La historia de las elecciones de rector se repite en la Universidad de Santiago. 

En 2019 y en 2022, los profesores por hora de clases reclamaron por su exclusión de las votaciones para elegir a la máxima autoridad. En ambas ocasiones, el Tribunal Electoral (TER) dio la razón a los impugnadores. Y en ambas ocasiones, la USACH apeló al fallo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En 2019, el Tricel revirtió el fallo y dio la razón a la universidad. Hoy, nuevamente, la estrategia definida por la Junta Directiva de la USACH es apelar al fallo y esperar a que lleguen las nuevas elecciones.

Sin embargo, el enfrentamiento legal no le ha salido gratis a la USACH. 

Para levantar una estrategia de defensa ante la impugnación de las elecciones, la Universidad de Santiago suscribió un trato directo con el Estudio Colombara, por 2.500 UF —unos $98,1 millones al cambio de hoy—, a pagarse en cuotas según el avance del caso. 

El primer pago de 800 UF se realizó con un estudio previo y análisis de los antecedentes y otras 200 UF al dictarse la sentencia definitiva del Tribunal Electoral. Según el contrato, la USACH pagará “adicionalmente, la suma de UF 1.500 como premio, para el caso de rechazarse el reclamo mediante sentencia firme y ejecutoriada”.

Para justificar el trato directo, la USACH presentó un documento en Mercado Público argumentando que: “El conocimiento público que generaría el convocar a un proceso licitatorio para la contratación requerida podría poner en serio riesgo su objeto y eficacia, siendo probable que la parte impugnante del proceso eleccionario tome conocimiento de la estrategia judicial definida por esta corporación”. 

La contratación fue reclamada por Bruno Jerardino Wiesenborn, Director de la Asociación de Académicos y Consejero Universitario USACH, ante la Contraloría.

En su reclamo, Jerardino solicitó un pronunciamiento y eventual investigación, sobre la legalidad del trato directo, considerando que “la aprobación formal por acto administrativo de la contratación se realizó después de que ya el servicio se estaba ejecutando y se había encargado”. Así como que “la imputación presupuestaria de la contratación no cubre la totalidad del gasto, y en este caso se estipula un ‘premio’, cuestión que en materia de compras públicas estimamos no es procedente”.

Respecto a la elección de Estudio Colombara, la presentación ante el ente contralor apunta a que “no existe una justificación legal y técnica (...) teniendo presente la existencia de otros estudios profesionales de igual o mayor expertis, es decir no se estableció que factor distingue al estudio contratado de otros de la competencia, considerando además que el servicio cuenta con una Dirección Jurídica poblada de numerosos abogados”.

Consultamos a la universidad por las razones para elegir al Estudio Colombara sobre otros. Desde la institución señalaron que “era necesario externalizar el juicio dado el alto nivel de especialización que requiere la tramitación de un litigio en sede judicial electoral”.

En esta línea, apuntan a que “Colombara es un estudio con más de 30 años de experiencia en el ejercicio del derecho público, con énfasis en litigación compleja” y que la contratación se hizo en el marco de la ley que regula las compras públicas “vía contratación directa debidamente fundada, aprobada por la Resolución 5526 de 18 de julio de 2023”. 

Así también detallaron que “la fórmula anterior no es nueva, ya que fue la misma a la que se recurrió por parte de la universidad el año 2019 con la anterior impugnación de elección de rector. En esa oportunidad se contrató a la oficina Ferrada Nehme”.

Respecto a los pagos aclaran que ya se entregaron 800 UF del primer hito. Sobre el “premio” de 1.500 UF por el rechazo del recurso de los profesores hora señalan que “son totalmente eventuales y sujetas al resultado del juicio en sentencia definitiva, lo que no se ha verificado, toda vez que a esta fecha aún están pendientes los alegatos y fallo del Tricel”.