión habitual de seguridad de los jueves- el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió en extenso a la situación.

Por una parte, confirmó que la remoción tuvo que ver con el trabajo de la Unidad de Asuntos Internos -contrainteligencia- que él mismo viene promoviendo al menos desde abril, pero insistió en que se trata de un procedimiento de carácter administrativo

Por una parte, confirmó que la remoción tuvo que ver con el trabajo de la Unidad de Asuntos Internos -contrainteligencia- que él mismo viene promoviendo al menos desde abril, pero insistió en que se trata de un procedimiento de carácter administrativo, el que -de momento- no reviste sospechas de delitos.

"No hay antecedentes que den cuenta de la comisión de un delito, hay un proceso administrativo. La institución no ha hecho ninguna denuncia al Ministerio Público", afirmó el alto oficial, en relación a información de INTERFERENCIA que sostiene que existe la denuncia en la Fiscalía Regional de Bío Bío, y que incluso se habría pedido ya levantar el secreto bancario para acceder a las cuentas del teniente coronel. (Revise acá el artículo de este medio al respecto).

Según Yáñez, el traslado de Beltrán -el más alto oficial de inteligencia en la Araucanía- a la 38° Comisaría de Puente Alto, fue algo que se hizo a petición de la propia Dipolcar, ante los antecedentes de contrainteligencia provistos, contradiciendo así la versión del reportaje en el que se asegura que la remoción de Beltrán fue informada al general Luigi Lopestri -director de la Dipolcar- cuando esta ya se había consumado.

“Cuenta con toda mi confianza”, afirmó Yáñez respecto de Lopestri, habiendo destacado su importancia en la provisión de información y análisis no solo a su alto mando, sino que también a la autoridad civil.

Respecto a lo llamativo que resulta que Beltrán haya sido removido de sus funciones y trasladado a Puente Alto por un asunto “netamente administrativo”, tal como la calificó Yáñez, el general director afirmó que este es “uno de tantos asuntos de probidad administrativa; pierde su condición de mando de estar a cargo de una unidad cuando hay cuestionamientos de tipo administrativo”, indicó, para luego agregar que “lo que informa INTERFERENCIA no tiene relación con la realidad", dando a entender que la remoción no tendría que ver con las acusaciones de pagos por robos de madera. 

En tal sentido, Yáñez conminó a esta redacción a entregar los antecedentes al Ministerio Público, que es -para él- lo que corresponde.

Respecto de ese asunto “administrativo”, pero que es suficiente para apartarlo de sus labores policiales en la zona más candente desde la perspectiva de la seguridad pública, Yáñez no se refirió dado que hay un sumario en curso y debe darse el debido proceso.

Por su parte, la ministra del Interior, Izkia Siches también destacó la labor de contrainteligencia -no solo en Carabineros, sino que también en instituciones como el Servicio de Impuestos Internos o el Ministerio Público-, como elemento de fondo detrás de este episodio, y aseguró que pidió los antecedentes “pormenorizados” al general Yáñez.

Cabe recordar que, como telón de fondo, INTERFERENCIA ya había advertido que el general Luigi Lopestri ha tratado sigilosamente de socavar el gobierno de Gabriel Boric, y que, en respuesta a ello, fuentes policiales y gubernamentales interpretan este episodio actual como una declaración de autoridad por parte de Yáñez, quien nunca ha visto con buenos ojos a la Dipolcar comandada por Lopresti. (Revise acá el artículo de este medio sobre la gestión de Lopresti).

Reacciones

Conmoción causaron las revelaciones de esta redacción en otros círculos.

El diputado Miguel Mellado (RN), afirmó a CNN que las acusaciones son “extremadamente graves”, y dijo estar en conocimiento de la existencia de un sumario y que “la Fiscalía también está viendo estos temas”.

En el Congreso, por ejemplo, la diputada mapuche Erika Ñanco (RD) informó que ofició al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para recabar los antecedentes, y aseguró que tiene entendido que existe un sumario interno y una denuncia ante los fiscales. Todos estos elementos, según dijo, irán a parar a la Comisión Investigadora de la Cámara.

“Necesitamos todos los antecedentes necesarios para tirar de todos los hilos para encontrar a los reales responsables, los intereses económicos particulares que están detrás de todo esto”, afirmó en un video subido a sus redes sociales.

En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN), afirmó a CNN que las acusaciones son “extremadamente graves”, y dijo estar en conocimiento de la existencia de un sumario y que “la Fiscalía también está viendo estos temas”.

“Nosotros en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora de Robo de Madera, también será una de las aristas de este tema. ¿Por qué? Porque hay que llegar hasta el fondo”, dijo.

Similar fue el anuncio de la diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien a través de su cuenta de Twitter dio cuenta de su “preocupación ante un hecho que de confirmarse es de extrema gravedad”. Acevedo aseguró que oficiará para obtener respuestas “claras” ante lo informado por INTERFERENCIA.

Incluso APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, una agrupación ligada a la extrema derecha) reaccionó ante lo revelado, apuntando en un tweet que “si estas denuncias son efectivas debe salir de inmediato de esta noble institución de Carabineros de Chile. En Carabineros no hay cabida para personas que van por fuera de la Ley”. Posteriormente, APRA borró el mensaje, tildando lo informado por esta reacción como fake news luego de las declaraciones de Yáñez.