Casi cuatro meses han pasado desde que el 4 de julio se instaló la Convención Constituyente y los pasillos del ex Congreso fueron ocupados por 155 constituyentes y sus equipos asesores. Estos últimos, considerados como trabajadores de la Convención, aún no reciben sus remuneraciones, por lo que muchos de ellos han tenido que endeudarse y utilizar sus líneas de crédito.

Por ahora, habría 33 asesoras y asesores que se unirán al Sindicato plurinacional de trabajadorxs del bloque popular-comunitario de la Convención Constitucional, que articula a algunos funcionarios que trabajan con convencionales de escaños reservados, Pueblo Constituyente, Chile Digno y Movimientos Sociales Constituyentes (MSC). 

Los trabajadores tendrán su primera reunión presencial este martes en el ex Congreso, donde definirán sus estatutos y se elegirán las vocerías encargadas de relacionarse con los medios, para luego poder citar a un notario que formalice la creación del sindicato dentro de esta semana. 

Además, esperan que a la convocatoria se sumen otros asesores del bloque popular comunitario. Hasta el viernes pasado, MSC se encontraba dubitativo sobre si integrar o no el sindicato, pero a medida que transcurrió el fin de semana se sumaron los asesores de las convencionales Manuela Royo, Carolina Vilches, Vanessa Hoppe y Bastián Labbé.

A pesar de que a los equipos de convencionales que son miembros de la mesa directiva se les habría recomendado no sindicalizarse, según indicaron fuentes de la Convención, las asesoras de las vicepresidentas de escaños reservados Tiare Aguilera (pueblo Rapa Nui) e Isabel Godoy (pueblo Colla) también se integrarán al espacio.

Según indicó la Segpres, al viernes 29 de octubre las cifras preliminares arrojaban que había 341 contratos firmados –con otros en trámite–, de las cuales 191 personas habían recibido remuneración.

Si bien la idea de sindicalizarse nació hace ya un par de meses, esta no había sido desarrollada ni conversada en profundidad por temor a las reacciones que podría generar fuera la Convención. Y es que en medio del asedio comunicacional y la campaña de desinformación impulsada por la derecha respecto a las asignaciones y que los convencionales se habían subido el sueldo, levantar un sindicato podía despertar aún más animadversión desde la opinión pública. 

Sin embargo, a casi cuatro meses de instalada la Convención, la situación laboral de los asesores se ha mantenido más o menos igual. Al viernes 29 de octubre, había más de cien funcionarios que no recibían ninguna remuneración. Esto complica especialmente a quienes vienen de fuera de Santiago y que no cuentan con los recursos para poder arrendar espacios para vivir en la capital mientras cumplen sus funciones de trabajadores de la Convención.

Según el último reporte de gestión sobre las asignaciones para el “personal de apoyo” que circuló el viernes elaborado por el Comité Externo, entre el primero de septiembre y el 28 de octubre el organismo envió un total de 428 solicitudes de contratación correspondientes a 373 personas a la Segpres. Según indicó esta, al viernes 29 de octubre las cifras preliminares arrojaban que había 341 contratos firmados –con otros en trámite–, de las cuales 191 personas habían recibido remuneración.

A esto además se le suman las condiciones que tienen en las dependencias del ex Congreso y del Palacio Pereira. No cuentan con oficinas ni salas para almorzar y tampoco son considerados en los aforos de las salas de reuniones con los convencionales. Por otro lado, según indican fuentes de la Convención, los contratos firmados con Segpres no definen horarios, jornadas ni funciones laborales, lo que ha resultado en que los equipos trabajen de lunes a domingo, realizando indicaciones, estudiando los reglamentos, consiguiendo patrocinios y trabajando en terreno durante los fines de semana.

¿Por qué la Segpres ha tardado tanto en realizar los pagos?

El Reglamento aprobado por el Pleno en agosto que regula las asignaciones, establece que el monto tope mensual para el ítem “Personal de apoyo a la función constituyente” es de 40 UTM (2.100.000 pesos aproximadamente). Esta contratación se suscribe entre la Segpres y personas naturales bajo la figura de prestación de servicios a honorarios. Los asesores pueden trabajar con más de un convencional y por lo tanto, firman más de un contrato.

Por ahora, habría 33 asesoras y asesores que se unirán al Sindicato plurinacional de trabajadorxs del bloque popular-comunitario de la Convención Constitucional, que articula a algunos funcionarios que trabajan con convencionales de escaños reservados, Pueblo Constituyente, Chile Digno y Movimientos Sociales Constituyentes (MSC). 

Y es que el Congreso determinó en su reforma a la Constitución, en el artículo 134 que para desbloquear el dinero destinado a las asignaciones, primero la Convención tenía que establecer el monto requerido para ellas en su Reglamento y que estas tendrían que ser administradas por un comité externo reguladas por el mismo. Lo mismo estableció la ley presupuestaria de 2021, que además dice en la glosa nº05 que las asignaciones que se determinarán en el reglamento incluye las remuneraciones de los asesores. 

Si bien la Convención se instaló el 4 de julio, no fue hasta el 3 de agosto en que el Pleno aprobó el reglamento del Comité Externo de Asignaciones y la integración de sus cinco miembros. Cuando entró en vigencia esto, las platas se liberaron para las asignaciones de los 155 convencionales pero no así para sus equipos de trabajo, puesto que estos aún no tenían contratos.

De esta forma, julio no se contempló dentro de la glosa presupuestaria y todo ese mes de trabajo de los asesores es considerado ad honorem, por lo que a pesar de llevar cuatro meses de trabajo, sólo se pagarán tres.

Además, a esto se le sumó el problema de que cuando la Convención definió la redistribución de las asignaciones, los fondos destinados por la Ley de Presupuesto no alcanzaban a cubrir las necesidades del espacio. En consecuencia, el 20 de agosto la Convención mandó un oficio a la Dirección de Presupuesto (Dipres) para solicitar el aumento de $1.794 millones para el concepto de asignaciones, lo cual fue rechazado por el organismo. 

Entonces, la mesa directiva y la Segpres entraron en una negociación con la Dipres que se resolvió a fines de septiembre. Esto provocó que los contratos comenzaran a firmarse recién el 3 de octubre, a tres meses de instalado el espacio constituyente, retrasando el inicio de los pagos.

Esto además se dio luego de que la Segpres indicara en el Congreso que el Comité Externo no había enviado ninguna planilla solicitando la firma de contratos y el pago de servicios de los asesores, lo cual fue desmentido por el propio Comité.

De esta forma, julio no se contempló dentro de la glosa presupuestaria y todo ese mes de trabajo de los asesores es considerado ad honorem, por lo que a pesar de llevar cuatro meses de trabajo, sólo se pagarán tres.

Otro de los factores que ha influido en el atraso es que algunas de las rendiciones de boletas y gastos realizados por los asesores han sido rechazados por el Comité Externo, que tiene que informar a los funcionarios para que corrijan los errores. 

Una vez el Comité Externo aprueba la declaración, le envía una planilla con las solicitudes de pagos a la Segpres, que tiene un plazo de cinco días hábiles para concretarlos, lo que hasta ahora se ha realizado en tres tandas. 

La primera planilla con solicitudes de pago que le llegó a Segpres fue el 14 de octubre, que correspondía a 142 boletas de 90 asesoras y asesores. La segunda fue el 18 de octubre, con 129 solicitudes de 101 personas. La tercera llegó el 21 de octubre, con 198 boletas de 149 prestadores y la cuarta solicitud llegó el 26 de octubre con 228 boletas correspondientes a 181 personas. La única que no se encuentra pagada es la cuarta planilla, que se debería concretar a más tardar hoy martes.