Káiser es el título alemán de emperador usado desde el Sacro Imperio Romano-Germánico, que dio origen al "Primer Reich". Se volvió a emplear durante el imperio alemán del siglo XVIII -Segundo Reich- y fue rescatado por Hitler para realzar su férreo dominio como “tercer Reich”, pretendiendo heredar el glorioso pasado de la nación germánica. Algunos portadores chilenos del apellido homónimo, como el polémico diputado republicano, Johannes Kaiser, se enorgullecen como depositarios del linaje asociado al nazismo, que se asentó en el país durante la colonización alemana del sur, en el siglo XIX; mucho antes del ascenso de Hitler.

El parlamentario se ha convertido en una caricatura del nacional-populismo europeo, un dolor de cabezas de la ultraderecha chilena y un ícono de la degradación del Congreso. Sin embargo, su figura recuperó protagonismo esta semana, al encabezar la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson y encarnar la capacidad que tuvo el Partido Republicano de aglutinar a Chile Vamos en torno a una fallida iniciativa que dañó más al Congreso que al Gobierno.

Cegada por la oportunidad de propinar un nuevo golpe al Presidente Gabriel Boric, la derecha tradicional sigue sucumbiendo a la oscura impronta populista de la nueva formación republicana, que lidera otro dirigente de apellido alemán, José Antonio Kast.

El conservadurismo tradicional se ha esmerado en desprenderse de su pasado pinochetista y, a 50 años del golpe militar, tendrá que sopesar el efecto de haber secundado una operación cuyos fundamentos fueron expuestos, ante la sala de la Cámara de Diputados, por un defensor de los violadores de “mujeres feas” y detractor del voto femenino; un individuo al que hace un mes sancionó la Corte Suprema por su apología a criminales de lesa humanidad, al decir que "estaban bien fusilados esa gente en Pisagua". Un sujeto cuya toxicidad empañó la candidatura presidencial de Kast, al punto de provocar la pantomima de su expulsión.

La connivencia de Chile Vamos y Republicanos es lo que el más importante investigador del fenómeno de la ultraderecha, Cas Mudde, identifica como la “desmarginación” de este populismo radicalizado. El concepto significa que las derechas tradicionales le han allanado camino al alarmante avance autoritario, que amenaza al mundo erosionando las democracias liberales.

Mudde dice que el acercamiento entre el conservadurismo clásico y el movimiento emergente de ultraderecha se ha fortalecido gracias al abordaje común de los asuntos socioculturales, como la migración, el nativismo y el conservadurismo.  “La desmarginación se produce porque los partidos de derecha radical populista y los convencionales centran su atención en temas cada vez más similares, y porque también defienden posturas más parecidas en esos tópicos”, dice. Y agrega que se está produciendo una verdadera asimilación pues “aunque lo que muchos partidos tradicionales habían adoptado de la derecha radical populista era solo su discurso, ahora están asimilando cada vez más su manera de enfocar los temas y, con ello, también sus políticas”.

Esa “desmarginación” es creciente en Chile. Además del bochorno de oficiar como vagón de cola de un símbolo del deterioro de la política, la derecha ensució su esfuerzo de dotarse de superioridad moral y expertise técnico para conducir el Estado y dar lecciones al “gobierno en práctica”.    

La connivencia de Chile Vamos y Republicanos es lo que el más importante investigador del fenómeno de la ultraderecha, Cas Mudde, identifica como la “desmarginación” de este populismo radicalizado. El concepto significa que las derechas tradicionales le han allanado camino al alarmante avance autoritario, que amenaza al mundo erosionando las democracias liberales.

Entre las más burdas explicaciones, los republicanos dijeron que Jackson debía pagar por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. El libelo perseguía un acto de corrupción que aún se investiga en la fiscalía y que no es comparable a la valoración de gestiones ministeriales. La evaluación técnica o la antipatía de un ministro no puede equipararse a una transacción delictiva, realizada por un mandatario en ejercicio, en un paraíso fiscal y condicionada a actos impropios de gobierno, como la aprobación de un proyecto minero que depreda áreas naturales protegidas.

El pueril argumento de devolverle a la izquierda las once afrentas de sus acusaciones constitucionales durante el Gobierno de Piñera se desmorona con los tres libelos que ya se han presentado, en apenas 10 meses de esta administración, porque antes de Jackson y la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, los republicanos acusaron a la mano derecha del Presidente, Izkia Siches. A este ritmo, podríamos proyectar aritméticamente otra docena de acusaciones durante los 38 meses que quedan de mandato, suficientes para que la derecha desempate el juego a su favor, mientras la ciudadanía apenas distingue quién acusa a quién, si es que le interesa distinguir.

Otra de las acusaciones que se recuerda para desempatar es la que afectó al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y la fallida primera acusación a Piñera, ambas por violaciones a los derechos humanos. Resulta simplemente insostenible comparar un juicio a las competencias de Jackson con una sanción política a la incapacidad de contener muertes, tratos crueles y degradantes, lesiones oculares y abusos sexuales que tuvieron lugar durante el estallido. Violar los DDHH, como lo establecieron cuatro organismos internacionales y cientos de investigaciones en curso a cargo del Ministerio Público no tiene parangón.

Respecto a los otros ocho libelos contra ministros de Piñera, efectivamente hubo excesos, pero la vuelta de mano es bastante infantil como argumento.

La acusación constitucional es un instrumento adecuado para preservar el equilibrio de poderes y necesario cuando se producen las causales que establece la Constitución. La interpretación de esas causales siempre ha sido más política que jurídica y, en el campo de la política, el mérito de la prueba lo juzga la mayoría parlamentaria de turno, no los juristas. En todas las acusaciones, los abogados defensores alegan abuso jurídico, mientras  los acusadores replican que están utilizando un instrumento esencialmente político que, por lo tanto, admite valoraciones más allá de la letra de la ley.

Los abogados que representan al acusado suelen decir que el libelo es de “última ratio”, a pesar de que cada vez son más las acusaciones que se saltan todas las instancias previas.  Pero todo tiene un límite de la decencia, que en el caso del ministro Jackson devino en el burdo alegato de Kaiser, quien también se comparó -en términos muy vulgares- con otro precedente: la maratónica lectura de Jaime Naranjo, esperando que venciera la cuarentena de Jackson, para lograr mayoría en un juicio político por corrupción presidencial. “Estoy haciendo un Naranjo, voy a quedar en ridículo”, dijo Kaiser, cuando le entregaban más papeles a leer, sin advertir que tenía el micrófono abierto.  El “alargue” buscaba mayor tiempo para que se perdiera el voto oficialista de un diputado que debía practicarse una cirugía.

Jackson sufrió una pateadura en el Congreso, antes de ser salvado por la bancada DC y cuatro diputados de derecha. Dijo haber recibido una lección de los opositores que se abstuvieron. Ojalá no sea la única lección de la clase política para que dejen de destruir la institución parlamentaria con reyertas baratas. Ojalá también la derecha tradicional aprenda la lección del peligro de hacer el ridículo, como sí lo advirtió Kaiser en su desliz del micrófono encendido.