Las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, han generado un amplio debate en el ámbito deportivo y político. Su afirmación de que "no tengo inconvenientes en paralizar el fútbol si los clubes no cumplen con la ley" difundidas por suplemento de deportes de El Mercurio ha sido interpretada por algunos como una intervención poco afortunada en la autonomía del deporte rey, mientras que otros la ven como una amenaza necesaria, dado el escenario fáctico reciente, para garantizar la seguridad en los eventos masivos.

Es fundamental analizar estas declaraciones en su contexto. El ministro Cordero asumió su cargo en un momento crítico, tras incidentes graves en el estadio Monumental que resultaron en la muerte de dos hinchas. Frente a ese panorama, sombrío como un penal en contra, su decisión de poner fin al programa Estadio Seguro y exigir planes de seguridad adecuados por parte de los organizadores de eventos deportivos, refleja una postura firme, propia de una visión de los fenómenos sociales centrada en exigir que los privados se hagan cargo de sus intereses con responsabilidad. Pero olvida el ministro que también resulta afín a las ideas de su propio sector esperar que el Estado interviniera no solo para exigir, sino también para aportar. Y mucho.

Efectivamente sus palabras no parecen neutras, sino que revelan un cierto desinterés por el juego mismo: paralizar el fútbol, no le produce inconvenientes, en circunstancias que uno esperaría que así fuera; que una medida tan dramática y lamentable no fuese trivial. Olvida el señor ministro que, a pesar de que su cartera está centrada en la seguridad y que -al parecer- no le gusta el fútbol, para muchos de nosotros el fútbol es importante.  Y muy importante.

Desde una perspectiva estrictamente legal, el Ministerio de Seguridad Pública tiene la responsabilidad de velar por la seguridad en eventos masivos. Sin embargo, es esencial que esta labor se realice sin olvidar que si -como su nombre lo indica- son masivos, para muchos, quizás demasiados, no es indiferente que tengamos que renunciar a ellos porque los poderosos (los dueños de los clubes y el Estado) no han sido capaces de evitar que dichos espectáculos se desenvuelvan de manera poco segura.

Por lo mismo, pese a que no pareció cuestionable que el ministro arrojara a la basura el programa Estadio Seguro (por no lograr sus fines) No parece razonable que la alternativa actual se exprese tan solo en desligarse del problema y exigir a los particulares que se hagan cargo. Insisto, esa visión parece más propia de un Estado Policial distante de las ideas de su propio sector. 

La clave está en encontrar un equilibrio entre la seguridad y el fomento del deporte. Sobre todo, hoy que nos encontramos en un punto muerto, en que, por ejemplo, aún no tenemos fecha para que se juegue un partido de toda la relevancia como la Supercopa del Fútbol Chileno, que enfrenta a los equipos más populares del país. Los clubes deben asumir su responsabilidad en la organización de eventos seguros, que duda cabe. Deben cumplir la ley: “nadie está sobre la ley” parece ser el eslogan de moda en estos momentos. Pero no olvidemos que, si aplicáramos ese criterio como principio de acción, esto es “si los particulares no son capaces de hacerlo de manera segura, no se hace” terminaríamos quedándonos todos en nuestras casas encerrados.

¿No hubiese sido mejor que el Señor ministro se hubiese puesto en campaña, con toda la seriedad que su responsabilidad importa, para que nunca más tengamos que quedarnos sin fútbol?

El Estado tiene las herramientas, no solo cerrar por fuera. 

*Roberto Rabi González es escritor, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal y Penal e investigador de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH).