La ciudad de Antofagasta ha sido una de las más golpeadas en todo el territorio nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. Según datos del informe epidemiológico publicado el 8 de junio por el Ministerio de Salud, esta región contaba con 3.186 contagiados totales por Covid-19 y 45 muertes. 

Esto la posiciona como la región con más fallecidos por coronavirus a la fecha, después de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, pese a ser la novena en población. 

Estas cifras le valieron a Antofagasta permanecer largo tiempo en cuarentena. sin embargo luego de aproximadamente un mes de confinamiento, esta medida fue levantada el viernes 29 de mayo, por decisión del gobierno central. 

Esta ciudad tiene la particularidad de contar con un hospital regional que es fruto de la política de concesiones de obras públicas, estrategia fundada por gobiernos de la Concertación en los años 90, la cual consiste en entregar a privados la construcción y administración de servicios públicos a cambio de que estos puedan percibir réditos económicos. 

Fruto de estas alianzas público-privada, han surgido además de hospitales otros servicios, autopistas y hasta incluso cárceles.

Respecto de los centros asistenciales concesionados, probablemente los exponentes más conocidos son el Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz, y el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, en la comuna de Maipú. Sin embargo, el Regional de Antofagasta es el más grande de todos ellos. 

La sociedad concesionaria que tuvo a su cargo la construcción y, ahora, la administración de este nuevo Hospital Regional de Antofagasta, inaugurado durante el año 2017, se llama Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A., la cual a fines de abril de este año, tuvo su junta de accionistas en la que acordaron repartir más de $5.500 millones de pesos entre sus propietarios. 

La Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI

La decisión se tomó en la última Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa, la cual tuvo lugar en la emblemática Torre Titanium, que se ubica en la avenida Isidora Goyenechea -del denominado barrio Sanhattan- en la comuna de Las Condes en Santiago. 

Esta reunión tuvo lugar justo al mediodía del 29 de abril pasado, en plena pandemia, en una oficina del piso 24 del mencionado edificio.

En esta instancia, se resolvieron diversos asuntos, como por ejemplo la aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros de la empresa. Además, como es habitual, también el reparto entre los accionistas de los dividendos correspondientes al ejercicio de la empresa durante el año 2019. 

A la reunión asistió Juan Facuse Meléndez, en representación de Concesiones Viales Andinas Spa, la cual tiene un 51% de la propiedad de la concesionaria. También asistió Eduardo Urrejola Montenegro, por Global Dominion Access SA, que posee un 15% de la propiedad.

Además, estuvo en la reunión Carlos Saieh Larronde, quien asistió en representación de dos sociedades propietarias de la Concesionaria Salud Siglo XXI. Se trata de Concesiones Chile NewCo Spa, con un 19% de la propiedad, y el Fondo de Inversión Toesca Infraestructura SC, el cual cuenta con un 15% de la propiedad.

Cabe mencionar que en este fondo de inversión de Toesca, el principal aportante es Penta Vida Compañía de Seguros de Vida SA, con un 22,97%, y en segundo lugar Euroamérica Seguros de Vida SA con un 20,6%.

En esta junta de accionistas se acordó que se iban a distribuir dividendos con cargo al saldo de las utilidades acumuladas al ejercicio de 2019, es decir $ 5.839.358.000, según se puede observar en los estados financieros de la empresa concesionaria. 

Finalmente, la sociedad distribuyó una cantidad de 5.550 millones de pesos entre sus propietarios.

Esto se desglosa en 3.000 millones de pesos para el accionista Concesiones Viales Andinas SpA. Una cantidad de 1.530 millones de pesos a Global Dominion Access S.A. Un monto de 570 millones de pesos para el accionista Concesiones Chile NewCo SpA y 450 millones para Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión. 

La junta acordó pagar estas utilidades durante los 30 días siguientes a la fecha de la junta de accionistas, es decir, durante el mes de mayo que acaba de pasar. 

Sacyr

La última Memoria Anual de la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, señala que la entidad que controla la empresa es Sacyr Concesiones Chile Spa, la cual a su vez es controlada por Sacyr Concesiones S.L., una gran empresa española parte del Grupo Sacyr.

Esto se debe a que esta empresa española es el accionista mayoritario de Concesiones Viales Andinas Spa. 

Sacyr es una empresa que se especializa en el rubro de la construcción, la cual debe su fortuna principalmente a la adjudicación de concesiones por construcción y servicios públicos a todo lo ancho del planeta. 

La relación de esta empresa con Chile es especial, pues la primera concesión que se adjudicó fuera de España fue aquí, en Chile, durante el año 1996. Se trató de la construcción de la Autopista del Elqui, la cual conectó el tramo de carretera que conecta la ciudad de La Serena con Los Vilos.

Esta fue su catapulta. De hecho, esta firma lo cita claramente como el primer hito de su internacionalización.

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Fuente: Sacyr.com

Desde ese hito, el Grupo Sacyr cuenta al día de hoy con negocios en los cinco continentes del planeta. Uno de los proyectos más importantes de esta empresa fue la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá en 2009, la que fue inaugurada en 2016. 

Según datos publicados por Grupo Sacyr, durante el primer trimestre de 2020, ha tenido ganancias netas por 32 millones de euros, equivalente a cerca de 28 mil millones de pesos. Además, cuenta con un patrimonio de más de 1.000 millones de euros, lo que equivale a cerca de 930 mil millones de pesos. 

Entre los proyectos actuales que maneja Sacyr en el mundo se cuenta la construcción del Ferrocarril Central en Uruguay, la prolongación del tranvía de Edimburgo en Reino Unido, un tramo de autopista en Texas, una línea ferroviaria en Portugal, entre muchos otros.

En Chile, su proyecto más reciente consiste en las obras correspondientes a la ampliación del aeropuerto Chacalluta de la ciudad de Arica. Sacyr anunció el pasado 19 de mayo que había cerrado el trato para el financiamiento por 58 millones de euros para esta obra. Según la información, el aporte provendría de fondos del Banco Estado de Chile.

Además de estos proyectos, en Chile tiene adjudicado el tramo de Los Vilos-La Serena de la Ruta 5, y también la autopista urbana Américo Vespucio Oriente. Además el Hospital Sótero del Río y el Hospital Provincia Cordillera. 

Respecto de estos últimos dos hospitales, el medio El Desconcierto informó en 2018, que Sacyr ganó las licitaciones con ofertas que económicamente eran menos convenientes para las arcas fiscales que las de su competencia. Según esta publicación, la oferta del grupo chino Qingjian para la construcción de estos dos hospitales era más de 86 mil millones de pesos más barata que la oferta de Sacyr.

A esto se suma la denuncia de la diputada Marcela Hernando (PR) en mayo de 2018, cuando tuvo que interpelar al entonces ministro de Salud, Emilio Santelices. En esa ocasión, acusó que el ingeniero Luis Barros Rodríguez trabajó en Sacyr luego de ser encargado de concesiones del Minsal durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Además, señaló que en su segundo gobierno, Barros Rodríguez había vuelto al gobierno, a la sección de inversiones y obras del Minsal.

Cabe mencionar que durante el año pasado, ingresó a la propiedad de la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, la Administradora General de Fondos Toesca, a través de la compra del 49% de Concesiones Viales Andinas Spa.

Se trata de una firma chilena, cuyos socios participaron de Celfin Capital y BTG Pactual anteriormente. Si bien su participación en Concesionaria Salud Siglo XXI es importante, Sacyr mantiene el control de la sociedad.

Problemas con los trabajadores en el Regional de Antofagasta

INTERFERENCIA se comunicó con trabajadores del Hospital Regional de Antofagasta, quienes denunciaron adversas situaciones laborales, en particular, debido a la pandemia por Covid-19. 

Wilson Gallardo, de Fenpruss (Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud), comentó que trabajó en el Hospital de Antofagasta antes de que fuera concesionado, y lo sigue haciendo ahora que es un nuevo hospital concesionado. 

Señaló que el sistema es aún peor que el de los hospitales públicos, pues se le agrega una cantidad importante de burocracia a la toma de decisiones.

“Antes los actores eran el director del Servicio de Salud, el director del hospital y nosotros los trabajadores. Así resolvíamos los problemas del hospital. Ahora se le suman dos actores más, un Inspector Fiscal del MOP (Ministerio de Obras Públicas) y la concesionaria que es la empresa privada”, señala Gallardo.

Este funcionario señala que como trabajadores deben ir al inspector fiscal para que funcione como intermediario entre la empresa privada y los trabajadores, complicando la resolución de las necesidades. 

“El director aparece como una figura atada de manos, lo que importa es el privado. El director tiene que levantar peticiones al inspector fiscal para resolver problemas”, dice, y agrega, “producto de eso ha habido problemas que ha sido difícil solucionar, como el aire acondicionado, por ejemplo, o los ascensores que pasan en mantención”. 

Además, nuestro medio conversó con trabajadores del área del aseo y lavanderías, quienes acusaron malos tratos de parte de la empresa concesionaria. 

Señalaron que cuando comenzó la pandemia, se encontraban en una situación de evidente vulnerabilidad debido a que no habían tenido capacitaciones para realizar sus labores según protocolos sanitarios que les garantizara seguridad de no contraer el virus. Además, señalaron que no contaban con los Elementos de Protección Personal (EPP).

Silvana González, del sindicato n°1 de trabajadores de la Concesionaria Siglo XXI, dice que han realizado concentraciones haciendo ver esta situación. “Conseguimos que se nos hicieran capacitaciones y se nos entreguen más implementos, además de que las embarazadas, ancianos y otras personas de riesgo se fueran a sus casas”, señala. 

En el marco de estas movilizaciones, consiguieron un acuerdo con la empresa para que no hubieran despedidos como represalia por la manifestación. Sin embargo, González denuncia que han habido más de 10 desvinculaciones.

“Nos ha preocupado mucho en particular la desvinculación de dos funcionarios, uno de apellido Asprilla y otro de apellido Carrizo. El primero es enfermo crónico y anciano, la empresa lo echó sin escrúpulos. Y el señor Carrizo era parte del Comité de Higiene y Seguridad, se preocupaba por los derechos de los trabajadores y fue despedido”, señala Silvana González. 

Debido a esto, acusa que los trabajadores tienen miedo de protestar por las condiciones en que trabajan. 

“Además nosotros, gente de aseo, lavandería y mantención, ganamos el mínimo. Antes cuando era público teníamos un sueldo más decente y un trato más digno”, dice González. 

INTERFERENCIA se comunicó con el área de prensa de esta sociedad concesionaria durante la tarde del día martes 9 de junio para consultar sobre estas denuncias. Al cierre de esta edición aún no habíamos tenido respuesta.