El siguiente artículo fue publicado por Agência Pública el pasado 6 de enero y es de autoría de Tânia Passos. 

"No existe el planeta B". La frase de la diputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) retrata la urgente preocupación por la degradación del medio ambiente y justifica la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), de su autoría, que apunta a hacer de la naturaleza sujeto de derechos fundamentales. El cambio supone imputar a los poderes públicos el deber de defenderlo y preservarlo. La PEC sobre Derechos de la Naturaleza también establece la imposición de sanciones penales y administrativas a quien actúe en contra de los derechos garantizados por ella.

Con el 40% de firmas de las 171 requeridas para que la PEC entre en trámite, la diputada se muestra optimista, incluso ante un Congreso con un fuerte grupo ruralista. “No existe una vacuna para el tema climático, esto depende de un cambio de conciencia. […] Es necesario que el Congreso Nacional tome esta medida para evitar ser ‘futurocida’”, afirma.

La PEC cuenta con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como Avaaz, una comunidad de movilización social internacional que tiene como uno de sus proyectos la petición de reconocimiento del ecocidio. “Brasil tiene una oportunidad histórica de posicionarse como un verdadero líder climático. La aprobación de la PEC demostrará que estamos realmente comprometidos con el futuro de las personas y del planeta”, subraya la coordinadora de campañas de Avaaz, Bia Calza.

La PEC sobre Derechos de la Naturaleza sigue la tendencia ya adoptada en países como Ecuador y Bolivia. Algunas ciudades brasileñas ya reconocen a la naturaleza como titular de derechos, como Bonito y Florianópolis.

Según el fiscal general de la capital catarinense, Zany Leite Jr., el 70% de la isla de Florianópolis está preservado. En 2019, una modificación de la Ley Orgánica del municipio cambió la redacción del art. 133, que prevé la diversidad y la armonía con la naturaleza y otorga la titularidad de los derechos.

“Esta ley la veo importante en el aspecto sociológico e ideológico para ilustrar la concepción antropocéntrica del derecho, que está muy centrada en el hombre, y pasa a tener una visión biocéntrica o ecocéntrica, más centrada en la naturaleza”, afirmó el fiscal. Según él, desde que está a cargo de la dependencia no ha habido registro de castigos a agresores ambientales con base en el dispositivo.

Dificultades en la aprobación desde el principio

Incluso con apoyo, es probable que la PEC sobre los Derechos de la Naturaleza enfrente dificultades en el Congreso. “La PEC puede anular la legislación actual, considerando que crea una nueva prioridad, por lo que creo que es muy difícil que sea aprobada en la forma en que está, aunque esté bien fundada”, dice la abogada Paolla Alves, de la firma João Domingos Abogados, que representa a clientes vinculados al agronegocio.

Para el abogado constitucionalista y politólogo Pedro Chaves Beff, de la firma Chaves e Azevedo, la PEC llega en un momento de discusión internacional muy fuerte sobre la cuestión climática. Sin embargo, hay al menos dos elementos a considerar.

Unión y urgencia

La diputada Célia Xakriabá entiende que el desafío de aprobar la PEC se basa en la importancia del debate. “Tener legislación ambiental en la Constitución Federal brinda un apoyo diferenciado. […] La pregunta es ¿por qué la gente se ha distanciado tanto de la tierra y de las cuestiones medioambientales? Parece que el entorno son sólo árboles. De hecho, la cuestión ambiental somos nosotros”, afirmó, recordando que la propuesta refuerza la lucha activa contra el cambio climático en Brasil, en el año en que el país presidió el G20, y se da en el contexto de la propuesta de crear el Consejo de Cambio Climático en Naciones Unidas y en vísperas de la COP30, en 2025.

Xakriabá es una de las cuatro mujeres indígenas electas a la Cámara de Diputados. Tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Brasilia (UnB), un doctorado en antropología de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y es una de las fundadoras de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad. La diputada, destaca el papel de los pueblos indígenas en la protección del 83% de la biodiversidad.

“Los pueblos indígenas representan el 20% de la solución para detener la crisis climática, y las personas con comunidades tradicionales, como la comunidad quilombola, representan el 30%. […] Entonces reconocer estos elementos como sujetos de derecho es reconocer la continuidad de un planeta”, destacó.