La Corte de Apelaciones de Santiago advirtió a los tribunales civiles de la Región Metropolitana, poner atención a los documentos digitales emanados del Conservador de Bienes Raíces (CBRS) que son presentados en juicio.

La determinación del tribunal de alzada capitalino -fechada el 1 de agosto de 2024- se funda en una investigación interna realizada por el CBRS, que arrojó la existencia de 37 certificados emitidos y allegados a causas ligadas al Banco Santander, que contienen código QR verdadero, pero el contenido del documento que se descarga no corresponde al original.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Interferencia, los documentos ingresados a “juicios ejecutivos” -además- no cuentan con la firma electrónica avanzada que permita verificar la autenticidad de los mismos.

“Los documentos que fueron objeto de la pesquisa no presentan firma electrónica avanzada y que, al efectuar la descarga del archivo desde la página web respectiva con el código de verificación que figura en cada uno de ellos, se despliega un archivo distinto, con excepción de un documento en el que se contiene un código inexistente”, detalla.

El dictamen establece que el supuesto autor de los ingresos es  el abogado Juan Pablo Mainguayague, quien hasta antes de ser despedido el pasado 19 de junio, era un profesional externo al Santander y cuyo comportamiento es investigado por el banco.

El estudiante

Los hechos no solo quedaron al descubierto por el informe del CBRS, sino además por una revisión que realizó el estudiante de Derecho, Christian Bunger, a los remates publicados en la web del Poder Judicial.

En su búsqueda, Bunger encontró 129 documentos similares ingresados a litigios civiles que incluyen casos en Puente Alto, San Miguel, San Bernardo y la Región de Antofagasta, los que fueron entregados a la Corte Suprema.

Atendida la gravedad de la situación, el CBRS interpuso una denuncia en la Fiscalía Centro Norte, por el delito de falsificación de documento público.

Se sabe hasta ahora que de los 30 tribunales civiles que existen en Santiago a 26 llegaron los documentos adulterados.

Bien emitidos

En conversación con este medio, el Conservador Luis Maldonado, confirmó lo resuelto por la Corte de Santiago.

Explicó que la situación quedó al descubierto gracias a la denuncia de Bunster y de inmediato se realizó una revisión pormenorizada de los documentos.

El encargado fue el auditor Mario Saquel, quien estableció que no existía responsabilidad del CBRS sino que la falsificación fue obra de un tercero. Ello, toda vez que los documentos que entraron en distintos juicios, no fueron verificados debidamente, dijo Maldonado.

“Nosotros emitimos los certificados de gravamen y posesión y dominio vigente y alguien manteniendo la firma electrónica nuestra, cambió el texto del documento y los envió a los juzgados, donde no se dieron cuenta y no revisaron”, agregó.

“Yo fui a hablar personalmente con el presidente de la Corte Suprema como también con la ministra visitadora Jenny Book, a quien les entregué los antecedentes y se adoptaron las medidas de rigor”, continuó.

Maldonado insistió: “Nosotros emitimos bien los certificados y otra persona lo falsificó (..) pero esto es nuevo, nunca nos había ocurrido”.

Banco sorprendido

En junio pasado el auditor Saquel advirtió a la gerencia de Collection and Recoveries del Banco Santander, que documentos adulterados habían sido ingresados en al menos uno de los juicios del banco.

Los ejecutivos estaban sorprendidos; dijeron que era la primera vez que oían del tema. Sin embargo, lo que desconocían es que en una de las tantas causas tramitada precisamente por Mainguyague, el tribunal detectó un certificado falso y envió los antecedentes al Ministerio Público.

Mainguyague, en todo caso, jamás informó del tema y se inició una investigación interna -que está en plena tramitación- para establecer responsabilidades, siendo despedido el 19 de junio pasado.

En la denuncia interpuesta por el CBRS ante el Ministerio Público, se lee: “Sin perjuicio de que se desconoce el motivo por el cual se falsificaron los certificados del CBR, esta conducta podría buscar agilizar indebidamente los procedimientos de cobro. Por otro lado, también es posible que lo que se buscaba era evitar el pago de los costos de las inscripciones y emisión de certificados por parte del CBR, lo que sin embargo, sí se cobraban al banco por el abogado”.

Al mismo tiempo, señala la presentación, “no existe certeza si esta conducta fue ideada e implementada por el abogado Mainguyague, o si fue algún integrante de su equipo se le ocurrió la idea (...)”.

Como sea, el marido engañado en esta historia es el Banco Santander.