Mientras en el país se definía el desarrollo del primer plebiscito en más de treinta años, durante este fin de semana, escabullido en la noche uno o más sujetos entraron al sitio de memoria ex clínica Santa Lucía, una casona ubicada en la calle del mismo nombre, a los pies del cerro, en plena comuna de Santiago, que fue una clínica clandestina de la DINA durante la dictadura y un centro de tortura y exterminio. Destruyeron puertas y robaron los pocos objetos de valor que quedan en el lugar, evento que ya se repite por cuarta vez en un año.

El primer ingreso ilegal a la casa fue en diciembre del año pasado. Luego, se volvió a repetir en marzo, agosto y ahora octubre de este año. Lautaro Videla, quien dirige el sitio de memoria, cree que el primer delito pudo haber tenido intenciones de hostigamiento político, ya que coincidió con rayados en el frontis de la casona. Sin embargo, en los episodios posteriores no se ha repetido este patrón y han robado objetos de valor.

“La primera vez que ocurrió coincidió con rayados en el frontis, las siguientes veces fueron robos evidentes, donde rompieron puertas, a patadas, con mucha violencia”, cuenta Videla.

En el primer piso del lugar, también funciona la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quienes también denunciaron el hecho en sus redes sociales. 

El sitio se encuentra a tres cuadras de la Primera Comisaría de Carabineros. Y aunque Videla asegura que han solicitado más seguridad para el sitio, no la han obtenido. Ni Fiscalía ni Carabineros, “nadie lo ha ofrecido ni lo han hecho”, dice.

Agrega que el sitio, tras los robos reiterados, ha quedado con daños en el techo, ventanas y puertas. A esto se suma que por su antigüedad, presenta daños en paredes, pisos y filtraciones de agua. El lugar, como la gran mayoría de los sitios de memoria, no tiene un financiamiento estable que permita costear todos los gastos, y se ve obligado a postular a fondos concursables para ello.

“El único apoyo que hemos tenido vino del consejo de monumentos, por ser un monumento histórico, y también el municipio de Santiago ha hecho visitas para apoyar algunos arreglos”, añade Videla, quien además explica que en noviembre postularán a otros fondos que le permitan arreglar y proteger el inmueble.

Para ganar estos fondos, los sitios postulan y “compiten” entre sí. Este año, el Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria la Subsecretaría de Derechos Humanos –dependiente del Ministerio de Justicia–, fue cancelado y la subsecretaría, encabezada por Lorena Recabarren, anunció que destinaría estos fondos a otros programas. Esto dejó sin financiamiento a la mayoría de estos lugares de memoria. 

“Resulta incomprensible y preocupante que se nos informe que presupuesto destinado específicamente para organizaciones de derechos humanos, se utilizará para ejecutar dos proyectos que debieran ser parte del trabajo habitual y central del Área de Memoria Histórica de la Unidad Programa de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho esta unidad durante este tiempo?”, declaró la Red de sitios de Memoria, en un comunicado, en agosto de este año.

Consultada por esta cuarta vez que se repite el delito de robo en lugar no habitado en la ex clínica Santa Lucía, Teresa Monardes, una de las coordinadoras de la Red de Sitios de Memoria, señaló a INTERFERENCIA que esto se relaciona  con el abandono a las políticas de memoria por parte del gobierno.

“Creo que el hecho de que esto se haya producido de manera tan errática y específicamente a Santa Lucía por cuarta vez es un indicador de varias cosas, un indicador de actitudes claramente negacionistas, que atentan contra los espacios de memoria, de esta memoria incómoda por la cual muchos no quieren hacerse cargo. Y por otro lado revela la absoluta precariedad e indefensión en el cual están los sitios de memoria y memoriales”, afirma Monardes.

Además de retirar los fondos concursables, el gobierno rebajó el presupuesto de sitios como Londres 38 y Villa Grimaldi, que reciben fondos estables por parte del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. 

“Es un paralelo lo que lamentablemente ha ido ocurriendo con los casos de todos los que pasaron por esos lugares de tortura. Es decir, la misma lógica de no avanzar con los casos, de asesinados, desaparecidos y desaparecidas, se aplica a los espacios materiales donde ocurrieron los hechos, como no avanzar en la investigación, no designar fiscales, si se designa no avanza el caso, no se destinan recursos para peritajes adecuados, entonces evidentemente por todos lados falta voluntad política”, agrega Monardes.

Lautaro Videla afirma que fue testigo de que la PDI identificó a un sospechoso, ya que habría dejado un permiso para salir durante la cuarentena en la casona. Este sospechoso ya tendría antecedentes delictuales de este tipo. Sin embargo, no han tenido novedades en el avance del caso. En tanto, junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, piensan reforzar medidas de seguridad, como cámaras y alarmas en la casa.

Según cuenta Videla, junto a la Comisión, están evaluando presentar esta semana una denuncia que consolide los cuatro robos en una investigación.