Este lunes se conmemoran cuarenta años desde la suscripción del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Rubricado el 25 de agosto de 1985, este pacto, concebido en un contexto de acentuada polarización y represión bajo el régimen militar, sentó las bases para el retorno pacífico a la institucionalidad democrática, materializado en los años subsiguientes. La firma de este acuerdo se dio en medio de un contexto gestado entre la clandestinidad y la resistencia, que buscaba desesperadamente una vía de escape a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Acuerdo, impulsado por diversas facciones políticas de oposición —desde la Democracia Cristiana hasta sectores del socialismo moderado— y figuras independientes de reconocido prestigio, representó un esfuerzo concertado por hallar una solución negociada a la profunda crisis política, social y de derechos humanos que asolaba la nación. 

Entre los postulados fundamentales del Acuerdo se destacaba la exigencia de un cronograma claro y vinculante para la transición democrática; la reinstauración de las libertades públicas esenciales como la libertad de expresión, reunión y asociación; la excarcelación inmediata de todos los prisioneros políticos y la observancia irrestricta de los derechos humanos, que habían sido sistemáticamente violados durante la dictadura. 

Aunque inicialmente no fue reconocido oficialmente por el régimen, que lo desestimó como un "acuerdo de minorías", su influencia resultó innegable. Propició un consenso amplio y creciente en la sociedad civil, movilizando a sindicatos, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y a la Iglesia Católica, y en la comunidad internacional, que veía en Chile un modelo de represión, respecto a la imperiosa necesidad de un cambio democrático, ejerciendo una presión diplomática y moral cada vez mayor sobre la dictadura tras su publicación y difusión. 

Su génesis no estuvo exenta de complejidades. Demandó intensas negociaciones discretas, a menudo bajo la atenta vigilancia de los aparatos de seguridad del régimen, la superación de arraigadas desconfianzas ideológicas que históricamente habían dividido a la izquierda y el centro, y un compromiso interpartidista irrestricto en aras de anteponer el interés nacional a las divergencias partidistas más profundas. Figuras como el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés, y otros líderes de la Alianza Democrática, jugaron un papel crucial en la articulación de este primer consenso.

Junto a la convocatoria original, El documento lo firmaron el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el Comando Nacional de Trabajadores, la Unión Democrática de Trabajadoras, las federaciones estudiantiles de las universidades de Chile y Católica, y varias organizaciones gremiales, empresariales y vecinales.

De la coalición Movimiento Democrático Popular, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quedó fuera; además, el Partido Comunista (PC), aunque no firmó, dijo que apoyaría las medidas inmediatas. La derecha leal a Pinochet, con el Movimiento Unión Demócrata Independiente (UDI) y Avanzada Nacional, tampoco participó.

Federico Willoughby-MacDonald, líder del Movimiento de Acción Nacional, apoyó personalmente la firma del documento, lo que hizo que se distanciara de su grupo y se uniera a la oposición. Por otro lado, Pablo Rodríguez Grez afirmó que el Acuerdo fue planeado por el Departamento de Estado de EE. UU. para desestabilizar la dictadura militar de Pinochet. Por esto, a Rodríguez se le negó la visa para entrar a EE. UU. en julio de 1987.

En noviembre del mismo año, el Centro de Estudios Públicos organizó el seminario "Acuerdo Nacional y Transición a la Democracia", al que asistieron los coordinadores del Acuerdo y figuras políticas importantes como Eduardo Boeninger, Ángel Flisfisch, Óscar Godoy y Jaime Guzmán.

Pinochet y su gobierno ignoraron el Acuerdo, ya que no recibieron a los que lo firmaron ni a los que lo apoyaron. Después, el 8 de septiembre de 1986, algunos de los firmantes, junto con otros grupos políticos, firmaron un texto que ampliaba el acuerdo, llamado "Bases de Sustentación del Régimen Democrático". Esto dio origen a una coalición de corta duración conocida como "Grupo de los 13" o Acuerdo Nacional Democrático.

Entre los firmantes y sus representantes estaban la Democracia Cristiana representada por Gabriel Valdés y Patricio Aylwin; el Partido Radical con Enrique Silva Cimma y Luis Fernando Luengo; el Partido Social Democracia con René Abeliuk y Mario Sharpe; el Movimiento de Unión Nacional con Andrés Allamand, Francisco Bulnes y Fernando Maturana; el Partido Nacional con Patricio Phillips y Pedro Correa; el Partido Republicano representado por Hugo Zepeda Barrios y Armando Jaramillo Lyon; la Unión Socialista Popular con Ramón Silva Ulloa; el Partido Liberal con Gastón Ureta; facciones del Partido Socialista representadas por Carlos Briones, Darío Pavez, Sergio Navarrete y Germán Pérez; y la Izquierda Cristiana con Luis Maira y Sergio Aguiló.