El trazado escogido por Gabriel Boric implica el abandono de otros proyectos que estaban en estudio, con lo que se despotencia la posibilidad de un tren de carga hacia el puerto de Valparaíso, lo que implica que el gremio de camioneros no tendrá competencia de trenes en lo inmediato en las rutas entre los puertos de Valparaíso y San Antonio, y la capital. En contrapartida, la propuesta concreta beneficiará a pequeñas localidades al norte de Santiago y a Viña del Mar.

La ruta unirá Quinta Normal con el sector de El Salto en Viña del Mar, con paradas en Batuco, Tiltil, Llay-Llay, La Calera, Limache y Viña del Mar. El proyecto completo implica una inversión de $3.820 millones de dólares. El trazado elegido, no llega directamente a la ciudad ni al puerto de Valparaíso, aunque los pasajeros podrán combinar con MERVAL.

Entre enero y septiembre de este año, la concesionaria -propiedad de la italiana Atlantia y Canada Pension Plan Investment Board- consiguió $104 mil millones en ganancias (luego de gastos e impuestos). Más que los $87 mil millones que ganó en todo 2021 y más que los $96 mil millones obtenidos en 2019, su mejor año hasta ahora. En 2023 las tarifas de autopistas subirán más de un 13%.

Los principales gestores de interés que han sostenido audiencias de lobby representando a la minera con entidades gubernamentales, han trabajado antes en gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. 

El ingeniero civil industrial, Eric Martin, asumió la presidencia de Ferrocarriles del Estado. Militante del Partido Socialista, Martin cuenta con un amplio currículum en el servicio público, destacando su paso como coordinador del área de concesiones del MOP entre 2014 y 2015, año de la licitación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. El plan consta del fortalecimiento de la red actual y el avance gradual en servicios interregionales.

El ministro Alfredo Moreno ha recibido críticas por la baja inversión en obras públicas, mientras que el MOP afirma que ha invertido más que en 2019. Además, tiene un conflicto con la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, que pide que el Estado pague parte de la inversión que han perdido este año. El ministro responde que harán respetar lo que digan los contratos, sin excepciones.

Tras más de un año de diálogo entre la minera y los vecinos del poblado ubicado en la comuna de Illapel, la mina controlada por la familia Luksic se negó a concretar el acuerdo alcanzado. Para los choapinos, la empresa está interesada en mantener un conflicto que le permite producir sin compensar a los pobladores. Además, llevan siete años tomando agua embotellada entregada por Antofagasta Minerals.

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.

Al contrato hecho por el subsecretario Arturo Zúñiga por $ 205 millones para arrendar una residencia sanitaria ligada a uno de sus subalternos, se suma ahora que el Servicio de Salud de Valparaíso, contrató un hotel que es negocio de la familia de Cristóbal Leturia del MOP, quien también es vicepresidente de la UDI.

La medida beneficia a Sacyr, un gigante español que se ha adjudicado concesiones en los cinco continentes y que controla la sociedad de privados que administra el hospital público. Esto, a la vez que funcionarios acusan bajos sueldos, falta de implementos y despidos como represalias.

La organización del foro empresarial buscaba marcar su evento como el inicio de un nuevo entendimiento entre la Política y la Economía. En el planteamiento no estuvo la tercera pata de la mesa: la Sociedad, por lo que en vez de mirar al futuro o a Davos, los empresarios terminaron mirando la política de acuerdos de los 90'.

Francisca Castro Fones era hasta ayer una de los cinco miembros del llamado Panel Técnico que arbitra los contratos entre Obras Públicas y las empresas concesionarias. Pero también es, a la vez, directora de Salfacorp, una de las mayores empresas constructoras del país. Esto llevó al ente contralor a emitir un dictamen de incompatibilidad.

Juan José Domínguez -quien llegó a ese cargo en julio de 2017- se ha reunido bajo ley de lobby durante su periodo con representantes de Aguas Nuevas S.A., la empresa que a través de cuatro filiales opera en cinco regiones del país, y cuyo directorio ya lo integraba en esa época el hermano de su padre, Vicente Domínguez Vial.

El actual titular de Hacienda posee un 20% de Viñedos Valles de Casablanca, compañía que desde julio de 2018 desarrolla un proyecto inmobiliario suburbano a pocos kilómetros de donde se podría ubicar una futura estación del tren Santiago-Valparaíso.

El ministro de Hacienda tiene un 20% de las acciones de Viñedos Valle de Casablanca, sociedad que cambió su objeto social en julio de 2018 para levantar un proyecto inmobiliario suburbano en Casablanca, a pocos kilómetros de donde estaría una futura estación del tren Santiago-Valparaíso.

La Corporación Reguemos Chile, presidida por el empresario agroindustrial Juan Sutil, impulsa el proyecto Carretera Hídrica, iniciativa que pretende construir un gran canal de regadío de cinco tramos para extraer agua desde el Río Queuco, Región del Bío Bío hacia la Región de Atacama. Un mega-proyecto que es cuestionado por diversas comunidades indígenas y expertos ambientalistas.

El mismo día en que INTERFERENCIA reveló que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había adquirido tierras indígenas, el director subrogante de la Conadi, Fernando Sáenz, declaró que la compra era legal. Pero en el caso Juan Pablo Longueira ha guardado silencio. ¿Por qué?

A Pedro Pablo Errázuriz le toca hablar bastante sobre los proyectos que buscan unir a Santiago con la región costera. Y eso que uno de estos pasaría por el aeropuerto, cuya concesión está en manos de una empresa en la que este militante de Evópoli es miembro del directorio.

Afectados por desalojo en San Fabián de Alico recurrirán a la justicia para que empresa italiana encargada del proyecto hidroeléctrico responda por el estado de los animales tras la demolición de sus viviendas. Denuncian que presentan desnutrición, diversas enfermedades e infecciones. El Ministerio de Obras Públicas apoya a la compañía y dice que sí han recibido los cuidados necesarios.