Segpres
En diciembre la entidad encargada de fiscalizar la transparencia de organismos públicos quedará con sólo dos integrantes, por lo que no habrá quórum para sesionar. El presidente debe presentar los candidatos al Senado para su designación. El consejero saliente, Francisco Leturia, podría ser renovado en caso de ser requerido, aunque el cupo disponible corresponde al PS.
El ataque de ransomware -secuestro de datos a cambio del pago de un rescate- fue dirigido a la empresa de telecomunicaciones GTD, que tiene alojados físicamente los datos de la Firma Electrónica Avanzada que permite hacer trámites, firmar documentos oficiales y hasta dar licencias. Gobierno Digital dio cuenta del ataque el lunes.
Este martes, Interferencia publicó un artículo sobre la contratación en julio de Marco Antonio Zúñiga, quien aparece en 57 reuniones, según el registro nacional de lobby, representando al gremio de empresarios Chiletec y a empresas como Oracle. El mismo día, la diputada independiente de la bancada de Convergencia Social solicitó el oficio con información sobre la contratación.
El supuesto fin de las AFP, una entidad pública que compita con otros gestores de inversión privados por la capitalización de los fondos de pensiones y la creación de un seguro social con cargo a los empleadores son algunos de los anuncios clave que el Presidente Boric informó sobre la reforma a las pensiones, la que deberá buscar consensos en un Congreso empatado entre oficialismo y oposición.
Según la Dirección de Presupuestos, la ejecución presupuestaria durante los primeros siete meses (que incluye dos del gobierno de Piñera) es de un 56,9%, menor al 69,4% del año pasado. El gasto fiscal cayó un 19%, lo que se explica por el alto gasto de 2021 cuando estaba el IFE universal.
Con la salida de Giorgio Jackson de Segpres, el Frente Amplio tendrá solo un representante en el Comité Político: Antonia Orellana (Ministerio de la Mujer, CS). El PC perdió la chance de tomar la poderosa Subsecretaría de Interior, luego de que la derecha le impusiera un veto al Gobierno, condicionando dicha nominación a la apertura al diálogo.
El ministerio dirigido por Giorgio Jackson modificó el contrato con Sistemas Gráficos Quilicura -filial de El Mercurio SAP- para imprimir otras 208 mil copias de la propuesta constitucional, totalizando $577 millones para la empresa de los Edwards. Esto, en medio de acusaciones que la oposición llevó a Contraloría y tribunales, y en paralelo a la crisis económica que arrastran los medios mercuriales.
El ministerio que conduce Giorgio Jackson utilizó parte de los recursos restantes de la Convención Constitucional para contratar a Sistemas Gráficos Quilicura S.A. para la impresión de 692 mil ejemplares.
El 5to Retiro propuesto por parlamentarios fue rechazado tal como quería Gabriel Boric, pero gracias a votos de diputados republicanos, UDI y algunos RN, quienes luego no dieron su voto en apoyo del retiro acotado del Gobierno. Giorgio Jackson no consiguió alinear a diputados PPD, DC y Radicales, quienes votaron a favor del retiro universal de fondos y contra el proyecto del gobierno.
Lejos de ser innovador, recuerda a los “30 años”, pone al Gobierno una camisa de fuerza de la que dificílmente saldrá bien librado y desoye ejemplos desarrollistas como el de Joe Biden en Estados Unidos.
La ex candidata a gobernadora y senadora lo afirmó en su declaración judicial publicada por La Tercera, lo que coincide con los testimonios de varios abogados consultados por Interferencia, quienes aseguran que se trata de la campaña primaria del actual mandatario y entonces abanderado del Frente Amplio. El encargado de supervisar los aportes habría sido Giorgio Jackson.
Con una mayoría avasalladora de diputados que aprobaron discutir un nuevo retiro de los fondos de las AFP (117 de un total de 155), y con el gobierno opuesto a la medida, se configura un escenario similar al que vivió -y resultó derrotado- Sebastián Piñera a la misma altura del año pasado. Esta vez, el ministro a cargo de la agenda legislativa, Giorgio Jackson, parece querer dejar el peso del problema en el Senado.
Cerca de 30 asesores de escaños reservados, Chile Digno, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales están organizando la formación del Sindicato Plurinacional de Trabajadorxs del Bloque Popular-Comunitario de la Convención Constitucional a raíz de los sueldos impagos y otras irregularidades en sus condiciones labores.
Entre los temas relevantes, se definió que el período de la mesa directiva será de seis meses. Hoy se espera que se avance en las 213 restantes del reglamento general como también destrabar el conflicto con el Ejecutivo respecto de los dineros de las asignaciones.
A una semana de que a la Dirección de Presupuesto (Dipres) finalice su propuesta presupuestaria para el 2022, el organismo rechazó aumentar el presupuesto para las asignaciones solicitadas por la Convención mientras que los actuales fondos solo alcanzarían a cubrir gastos hasta el 30 de septiembre.
Este jueves un grupo transversal de la Convención Constituyente envió un oficio a Contraloría para solicitar que el organismo estudie si el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y su organismo dependiente, la Unidad de Secretaria Administrativa, han hecho un buen uso de los recursos destinados para la instancia constitucional.
Se trata de Street Machine Corp –propiedad de Paul Morrison, antiguo socio de Joaquín Lavín Jr. en una discoteque e hijo de la ex diputada UDI, María Angélica Cristi– la cual se hizo conocida en 2016, cuando la entonces alcaldesa de Maipú y nuera de Joaquín Lavín la contrató por $44 millones a para construir un pórtico de pino adornado con merengue y organizar un evento anexo.
El Ejecutivo ha provocado molestias a los constituyentes. Primero el decreto de instalación, luego las cuestionables licitaciones de servicios de funcionamiento, el choque con los pueblos indígenas y ahora la falta de condiciones para sesionar. Los convencionales piden la salida del organizador Francisco Encina y su jefe, el ministro Juan José Ossa.
Según los voceros de esta bancada de 45 convencionales, la Secretaría General de la Presidencia sostuvo reuniones con representantes del PS, Apruebo Dignidad, Independientes No Neutrales y otros grupos políticos; en las que se discutieron aspectos importantes del Decreto de instalación de la Convención Constitucional que Piñera publicará hoy.
La actual presidenta del TC y el abogado de La Moneda Gastón Gómez comenzaron los primeros años de la transición colaborando y coincidiendo profesionalmente con un promisorio y joven senador: Sebastián Piñera. Desde entonces son amigos.
El gobierno ha dilatado el nombramiento de nuevos consejeros, porque teme que Ignacio Briones corra el riesgo de terminar con una acusación constitucional en su contra si el consejo directivo vuelve a funcionar. Esto porque el primer tema en tabla será la polémica petición de los RUT de quiénes pidieron el retiro del 10% de sus AFP.
Luego de que la Asociación de Funcionarios del ministerio que dirige Gonzalo Blumel presentara una denuncia formal –lo que fue informado el pasado jueves por INTERFERENCIA– Andrés Bustamante dejó de encabezar Gobierno Digital.
Este psicólogo a cargo de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, no ha tenido mayor figuración pública durante su gestión. Sin embargo, actualmente tiene abierto un sumario en su contra por graves acusaciones de tratos vejatorios con sus colaboradores.
Cinco días antes de asumir en el gobierno, Andrés Bustamante vendió sus acciones en Asimov Consultores, firma que ha proveído servicios tecnológicos al Estado en el pasado pero que continúa haciéndolo hasta este 2018. En la compañía aseguran que no existe ningún vínculo con su ex socio y que tampoco lo existirá en el futuro.
Tras publicar el artículo “La doble vida laboral de un asesor presidencial de Piñera”, INTERFERENCIA trató, sin éxito, de obtener respuestas sobre el eventual conflicto de interés de Rafael Ariztía, ex ejecutivo de Bancard, quien hoy gana 7 millones de pesos fiscales mientras participa en un fondo de inversiones del cual es socio. El afectado aseguró que la nota de nuestro medio era “inexacta y malintencionada”.
