Hace un año, el gobierno de Nicaragua estaba al borde del colapso.

Las protestas contra el presidente Daniel Ortega estallaron en todo el país el 18 de abril de 2018 después de que el gobierno aprobara calladamente un impuesto sobre los cheques de pensiones de los jubilados. Los manifestantes bloquearon carreteras y vías principales, lo cual paralizó la economía nicaragüense.

Ya para mayo de 2018, el 70% de los nicaragüenses querían que Ortega –quién se enriqueció de manera asombrosa durante el tiempo que lleva gobernando el país más grande de América Central– renunciara.

“Ésta no es una mesa de diálogo”, le dijo el activista estudiantil Lesther Alemán a Ortega durante una negociación televisada con el gobierno en mayo de 2018. “Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado”.

Hoy, el presidente Daniel Ortega tiene el control nuevamente. Alemán y cientos de otros líderes de la oposición huyeron del país. Y al menos 50.000 nicaragüenses, incluyendo decenas de reporteros, han escapado a países vecinos.

Con la excepción de incidentales protestas –todas sofocadas de forma rápida y violenta– la “primavera tropical” de Nicaragua ha perdido su ímpetu. ¿Qué pasó?

El autoritarismo electoral de Ortega

Soy un académico estadounidense que ha investigado la política nicaragüense durante años. Cuando el caos político obligó a mi familia y a mi a abandonar Managua en junio de 2018, estaba casi seguro de que los días de Ortega estaban contados.

En una sociedad democrática, quizás yo habría tenido razón. Desde 1985, el 70% de todos los presidentes latinoamericanos elegidos democráticamente que enfrentaron protestas callejeras sostenidas de forma similar se vieron obligados finalmente a abandonar el cargo.

Ortega ha desafiado estas probabilidades al convertirse en el tipo de caudillo contra el cuál se rebeló y se convirtió en un héroe de la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1979. Usando la represión calculada  para aplastar la disidencia y la retórica antiimperialista para desviar la culpa, Ortega ha fortalecido su control del poder.

Éste es el tercer mandato consecutivo de Ortega como presidente y la quinta vez que gobierna Nicaragua. Llegó al poder por primera vez en la década de 1980 como jefe de la junta gobernante de la revolución sandinista y, en 1985, fue elegido presidente.

En 1990, Ortega perdió ante Violeta Chamorro, quien dio paso a 16 años de gobierno conservador en Nicaragua, un país que tienda a inclinarse hacia la izquierda. Ortega volvió a ocupar el cargo en 2007.

Desde entonces, Ortega ha concentrado sistemáticamente el poder en el poder ejecutivo, llenando la Corte Suprema de militantes del partido, reprimiendo la libertad de prensa y, en 2014, aboliendo los límites del mandato presidencial.

En 2016, Ortega ganó su tercer mandato consecutivo con más del 70% de los votos y nombró a su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta. Pero apenas el 30% de los votantes nicaragüenses se presentaron a votar  ese año, la primera señal de que la popularidad de Ortega estaba disminuyendo.

Quince meses después, miles de manifestaciones antigubernamentales casi lograron derrocar su régimen.

‘Me querían vivo o muerto’

Ortega ha movilizado todo el poder del estado nicaragüense  –un gobierno que construyó desde cero a su gusto– para sobrevivir.

El régimen ha enviado a la policía antidisturbios y paramilitares afines al gobierno a golpear, disparar, aterrorizar y arrestar a los manifestantes. Algunos presos políticos han sido liberados, pero cientos aún permanecen encarcelados. Allí, según los disidentes, han sido torturados con ahogamiento simulado, descargas eléctricas y agresiones sexuales. Muchos reportan haber sido forzados a grabar videos auto incriminatorios.

Después de que Lesther Alemán, de 20 años de edad, se enfrentara a Ortega en la televisión nacional en mayo del año pasado, le empezaron a llegar las amenazas de muerte, lo cual lo obligó a esconderse y, finalmente, a exiliarse. Alemán sostiene que el gobierno ofreció 50.000 dólares por su captura.

“Me querían vivo o muerto”, me dijo recientemente desde su nuevo hogar en Estados Unidos. “Había un antes y un después. Desde entonces, nada ha sido igual”.

La mayoría de los nicaragüenses coinciden en esto. En una encuesta de Cid Gallup realizada en enero, el 74% dice que la vida ha empeorado en el último año, el 66% rechaza al gobierno y el 54% quiere que las próximas elecciones presidenciales nicaragüenses de 2021 se adelanten para este año.

Solo el 25% de los encuestados se alinea con el partido sandinista de Ortega.

Un chivo expiatorio de Estados Unidos

Sin embargo, según muestran las cifras, Ortega retiene parte de su base.

Al igual que su aliado venezolano Nicolás Maduro, quien culpa a Estados Unidos de la crisis económica y humanitaria de su país, Ortega ha movilizado a sus partidarios culpando a Estados Unidos del levantamiento popular en su contra.

“Digamos, el veneno lo pone la Nica-Act, o sea, lo pone el intervencionismo norteamericano nuevamente en Nicaragua. Ahí está la raíz del problema”, dijo Ortega a la cadena de televisión venezolana Telesur en julio.

Las afirmaciones de Ortega apelan al profundo sentimiento antiestadounidense que se deriva de la reiterada injerencia de ese país en los asuntos políticos de Nicaragua. Entre éstos se incluyen una ocupación militar estadounidense de 1912 a 1933 y, en la década de 1980, el financiamiento clandestino por parte de la administración Reagan a una sangrienta rebelión contra el propio Ortega.

Muchas de las personas a las que entrevisté creían que las revueltas en Nicaragua reflejaban un complot de la administración Trump, no la indignación popular contra un gobierno distante y corrupto.

“¿Por qué debemos confiar en Estados Unidos?”, me preguntó un veterano miembro del partido sandinista durante las manifestaciones de abril del año pasado.

Ayuda estadounidense al desarrollo

No hay evidencia de intervención directa de Estados Unidos en la crisis de Nicaragua.

Desde que comenzó, la administración Trump ha castigado al gobierno de Ortega por reprimir las libertades civiles al limitar seriamente su acceso a los mercados financieros internacionales, y ha sancionado a miembros de su gobierno, incluyendo a su esposa.

Durante años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también ha invertido moderadamente en el país para “fomentar la gobernanza democrática y expandir las oportunidades educativas”.

Entre 2015 y 2018, grupos de la sociedad civil nicaragüense recibieron 92 millones de dólares en ayuda para el desarrollo –aproximadamente equivalente a la ayuda enviada a los países centroamericanos vecinos. La Fundación Nacional para la Democracia, una fundación privada sin fines de lucro con estrechos vínculos con el Departamento de Estado, ha gastado 4.1 millones de dólares adicionales en fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua desde 2014.

Los proyectos financiados por Estados Unidos incluyen el taller de educación cívica que Jeancarlo López, un estudiante de ingeniería convertido en disidente, tomó en 2017 en el Instituto para el Desarrollo y la Democracia.

“Lo que aprendimos fue lo básico que debes aprender en la escuela sobre los derechos humanos y la democracia”, dijo.

A pesar del continuo control de Ortega, el disidente exiliado Lesther Alemán mantiene la esperanza de que la oposición nicaragüense triunfará.

“Ortega nos calificó de terroristas”, dijo. “Pero la verdad es difícil de ocultar”.

Benjamin Waddell es profesor asociado de sociología en Fort Lewis College. Articulo original en The Conversation