La relación entre minera Los Pelambres,- de propiedad de Antofagasta Mineral de la familia Luksic-,  y las autoridades del valle del Choapa ya es una historia de años, desde la instalación de la empresa en la zona, en 1992. Es que no ha pasado desapercibida ni para los habitantes de la zona, ni para la misma Contraloría.

La mayoría de las donaciones se realizan a través del programa “Somos Choapa” de Minera Los Pelambres, metodología diseñada por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

Ya en agosto de 2018, Contraloría publicó un informe donde confirmaba la “desaparición” de 1.600 millones de pesos aportados por Minera Los Pelambres a la municipalidad de Salamanca, mientras que otros 2.067 millones de pesos, también donados por la minera para proyectos sociales, se habían destinado a “gastos propios del municipio”, como salarios de funcionarios. El informe, que también se remitió al Consejo de Defensa del Estado y a la fiscalía, se hizo público tras un reportaje del 2017 de CIPER, que reveló cómo el municipio, que en ese momento era dirigido por Gerardo Rojas Escudero (PPD), había recibido al menos 7.200 millones de pesos en donaciones de minera Los Pelambres, y que con ese dinero la municipalidad había sorteado un déficit histórico de sus arcas.

La mayoría de las donaciones se realizan a través del programa “Somos Choapa” de Minera Los Pelambres, metodología diseñada por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi para el relacionamiento de la empresa  con las comunidades.

La misma nota da cuenta de cómo, la misma municipalidad se ha pronunciado como juez y parte en proyectos de la minera, como cuando en 2012 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió al municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres, al cual se manifestó “conforme”. 

Sin embargo, han pasado más de dos años del informe de Contraloría y aún estos conflictos de intereses persisten. Según indagó INTERFERENCIA, en este caso con el alcalde de Illapel y su hijo, quien aparece como lobbysta de Antofagasta Minerals en el registro de ley de lobby, y en el caso de una CORE de la zona.

El actual alcalde de Illapel es Denis Cortés Vargas (Independiente), quien anteriormente fue concejal por 12 años en la misma comuna. Es un conocido residente de la zona del Choapa. Durante su mandato,  fue denunciado por un  grupo de concejales que afirmaron que había dilatado el desarrollo de sumarios, lo que provocó un dictamen del tribunal electoral que lo responsabilizó de los hechos.

Según el registro de ley de lobby, Cristián Cortés Aguilera tuvo dos audiencias, representando a Minera Centinela y a Antofagasta Minerals.

La relación de Denis con Los Pelambres parece ser la habitual de los alcaldes de la zona, que reciben donativos de la minera para proyectos sociales. Entre 2013 y 2019, la municipalidad de Illapel recibió 1.841 millones de pesos en aportes de la minera, según investigó hace unos meses Radio Juan Gómez Millas. Sin embargo, Cortés también tiene otro vínculo con la minera: su hijo aparece en el registro de lobbystas como empleado de Antofagasta Minerals, principal dueño de Los Pelambres.

Según el registro de ley de lobby, Cristián Cortés Aguilera tuvo dos audiencias, representando a Minera Centinela y a Antofagasta Minerals. Centinela es una minera que se encuentra en la región de Antofagasta y que produce principalmente concentrado de cobre. Un 70% de su propiedad pertenece a Antofagasta Minerals.

La primera reunión registrada por el hijo del alcalde es del 2017, con José Guerrero, alcalde de Sierra Gorda. Está registrada como una reunión protocolar entre diversos gerentes de minera Centinela y el alcalde, donde aparece Cortés Aguilera.

La segunda reunión registrada es del 2 de octubre del año pasado, con el intendente de la región de Antofagasta, Marco Antonio Diaz Muñoz y  donde Cortés Aguilera aparece como gestor de intereses de Antofagasta Minerals. En ella, se trató el tema de una propuesta de empleabilidad para la región. En el encuentro, también participó Anibal Chamorro Alcaíno y Rosa Eliana Salas Nuñez, de Antofagasta Minerals.

Entre los millonarios donativos de Los Pelambres a la municipalidad y que el hijo del alcalde tenga un vínculo laboral con Antofagasta Minerals, los habitantes de Illapel desconfían de la imparcialidad de Denis Cortés frente a los intereses de la minera.

“Si su hijo trabaja para ellos, y acá todos los conocen, son pueblos chicos, entonces, uno desconfía que pueda ser objetivo el alcalde, que pueda atender los problemas que tienen los vecinos con la minera”, comentó un dirigente vecinal de la zona a INTERFERENCIA.

INTERFERENCIA intentó comunicarse con el alcalde de Illapel a través de los medios oficiales, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Doble función: Core y Junta de vigilancia

Hace treinta años el río Choapa bajaba con fuerza por su lecho dando vida a la pesca de camarones y peces, en el valle del mismo nombre, ubicado en la región de Coquimbo. La agricultura y la ganadería pujaba con fuerza en toda la provincia, así como la actividad pesquera en la costa de Los Vilos. La llegada de minera Los Pelambres a la zona, en 1992, la instalación de extensos cultivos de paltos y la sequía, transformaron la realidad de todos quienes habitan estas tierras. Del afluente del río, queda muy poco y la falta de recursos hídricos se ha transformado en un problema para los lugareños.

La distribución y administración de las aguas es un factor fundamental en una zona declarada con escasez hídrica. En eso, cumple un rol fundamental la Junta de Vigilancia del río Choapa, que tiene como misión “administrar y distribuir las aguas superficiales del río Choapa y sus afluentes, de acuerdo a los derechos de aprovechamiento de cada usuario, velando por la cantidad del recurso".

La Junta de Vigilancia del río Choapa se “constituyó legalmente el 9 de agosto de 1995 y actualmente, está compuesta por 98 comunidades de aguas  desde Cordillera  hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, con un total de 18.250 acciones permanentes, eventuales y continuas, con alrededor de 4 mil usuarios del agua”, así lo expone la entidad en su memoria de 2017.

El directorio de la Junta de Vigilancia electo el 20 de julio de 2019 estará a la cabeza hasta 2021. Según fuentes ligadas a esta entidad “las elecciones en general son acuerdos entre los mayores accionistas ( la minera) para mantener el control de las decisiones, esto se puede evidenciar en el resultado de las votaciones donde la distancia entre un candidato y otro son lo mínimo necesario para construir una jerarquía”.

Dentro de las autoridades permanentes de la junta de vigilancia se encuentra el cargo de gerente general quien se encarga de la ejecución de las operaciones. Por cerca de una década Angela María Rojas Escudero ofició en este cargo del que fue desvinculada el pasado octubre, paralelamente ejercía como Consejera Regional de la provincia de Choapa durante el periodo 2014-2018 y siendo reelecta para el periodo 2018- 2022.  En ambos cargos Angela María recibía remuneración, tal como ella lo confirmó en conversación con INTERFERENCIA. 

"Es bueno para una persona que es electa de forma popular hacer la vida normal de un pueblo y con respecto a minera Los Pelambres, nunca fui santo de su devoción"

Al consultarle si consideraba que existía conflicto de interés a la hora de ejercer un cargo que de forma indirecta era financiado por minera Los Pelambres y ejercer su labor como Consejera Regional, Angela María expresó: “creo que al contrario, porque es bueno para una persona que es electa de forma popular hacer la vida normal de un pueblo y con respecto a minera Los Pelambres, nunca fui santo de su devoción y estando dentro podía tener mayor información sobre lo que pasaba. No existe ninguna incompatibilidad, antes de ser CORE era de la Junta de Vigilancia”. 

“Pelambres no le hace un favor a la junta ni a nadie poniendo plata. Es su responsabilidad, es una forma que ellos tienen de pagar sus pecados. Tienen que devolver de alguna forma a la comunidad todo el daño que están haciendo. Yo nunca tuve ningún vínculo con Pelambres”, afirma Angela María.  

La Consejera Regional también señaló a INTERFERENCIA su versión sobre su desvinculación con la junta de vigilancia: “A mí me echaron de la junta de vigilancia, porque yo no les llevaba las de abajo a  Minera Los Pelambres, ellos siempre quisieron echarme, ahora que tiene varios directores que son financiados por ellos lo lograron. Yo soy de este valle y quiero seguir siendo. No estoy en contra de la minería, pero no voy a permitir que vengan a sacar todos nuestros recursos naturales”.  

Gerardo Rojas, su hermano, fue la principal autoridad mencionada por Contraloría en su informe de 2018, como responsable de recibir las donaciones “desaparecidas” de Minera Los Pelambres.

Angela Maria Rojas, fue secretaria regional ministerial (Seremi) de Agricultura durante el gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2002, al igual que el ex presidente, la consejera regional es militante del Partido por la Democracia PPD. Igual que su hermano Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca. 

Gerardo Rojas, su hermano, fue la principal autoridad mencionada por Contraloría en su informe de 2018, como responsable de recibir las donaciones “desaparecidas” de Minera Los Pelambres, durante su gestión como alcalde de Salamanca.

“Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, comentó hace tres años el actual alcalde de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), sobre esos dineros. 

Tras este episodio, esta administración se ha hecho cargo del déficit de financiamiento de la municipalidad, lo que incluso costó una orden de detención a Gallardo por una deuda de más de mil millones de pesos de la municipalidad con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. Finalmente el litigio finalizó con un dictamen del Tribunal Constitucional que determinó la liberación del alcalde.

Actualmente, la hija de Ángela Rojas y sobrina del ex alcalde de Salamanca, Irene Oyarzún Rojas, se desempeña como Analista de red hidrometeorológica, en la Dirección General de Aguas (DGA). Es ingeniera agrónomo y percibe una remuneración de 2.3 millones brutos, según se consigna en el portal de transparencia activa. Actualmente se encuentra ocupando el puesto de jefa provincial subrogante.

Irene Oyarzún trabajó como fiscalizadora de la DGA entre 2015 y 2018, -que entre sus labores, fiscaliza pozos de Los Pelambres en la zona-, mientras su madre era parte de la junta de vigilancia del río. Sin embargo, desde hace dos años realiza labores de hidrología. 

Oyarzún señaló a INTERFERENCIA que “no habría ningún conflicto de intereses” en el desarrollo del trabajo en la DGA entre 2015 y 2018, ya que según el Código de Aguas, el rol de fiscalizar cursos de aguas es parte de las labores que debía realizar y que lo cumplió según indica la ley. 

Según fuentes de la DGA, incluso es la misma junta de vigilancia que muchas veces denuncia hechos para ser fiscalizados, por lo que ambas instituciones incluso tendrían fines en común.

Minera Los Pelambres no solo ha financiado a municipalidades de su zona de operación e  impacto, sino que también ha mantenido en buena parte las finanzas de la Junta de Vigilancia, encargada de velar por la administración de las aguas en la zona.

“Desde 1998 esta Junta de Vigilancia, con el apoyo de minera Los Pelambres, ha buscado optimizar el uso del recurso hídrico del valle de Choapa, para lo cual se estableció la Comisión de Recursos Hídricos” que ha operado desde 1999 a 2019 con un financiamiento anual de  93 millones. Asimismo, Los Pelambres a través de su fundación y con la Junta de Vigilancia se encuentran ejecutando el“fondo rotatorio extrapredial y riego intrapredial” desde el año 2009 hasta el 2021 con un costo anual de 524 millones de pesos. De esta misma forma, la asociación entre la Junta de Vigilancia y Minera Los Pelambres ha ejecutado el proyecto Seguimiento Ambiental Integral (SAI) entre el año 2011 y 2021 con un costo anual de  96 millones. 

Todos estos proyectos son parte de las donaciones que entrega Minera los Pelambres a la Junta de Vigilancia, lo que termina complejizando la capacidad de dicha entidad de fiscalizar el uso y la distribución de las aguas en la zona, puesto que según fuentes de esa entidad estas platas son también las que permiten pagar los sueldos de los funcionarios que ahí ejercen.