Las escuchas telefónicas indagadas por la PDI pusieron al presidente Gabriel Boric como protagonista por un posible financiamiento a su campaña con platas de la fundación. A esto se suma que Alberto Larraín tuvo una llegada fallida al Gobierno e incrementó en 10 veces los convenios que su fundación obtuvo con la actual administración. 

Este lunes se cumplen 1.000 días con Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. La medida se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el gobierno. En paralelo, las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, totalizando en esa zona 716 días a la fecha bajo el sistema de "infraestructura crítica".

De las 27 acusaciones constitucionales presentadas desde 1991, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se interpusieron nueve en contra autoridades gubernamentales en un lapso de cuatro años. La administración de Gabriel Boric ya ha enfrentado cinco en menos de dos años de gestión.

Luego de decretarse el 17 de mayo de 2022 el primer estado de excepción 'acotado', la medida ha sido prorrogada hasta totalizar 500 días con las Fuerzas Armadas en labores de colaboración del orden público. ¿Estado de excepción?

La medida alcanzó su prórroga número 29 en el Congreso y alcanza los 450 días con las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur de Chile (y más de 100 días con el Ejército en el norte del país). A raíz de los últimos hechos reportados en Traiguén, Republicanos junto con la UDI han solicitado considerar la aplicacíón del estado de sitio. Mientras, el Gobierno anunció la instalación de una base militar. 

A 366 días del primer decreto que impulsó la ex ministra Izkia Siches, el Congreso ha prorrogado 22 veces el estado de excepción de emergencia en dos regiones del sur. Este miércoles se votará una nueva prórroga del estado de excepción acotado y también el despliegue de las Fuerzas Armadas en tres regiones del norte del país. 

En sus dos mandatos Sebastián Piñera totaliza 10 acusaciones en contra de sus ministros y dos en contra de él mismo en el cargo de Presidente de la República. En los 10 meses que lleva la administración de Gabriel Boric, ya suma tres acusaciones constitucionales en contra secretarios de Estado. Desde el retorno a la democracia, solo tres acusaciones constitucionales han prosperado. 

Tras la dura derrota en el plebiscito, La Moneda se apresta a un enroque ministerial que incluirá a figuras ligadas al mundo laguista e incluso la DC.

Es la primera vez que detienen al vocero de la CAM desde 2017 -durante el gobierno de Michelle Bachelet y con Mahmud Aleuy en la subsecretaría del Interior- cuando fue procesado en el marco de la denominada “Operación Huracán”, cuando Carabineros falsificó pruebas para inculpar a líderes mapuche.

El Gobierno -en tanto- informó que solicitó los antecedentes al general director Ricardo Yáñez y destacó la importancia de las acciones de contrainteligencia. Desde distintos sectores del Congreso anunciaron medidas de fiscalización.

En conversación con INTERFERENCIA en un predio en Coi Coi, en la Araucanía profunda, el vocero de la CAM habla sobre las posibilidades de diálogo con las autoridades y de por qué su grupo se siente ajeno al actual proceso constituyente.

Durante la semana pasada se cayó la alternativa de sustituir los estados de excepción con una reforma constitucional para el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, lo que obligó al Gobierno a buscar una nueva prórroga del decreto que militariza las rutas en Wallmapu, pero sin que haya claridad de que tenga los votos en el Congreso en la semana que viene.  

El Presidente Gabriel Boric dijo que si gana el Rechazo, de todos modos habrá que cambiar la Constitución de 1980, con el mismo método con que se está intentando hacerlo ahora: una Convención electa democráticamente. La movida descolocó a moros y cristianos. Para algunos da viabilidad al Rechazo, para otros revela que quienes sostienen dicha opción no están de acuerdo con qué hacer después y que seguramente así seguiría viva la Constitución de Pinochet.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados citará a declarar al general Luigi Lopresti, y conforme esas indagatorias se evaluará llamar una Comisión Investigadora. La acción se suma a lo que investigará el Ministerio Público, Carabineros y el Ministerio del Interior. 

En medio del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, la forestal de la familia Matte y el empresario del PPD han dado conjuntamente trabajo a varios mapuche de la Provincia de Arauco. Estos -incluidos algunos que pasaron por grupos radicales de reivindicación de tierras- son vistos como traidores. La CAM negó haber participado en la emboscada.

La declaración de la ministra de Desarrollo Social y Famila, Jeanette Vega, respecto de que el Gobierno se querellaría contra Héctor Llaitul generó una polémica con el Ministerio Público y una ola de incertidumbre através de variadas reacciones en La Moneda. 

Con la incorporación de la ex ministra de la Conama y ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet -quien estuvo mencionada en el caso Caval-, ya son dos los ex ministros socialistas de la ex Presidenta que fungen como jefes de gabinete en los más altos cargos de Interior del actual Gobierno: Ana Lya Uriarte, con Siches, y Gabriel de la Fuente -ex Segpres- quien trabaja con el subsecretario Manuel Monsalve.

Jorge Parga, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, además tiene un hermano que posee acciones –menores al 1%– en una empresa forestal de la familia Matte. Comentan la nominación a Interferencia los familiares de los fallecidos Yordan Llempi y Manuel Rebolledo.

La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la aplicación del estado de emergencia en zonas de la Provincia de Arauco y la Región de La Araucanía, descartando idea de crear un “estado intermedio”. Desde el pueblo mapuche fueron Pascual Pichun, Ana Llao, Pedro Cayuqueo y Salvador Millaleo, algunos de los que criticaron la medida.

Juan Hernández fue director de Dipreca desde diciembre del 2018 hasta el pasado jueves, cuando presentó su renuncia. En abril, Interferencia dio a conocer las amenazas que el alto funcionario habría realizado en contra de una dirigenta sindical de la entidad y la compra de un software contable por $570 millones de pesos que nunca pudo aplicarse en la institución, por no ser compatible con el sistema que maneja el servicio.

El abogado y académico fue una pieza clave en la confección del plan de La Moneda para avanzar en una solución del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. En el presente se ha visto una fuerte presencia de gestos en materia de seguridad pública, por sobre los intentos de “diálogo” que impulsaba el representante mapuche que acaba de desertar al Ejecutivo.

Fue autoridad del Ejecutivo en los tiempos de la Operación Huracán, en la cual se encarceló al dirigente de la CAM, Héctor Llaitul. Pero su pasado incluso está abriendo la incertidumbre con sectores más institucionales, como la Municipalidad de Tirúa, liderada por Identidad Territorial Lafkenche.

Tras una reunión de seis horas en La Moneda con todos los ministros y presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, el presidente Boric anunció que, a 46 días de iniciada su administración, “se acabó el período de instalación”. Y en un intento por reforzar a la debilitada ministra Izkia Siches, afirmó que ella será la encargada de “llevar adelante las relaciones entre los ministerios”.

Después de dos nombramientos fallidos, el subsecretario del Interior suma poder en el Bío Bío al poner a uno de sus más cercanos colaboradores dentro del Partido Socialista a cargo de la Provincia de Arauco. Toro fue gobernador de la misma provincia durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y presentó querellas por Ley Antiterrorista y de Seguridad del Estado por atentados en la zona en 2016.

Interferencia accedió a un borrador del plan Wallmapu del actual gobierno, confeccionado en febrero, el que da cuenta de un giro al enfatizar el carácter político de las históricas disputas por lo que se decidió radicarlo en la cartera de Interior. El texto plantea la “denuncia y persecución en contra de quienes propugnan el odio en Wallmapu”, en referencia a algunos miembros de la multigremial, y marginar de los diálogos a los grupos mapuche más radicalizados.

Rodrigo Huenchullan, vocero de la histórica comunidad, indica que después de los anuncios realizados por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien no incluyó a las forestales en al ecuación del conflicto, "claramente se están protegiendo los intereses de las grandes empresas que están insertas en el territorio mapuche”.

Las presidentas de las dos asociaciones de funcionarios de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile afirman que el amedrentamiento de funcionarios y dirigentas sindicales por parte del director, el ex PDI Juan Hernández Rivera, es permanente. El punto de inflexión fue cuando el director amenazó con que "amigos" de él irían a "visitar" la casa de una de ellas. Esto, en el contexto de la contratación de uno de sus asesores; un ex agente de la DINA y de la CNI.

Javier Ponce (ind.) presentó problemas de salud poco después de asumir, por lo que informó su intención de dejar el cargo. Ante la indecisión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), para encontrar un sucesor, todas las tareas han recaído en la cuestionada delegada de la Región del Bío Bío, Daniela Dresdner (RD), quien dijo que "en este momento no tenemos manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona". 

Pese a entregar mensajes hacia la izquierda y en favor de la memoria histórica en las vísperas de esta jornada, lo cierto es que el Gobierno acumula señales que hacen pensar en una distante -si no inexistente- refundación de la institución policial.

La defensora de presos políticos mapuche apunta que para las comunidades indígenas la institucionalidad chilena en su conjunto es una sola, por lo tanto el esfuerzo político de Boric y Siches podría ser insuficiente para alcanzar el objetivo planteado por La Moneda. Asimismo, confía en que quienes “siguen con el discurso de Mahmud Aleuy puedan abrir sus mentes”, aludiendo al subsecretario Monsalve.