Una vez más, las frías y distantes aguas de un área marina protegida en la Patagonia chilena es el escenario de una tragedia ambiental evitable. Un ejemplar juvenil de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) encontró su muerte en el Seno Skyring, remoto sitio en la Patagonia chilena, el cual -en teoría- debería haber sido un refugio seguro para su especie. Este trágico evento no constituye una anomalía. Es tan solo un sombrío recordatorio de que la protección ambiental de las especies vulnerables en Chile, suele ser una mera declaración de intenciones y retórica vacía con fines políticos-comunicacionales que contrastan con la realidad.

El hallazgo, reportado con la habitual opacidad por operarios de una empresa salmonera que no fue identificada, activó el protocolo del Servicio Nacional de Pesca: toma de muestras y la apertura de un sumario. Sin embargo, surgen de manera inevitable preguntas incómodas, tales como: ¿Cuántos expedientes administrativos duermen en algún archivo por causas idénticas?, ¿Se traducen estos trámites en rendición de cuentas reales o son, más bien, un ritual burocrático que asegura la plena impunidad de los hechores, una especie de sicarios del modelo productivo exportador que opera con patente de corsario?

Con este ejemplar juvenil de ballena jorobada suman cerca de 20 registros de ballenas muertas desde 2022, la mayoría dentro de áreas formalmente categorizadas como "áreas protegidas", las cuales están convertidas en centros industriales para la engorda de salmones destinados a la exportación. Estas muertes adquieren un matiz particularmente amargo al recordar la simple y clara promesa realizada en la región de Magallanes por el Presidente Gabriel Boric, un lejano 4 de mayo de 2022, cuando afirmó que las empresas salmoneras tienen que salir de las áreas protegidas, afirmación que en dicho momento alimentó en la ciudadanía la esperanza del comienzo de cambios verdaderos.

El optimismo inicial se mantuvo meses después, cuando en noviembre de 2022, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, anunciaba con notable aplomo el inminente retiro de una de las empresas, enfatizando que no habría "ninguna relocalización de ningún tipo, durante este gobierno". Este anuncio coincidía con la divulgación de imágenes submarinas que mostraban la devastación del fondo marino en el seno Skyring, mostrándolo blanquecino y asfixiado por los desechos orgánicos acumulados durante décadas por el accionar de la industria salmonera. La evidencia científica y visual era, y continúa siendo, abrumadora.

No obstante, la maquinaria política y comunicacional, sumada a la realpolitik, ha sido más poderosa que la inicial declaración de voluntad presidencial. Un año después, en diciembre de 2023, los ministerios de Economía y Medio Ambiente comunicaban la existencia de un vago "acuerdo público-privado" para "avanzar" en la salida de la industria salmonera de las áreas protegidas. Sin embargo, en la realidad sólo existió estancamiento e irregularidades. Según denuncias de las comunidades costeras locales, se hizo exactamente lo contrario, al reubicar centros de engorda salmoneros que se encontraban con expedientes sancionatorios abiertos, debido a graves violaciones a la normativa acuícola, sanitaria y ambiental.

La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de medioambiente locales, junto a comunidades de pueblos originarios, en un esfuerzo por llamar la atención pública sobre esta situación de violación de acuerdos internacionales suscrito por el país, divulgó un informe del Relator de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, presentado en marzo de 2024 ante el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, donde afirmaba que la salmonicultura industrial constituye una de las principales amenazas para la estabilidad ambiental de la Patagonia, razón por la cual recomendaba establecer una moratoria inmediata, llamado que encontró oídos sordos en el palacio gubernamental de La Moneda y su morador.

Mientras la institucionalidad y la clase política-empresarial debaten y se ponen de acuerdo, el billonario negocio exportador salmonero -que alcanzó los US$ 6.400 millones (6,4 billones de dólares) durante el 2024- continúa expandiéndose, habiendo anunciado ante los candidatos presidenciales su propuesta de duplicar sus actuales producciones de 1 millón de toneladas anuales de salmónidos para el 2040 en las regiones del Wallmapu y de la Patagonia. Todo de la mano de capitales y tecnología noruega, japonesa, china, canadienses y alemanes, entre otros.

Actualmente, existen 32 empresas, nacionales y transnacionales que controlan 408 concesiones salmoneras industriales que operan dentro de Parques Nacionales y áreas protegidas de las regiones patagónicas. Ellas representan el 40% de la producción chilena anual de salmónidos. Por ello, las Reservas de Las Guaitecas y Kawésqar -lejos de estar siendo protegidas por el Estado- se encuentran en una fase de sistemática ocupación, mediante procesos de relocalización de centros salmoneros.

Durante el último semestre del 2025, tres ballenas muertas han sido registradas en áreas protegidas del sur de Chile, adyacentes a centros industriales de engorda de salmones, asociado a un activo tráfico diario de aproximadamente 1.000 naves de carga vinculadas a esta industria exportadora. Los casos ocurrieron en el Seno Glacier (Reserva Nacional Kawésqar), región de Magallanes, y en el Parque Nacional Laguna San Rafael, región de Aysén, evidenciando que los impactos derivados de la expansión de la salmonicultura industrial en aquellas zonas, que teóricamente son resguardadas por el accionar estatal, no disminuyen en intensidad.

A tan sólo cuatro meses de finalizar su gobierno -autodenominado inicialmente como “ecológico”- la promesa del presidente Boric yace tan inerte como la ballena juvenil en la Ensenada Lorca. Esta muerte no solo constituye una pérdida biológica incalculable para el proceso de recuperación de la población de una especie vulnerable. Es el símbolo de una gobernanza donde los discursos y promesas nunca se encontraron con la realidad. La pregunta que sigue soplando en el viento y flota en las gélidas aguas del seno Skyring, no es cuándo los gobernantes cumplirán con los urgentes compromisos de protección ambiental, sino que si alguna vez tuvieron la más mínima intención de hacerlo.