Debido a la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, algunas de las preocupaciones relacionadas con el estallido social de octubre de 2019 han quedado en suspenso. Esto se debe a que el foco de atención ha recaído de manera más o menos exclusiva sobre el desempeño de la autoridad sanitaria y otras cuestiones de salud pública. 

Sin embargo, se siguen realizando compras públicas relacionadas con el contexto previo a la pandemia por coronavirus. Es el caso de una orden de compra del 6 de abril de este año por parte de la Dirección de Logística de Carabineros. Esta orden fue realizada por trato directo e  involucra el pago de 444 millones de pesos (IVA incluído) por “servicio de mantención y reparación de la flota de vehículos tácticos de la institución”, es decir, básicamente los llamados popularmente guanacos y zorrillos. 

Según la información que pone a disposición el portal Mercado Público, el proveedor en esta operación es Famae (Fábricas y Maestranza del Ejército de Chile), empresa autónoma del Estado, dedicada a la producción de armas y productos militares. 

Si bien esta orden de compra fue enviada el 6 de abril, está vinculada a un contrato celebrado el 30 de marzo de este año, el cual figura firmado por el general Jean Camus Dávila, director de Logística de Carabineros y Eduardo Estrada Romero, director de Famae y general de brigada del Ejército de Chile. 

En este contrato se explicita que esta nueva orden de compra -por 444 millones de pesos- corresponde a una ampliación de un contrato previo por $1.480 millones, el cual había sido celebrado el 21 de noviembre de 2019 para reparar y realizar mantención a vehículos tácticos de la institución debido al contexto del estallido social. La orden de compra correspondiente a este contrato incial fue enviada a Famae el día 3 de febrero de 2020, y también se trató de un trato directo. 

La justificación que se ofrece para la ampliación del contrato original consta en un "anexo de contrato” celebrado el día 30 de marzo. Dicha justificación señala que en el contrato original se contempla un “ítem presupuestario tramo uno”, al que corresponde la suma de 749 de los 1480 millones de pesos totales del contrato, para la reparación de 35 vehículos tácticos. La diferencia entre estas dos cifras corresponde a la reparación de otros vehículos policiales.

Este anexo de contrato señala que a esa fecha ya se había gastado una suma de $517.736.707 del tramo uno, “dinero con el cual se está logrando la reparación de 21 vehículos, restando solamente a la fecha un saldo de $222.263.293, monto de dinero con el cual se requerirá la reparación de 14 vehículos tácticos”, lo que al parecer fue considerado insuficiente por Carabineros, desencadenando la necesidad de solicitar estos nuevos $440 millones.

Adicionalmente, para explicar el monto adicional de $440 millones, la extensión del contrato hace alusión a “nuevas posibles fallas que presente el parque vehicular en reparación al ser puesto en operatividad producto de la dinámica relativa a los hechos de violencia que latamente son motivo de la presente justificación”. Esto llama la atención, pues la ampliación de dicho contrato fue firmada el 30 de marzo. fecha en la cual ya se habían iniciado las medidas de confinamiento sanitario, las cuales ya habían aplacado la protesta social.

La posibilidad de realizar esta ampliación se encuentra fundamentada en el contrato original, el cual contempla la posibilidad de que las partes “previa resolución fundada, debidamente tramitada, y por única vez, podrán pactar la ampliación del contrato, objeto de la presente modalidad de contratación sin exceder el 30% del monto originalmente pactado”. En este caso, se amplió el contrato en un monto de $444 millones, lo cual equivale exactamente al 30% de los $1480 millones originales.

A estas dos órdenes de compra, se suma una tercera, enviada a proveedor el 6 de marzo de este año. En esta operación, el proveedor también fue Famae y contempla el pago de $47.351.509, y tuvo por objeto el servicio de “adquisición e instalación de rejas de seguridad para 11 vehículos tácticos de transporte de personal blindados”. En este caso, la unidad desde la que emanó esta orden de compra fue el Departamento de Transportes L.3 de Carabineros de Chile. 

INTERFERENCIA se comunicó con el área de comunicaciones de Carabineros para realizar algunas preguntas sobre estas compras, sin embargo se nos indicó que la información relativa a compras públicas debía ser pedida a través del servicio de transparencia pasiva. Fuera de eso, se nos confirmó que dichos vehículos corresponden a carros lanza aguas, carros lanza gases, además de otros vehículos blindados.