Katherine Martorell

En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.

A raíz de un artículo de Interferencia titulado 'Fiscalía pide mensajes de Hermosilla a la PDI que pudieron favorecer a Katherine Martorell y abre nueva arista en el caso audio', Martorell publicó en sus redes sociales una declaración pública al respecto.

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.

El magistrado a cargo aludió al ex defensor de Martorell, Luis Hermosilla, quien es investigado en el caso Audios. “Lamentablemente, también, el abogado anterior (Luis Hermosilla) de la señora Martorell, escuchamos todos unas declaraciones, donde decía que las cosas se arreglan con plata”, apuntando a que la investigación lleva más de tres años tramitándose.

Tras recibir la nueva propuesta constitucional, el presidente Boric firmó el decreto que habilita el próximo plebiscito para aprobar o rechazar el texto del Consejo. Aquí tres figuras oficialistas y tres opositoras entregan sus argumentos.

El pasado viernes Interferencia reveló que Carabineros pagó por el soporte de 300 cámaras corporales compradas en el gobierno de Piñera "fuera del marco legal y reglamentario”. La entidad explica que esto se realizó "por aspectos de costos y cumplimiento de expectativas institucionales".

El contrato por la adquisición de 300 cámaras durante el gobierno de Piñera -licitación que el tribunal de contrataciones declaró como “ilegal”– venció en mayo de 2021. Sin embargo, Carabineros siguió pagando a la multinacional por el servicio de soporte, algo que está “fuera del marco legal y reglamentario” según resoluciones emitidas por la propia institución policial.

24 profesionales compondrán el Comité de Expertos para elaborar la nueva propuesta constitucional. Paritaria entre hombres y mujeres, y entre derecha y progresismo, la mayoría estudió su pregrado en la Universidad Católica, mientras que solo 4 en la U. de Chile y 4 en la UDP. Promedian 47 años.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, envió una carta a RN exigiendo que la ex subsecretaria se retracte por sus dichos sobre la renuncia de Lucía Dammert. Voces de oposición se mostraron contrarias a silenciar críticas a Boric, y rechazaron “este tipo de intervenciones gubernamentales”.

El software utilizado para las cámaras adquiridas por la ex subsecretaria permitía el reenvío intrazable de evidencia a terceros. “¿No entienden que no puedo cuestionar al gobierno o me quitan recursos?”, habría dicho un teniente coronel ante la denuncia de los funcionarios.

Llegó el momento de levantar el toque de queda militar, no así todas las restricciones a la vida nocturna.

La Subsecretaría de Prevención del Delito adjudicó en abril a la empresa Ingesmart una licitación por la compra e instalación de mil cámaras de televigilancia. Ingestmart ganó con la propuesta de instalar cámaras Hikvision, marca de origen chino prohibida en Estados Unidos y retirada del estandar internacional de televigilancia por vulnerabilidades en sus sistemas informáticos y presunto espionaje de China a través de sus dispositivos. La subsecretaría afirma que ya conocía la polémica y que los aparatos de Hikvision cumplen con los requisitos de la licitación.

El general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

Pese a que el presidente enfocó su habitual cadena nacional en el combate a la delincuencia en contexto de coronavirus, las nuevas cámaras de registro de Carabineros son una orden de compra que data del 29 de enero; ad portas de un marzo que se anunciaba de protesta.