Un grupo de organizaciones ciudadanas, entre las que se cuentan la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central y la Fundación Defendamos la Ciudad, presentarán una querella en conjunto con el equipo de abogados del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional por delitos económicos, prevaricación administrativa y una eventual colusión entre agentes públicos y privados para obtener utilidades a partir de la construcción de los denominados ‘guetos verticales’ en Estación Central.
Los antecedentes datan desde 2007, según describe Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, cuando se emitió el oficio N° 549 del 10 de julio de ese año, catorce años atrás. “Ellos sabían que ahí no se podía construir y hay documentos que así lo atestiguan”, afirmó a INTERFERENCIA.
En esa oportunidad, el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, entonces jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda (Minvu) respondió una consulta de fecha 26 de junio de 2007 de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central, ingeniero Marco Antonio Vidal, instruyéndolo de que no era posible una edificación continua en altura en un sector sin normas contenidas en un PRC (Plan Regulador Comunal), oficio obligatorio que fue acatado por ese funcionario municipal.
Los antecedentes datan desde 2007, cuando se emitió el oficio N° 549 del 10 de julio de ese año, catorce años atrás. “Ellos sabían que ahí no se podía construir y hay documentos que así lo atestiguan”.
A juicio de Herman, “queda en evidencia que el oficio firmado por el jefe DDU Minvu dirigido al DOM Estación Central, Marco Antonio Vidal, en donde le ordena que no puede otorgar permisos de edificación en altura con agrupamiento continuo en el sector que no estaba regido por un Plan Regulador Comunal, produjo efecto pues aquel no otorgó ningún permiso. Se debe saber que este probo funcionario municipal falleció en julio de 2012 y quien asumió el cargo fue el arquitecto Armin Seeger, funcionario que, a partir de diciembre de 2012, sin razón alguna, empezó a otorgar anteproyectos y permisos de edificación, a sabiendas que eran ilegales”.
En esa línea, acusa, “era lógico que Seeger no consultara al Minvu, a la luz del aludido oficio de la DDU Minvu, para saber si podía otorgar ese tipo de permisos. Sin embargo, se podría suponer que él debió consultar a su jefe administrativo directo, el alcalde Rodrigo Delgado, hoy flamante ministro del Interior”.
Desde la Fundación Defendamos la Ciudad recordaron que en 2017 la Contraloría resolvió que el DOM debía iniciar la invalidación de esos permisos, “paralizando las obras y no otorgar recepción final a las edificaciones terminadas, pero sin trasladar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por las responsabilidades penales comprometidas, teniéndose en cuenta que las inversiones inmobiliarias ilegales, podrían ascender a los mil quinientos millones de dólares, con utilidades del orden de los cuatrocientos millones de dólares. Como un hecho asaz sintomático, cuando las organizaciones denunciantes se hicieron parte en los procedimientos de invalidación de los permisos, la administración del alcalde Delgado se opuso”.
Junto a ello, según expresó Herman en una columna en Radio Bío Bío, “sobre este millonario delito económico impune hasta ahora, es imperativo saber si el alcalde Delgado sancionó al DOM que cursó los permisos, a sabiendas que solo lo transfirió a otra oficina municipal. Las inmobiliarias han interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, sosteniendo que la Contraloría no tiene atribuciones para pronunciarse sobre estos asuntos y con la asistencia del Estudio Jurídico del abogado Cristóbal Osorio, la mencionada organización ciudadana de Estación Central como la fundación Defendamos la Ciudad, han sido parte en esos juicios que han llegado hasta la Corte Suprema, instancia que ha emitido sentencias validando el dictamen de la Contraloría, es decir, a favor del imperio del derecho”.
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