Exactamente 148 páginas tiene la investigación secreta que realizó el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) y que descubrió certificados falsos que fueron ingresados en 170 juicios civiles del Banco Santander.

La indagatoria que publica íntegramente Interferencia, revela que el abogado Juan Pablo Mainguyague, profesional externo a la casa financiera, modificó dolosamente los documentos que cuentan con Firma Electrónica Avanzada (FEA) usando una fórmula tan simple como creativa.

Lea la investigación completa del CBRS.

Ocurre que Mainguyague ejecutó el software Word 19, “rompió” la FEA, guardó los certificados en su computadora como PDF, pero olvidó un detalle que lo delataría: los metadatos. O en otras palabras, la información del primer autor, en este caso el CBRS, no pertenecía a ninguno de los funcionarios sino precisamente a este último.

Con esa información, la entidad registral revisó una serie de juicios civiles donde el Banco Santander figuraba como demandante, gracias a la información proporcionada por un estudiante de Derecho de la Universidad Uniacc que detectó la anomalía en el listado de remates que publica el Poder Judicial en su página web.

Metadatos

De acuerdo a la indagatoria, la falsificación fue “sistemática y metódica, afectando gravemente la fe pública y la integridad del sistema judicial y registral”.

Al conocer la situación, el Santander inició de inmediato una revisión interna, ya que sus protocolos de revisión habían sido vulnerados en su totalidad. Por cierto Mainguyague fue despedido y a las pocas semanas, tal como lo reveló este medio, la casa bancaria interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Si bien el CBRS descubrió solo 37 causas, el banco detectó -al menos hasta ahora- anomalías en tribunales civiles de Santiago, Viña del Mar y Antofagasta.

En la acción legal, en todo caso, aseguró que la actuación delictual de Mainguyague, solo estuvo destinada a dar celeridad a los juicios, cobrar honorarios, pero que los casos están apegados a la legalidad.

Como haya sido, el Pleno de la Corte de Santiago conoció la denuncia interpuesta por el Conservador y advirtió a los funcionarios de los tribunales civiles que  en lo sucesivo deben confirmar -usando la Firma Electrónica Avanzada- la veracidad de los certificados de gravámenes e hipotecas antes de integrarlos al proceso judicial.