La televigilancia ha cobrado cada día más importancia para el mundo, en parte impulsada por la pandemia, que exige al mundo privado y público monitorear lugares que antes eran concurridos y hoy tienen poca viligancia presencial, ver el cumplimiento de cuarentenas, como también la medición de temperaturas con cámaras térmicas. 

En Chile, el gobierno le ha dado prioridad a la televigilancia, especialmente después del estallido social. Un ejemplo de esto fue el proyecto de smart city impulsado por la Intendencia Metropolitana, que coordinaría cientos de cámaras y drones, de municipios y entes privados, con una central de monitoreo en el subterráneo de la intendencia.

En esta misma línea, en enero de este año se dio a conocer que la Subsecretaría de Prevención del Delito, a cargo de la subsecretaria Katherine Martorell (Renovación Nacional), abrió una licitación por un sistema de televigilancia de mil cámaras a nivel nacional. En la Resolución Nº16 de la subsecretaría , se da cuenta de la necesidad de contar “con un sistema de teleprotección, en los sectores más vulnerables y con mayor tasa de delitos de alta connotación social”, con el fin de “prevenir el delito, controlar incivilidades, apoyar en situaciones de emergencia y aportar en la persecución penal, entre otros”, según el documento. En el mismo texto se señala que las cámaras debían tener reconocimiento facial, ser multidireccionales y obtener análisis perimetral de las zonas que graba. La licitación tenía un monto de 14 mil millones de pesos, más de 18 millones de dólares.

La licitación fue adjudicada el 1 de abril de este año a la empresa Ingesmart S.A., que según consta en Mercado Público, tiene como socios a Inversiones Dinamos Limitada y a José Antonio Dinamarca Ossa. La primera sociedad, según datos del Diario Oficial, es propiedad de la familia Dinamarca Ossa. 

Todo parecía desarrollarse sin contratiempos en la licitación, sin embargo, un tema comenzó a llamar fuertemente la atención de proveedores y conocedores del mundo de la televigilancia: Ingesmart ganó este concurso público ofreciendo cámaras de la marca Hikvision, de origen chino, sin considerar que esta firma fue sancionada por Estados Unidos por vulnerabilidad en sus sistemas, por presunto espionaje del gobierno Chino y por colaborar en la vulneración de derechos humanos en ese país. No sólo fue sancionada, sino que también sus cámaras fueron retiradas de lugares estratégicos y recintos públicos, como hospitales y gobernaciones, y por ley Estados Unidos prohibirá a instituciones públicas hacer negocios con esta empresa.

Fue tal el revuelo, que finalmente Hikvision fue retirada del estándar internacional de televigilancia y cámaras de seguridad,- junto con la firma china Dahua-, lo que quiere decir que estas cámaras dejarán de ser compatibles con software usados a nivel internacional por el resto de las empresas líderes en el rubro.

El tema ha sido un importante conflicto para Estados Unidos, país que ha impulsado todo un boicot a esta firma y a otras como Huawei,dentro de lo que se conoce como "la guerra comercial" entre ambos países. Por otra parte, para fuentes consultadas por INTERFERENCIA que conocen el rubro, este contrato puede exponer la información de millones de chilenos. 

En respuesta a nuestro medio, la subsecretaría señaló haber estado informada sobre la situación de Hikvision, las acusaciones de vulnerabilidad en su seguridad y su relación con Estados Unidos, al momento de realizar la licitación.

“Los cuestionamientos a todas las marcas chinas, lo que incluye a Hikvision, de parte primero de actores norteamericanos y luego de sus aliados, son de larga data. No obstante, Hikvision mantenía sus acuerdos de uso de estándares y venta recíproca de sus licencias entre productos como cámaras y servidores de video cuando la Contraloría tomó razón de las bases de la licitación 654478-1-LR20 “SISTEMA DE TELEVIGILANCIA”, el 15 de enero de 2020, y cuando ésta se adjudicó, el 1° de abril de 2020”, indican desde la Prevención del Delito.

Sin embargo, para diversos proveedores consultados, esto no responde a la posible vulnerabilidad del sistema.

“En palabras simples, estas cámaras pueden ser hackeables, ya que la cámara se comunica a través de una señal wi fi al sistema de monitoreo. Por otra parte, nadie sabe si realmente China tiene acceso o no a estos sistemas”, señala una fuente que pidió mantener en secreto su identidad.

Hikvision no es cualquier empresa en el mundo de las cámaras y la televigilancia. Se cree que controla el 30% del negocio de televigilancia a nivel mundial. Ofrece cámaras de alta gama y más baratas que la competencia, lo que le ha permitido crecer rápidamente. A su vez, no es una empresa netamente privada: el ejército chino controla parte de la propiedad de la empresa. 

“El accionista controlador de Hikvision, por ejemplo, es un conglomerado militar propiedad del gobierno chino y ambas compañías tienen sucursales internas del Partido Comunista (de dicho país), por lo que estas no son compañías privadas e independientes”, explicó Danielle Cave, subdirectora del Centro Internacional de Política Cibernética del Instituto de Política Estratégica de Australia, cuando en marzo su país decidió retirar todas las cámaras Hikvision de los recintos de salud del país. 

La decisión que tomó Australia se concretó tras identificar problemas de seguridad en los sistemas de cámaras Hikvision. “El bienestar, la seguridad y la privacidad de los australianos vulnerables son nuestras principales prioridades y el gobierno nunca lo pondría en riesgo”, afirmó el ministro de salud de ese país en esa oportunidad.

En Estados Unidos, desde 2018 Hikvision y Dahua, ambas firmas chinas, han sido cuestionadas y en 2019 se había anunciado que, por “problemas de seguridad”, ya no se usarían en edificios públicos ni universidades en ese país. Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha dado pruebas concretas de que este presunto espionaje se realice por parte de Hikvision, ya comenzó a implementar la prohibición, que se hizo efectiva en agosto de este año.

Por otro lado, Hikvision ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y civiles a nivel internacional, ya que su sistema de reconocimiento facial incluía el reconocimiento de uigures, etnia del noroeste de China, de la zona de Sinkiang, tradicionalmente de religión musulmana. Tras conocerse este sistema de identificación, Hikvision retiró de su sistema la capacidad de reconocimiento facial de esta etnia. Hikvision ha sido acusada de proporcionar imágenes y seguimiento, a través de sus cámaras, de la comunidad de uigures de ese país.

Por otra parte, el resultado de esta licitación deja dudas sobre la capacidad que a futuro podrán tener estas mil nuevas cámaras en ser compatibles con otros sistemas que no sean de Hikvision. Las empresas de televigilancia, incluyendo Hikvision, son parte de un estándar que comparten estas empresas a través de la organización ONVIF, es decir, hablan un lenguaje común en sus sistemas operativos. La ONVIF permite incluso que una cámara pueda ser “leída” por un software de otra empresa y pueda trabajar en conjunto con cámaras de otras marcas. Sin embargo, en octubre del año pasado, Hikvision fue retirada como miembro de la organización, lo que en palabras simples quiere decir que sus cámaras ya no serán compatibles con la televigilancia de otras empresas.

Consultados por este tema, la Subsecretaría de Prevención del Delito respondió a INTERFERENCIA que la empresa que iba a trabajar junto a Ingesmart por parte del software que “leería” las cámaras Hikvision era la empresa Genetec. Sin embargo, debido a que Hikvision fue retirado del estandar internacional de ONVIF, Genectec no pudo participar en la aplicación del sistema de seguridad y por ello, Ingesmart tuvo que hacerse cargo de ello, sin costos para la subsecretaría.

“Ante la negativa de la empresa Genetec de proveer las licencias para uso de las cámaras Hikvision en sus servidores, la empresa adjudicada–Ingesmart- propuso a la SPD a su entero costo como solución el cambio de los servidores Genetec antiguos y la integración de las nuevas cámaras y las existentes en servidores nuevos que sean compatibles con los sistemas existentes en cada municipio y la solución con cámaras Hikvisión ofertada, para lo cual la SPD consultará a la Contraloría”, señalan.

Lo más probable, según expertos, es que Hikvision haya dispuesto de sus propios softwares al sistema de televigilancia. Sin embargo, el problema podría venir a futuro: esto limitaría a todo este sistema de vigilancia a que, en caso de actualizarse, solo pueda hacerlo con productos Hikvision, ya que las cámaras no serían compatibles con ninguna otra marca. De ser este el caso, Hikvision eventualmente tendría el monopolio de los softwares y las cámaras licitadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Otros cuestionamientos

Una de las empresas que compitió en la licitación junto a Ingesmart es Sonda, del empresario Andrés Navarro. Sonda puso en la mesa una oferta más económica en esta licitación, pero finalmente, fue adjudicada a Ingesmart. 

Según explica la periodista Claudia Molina, Sonda presentó un reclamo ante esta decisión el 14 de abril a la subsecretaria Martorell. La empresa cuestionaba, por una parte, la experiencia de Ingesmart en el rubro, así como la evaluación técnica que se le hizo a su oferta. Sin embargo, Sonda no insistió en estos puntos. 

De todas formas, en la oferta de Sonda se puede observar que también las cámaras que ofrecía eran de la firma Hikvision.

“Todos los oferentes propusieron soluciones que incluían cámaras y/o componentes de la marca Hikvisión”, afirma a INTERFERENCIA la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La subsecretaría, según indicó a INTERFERENCIA, evaluó las ofertas por zona del país, -norte grande, norte chico, Valparaíso, Metropolitana, centro sur, sur y austral-, y fue Ingestmart la que habría presentado en su conjunto una respuesta más conveniente para la institución, la que finalmente tuvo un costo de 13.834 millones de pesos (482.365 UF).

“Es importante considerar que esta es una licitación extremadamente compleja, dadas las diferentes condiciones geográficas, de distancias, conectividad y de comunicaciones de las 16 regiones del país donde se instalarán  las cámaras”, consignó la subsecretaría.

La subsecretaría actualmente está siendo investigada por una licitación de cámaras corporales de Carabineros, después que una de las empresas participantes acusara que Motorola, la firma que ganó el concurso, no cumpliera con los requisitos básicos de la licitación. Esto implicó que la semana pasada se allanaran oficinas de subsecretaría, según informó La Tercera, y que incluso Martorell tuviese que entregar su celular a la fiscalía.