El Primer Tribunal Ambiental (1TA) tiene nuevo presidente y es el recién designado ministro Alamiro Alfaro Zepeda, abogado de la Universidad de Atacama que juró el pasado 13 de agosto, tras un proceso de selección en que mediaron Alta Dirección Pública, la Corte Suprema y la elección del Presidente Gabriel Boric, que fue aprobada por el Senado. El jurista ejercía desde agosto de 2023 como ministro suplente, y entre 2018 y 2023 fue relator del Segundo Tribunal Ambiental.

Sin embargo, Alamiro Alfaro es más conocido por ser uno de los ministros que falló a favor de la Minera Dominga, megaproyecto minero-portuario que busca instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en Coquimbo. En febrero de 2025, Alfaro redactó la sentencia que ordena al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una resolución “favorable” al proyecto minero portuario de Andes Iron. Este fallo fue un duro golpe para el gobierno, que ha votado contra Dominga en dos ocasiones en el Comité de Ministros.

Fuentes de la justicia ambiental consideran a Alfaro como “blando” con las empresas que incumplen ambientalmente, y “duro con el Estado”, como ente que debería fiscalizarlas.

Es más, la sentencia redactada por Alfaro cuestionó directamente a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, por sus pronunciamientos anteriores sobre el proyecto Dominga. En el escrito, el tribunal acogió los alegatos de Andes Iron y acusó a Rojas de infringir el principio de imparcialidad al manifestarse previamente sobre Dominga, cuando no era ministra.

La votación de Alfaro en favor de Dominga fue advertida en reiteradas ocasiones al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quien medió la elección del candidato ante el Senado. Otros organismos interesados hicieron sus reparos frente a la decisión del gobierno, pues consideraban contradictorio nombrar como ministro al mismo abogado que en febrero de este año le asestó el golpe más duro a la administración Boric respecto al caso Dominga.

Interferencia se contactó con el Ministerio de Justicia para conocer los detalles de la designación de Alfaro y las gestiones del ministro Gajardo. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo las consultas no fueron respondidas.

El perfil de Alfaro: duro con el Estado, blando con las empresas

Fuentes ligadas a la justicia ambiental consideran a Almiro Alfaro como un ministro de corte más bien “blando”, sobre todo en comparación a su predecesora en la presidencia, Sandra Álvarez, tenida por más “estricta” con respecto al derecho medioambiental.

Según estas fuentes, Alfaro es “blando” con las empresas que incumplen ambientalmente, y “duro con el Estado”, como ente que debería fiscalizarlas. En esta línea, durante la tramitación de Dominga, el nuevo ministro "apretó" al Estado como ente garante de la fiscalización del proyecto, acusando directamente a ministros como Maisa Rojas, que en el pasado se refirieron negativamente a Andes Iron.

Desde la presidencia del tribunal, el ministro Alfaro tendrá a su cargo casos de relevancia nacional como el fallo del Salar de Surire, en que la empresa Quiborax demandada por el Estado, acusada de daño ambiental permanente e irreparable al ecosistema. 

En detalle, el nuevo presidente del 1TA es visto como un ministro joven, que en sus 40 años aún tiene carrera por delante incluso fuera del Estado, considerando que los cargos en el Tribunal Ambiental duran pocos años. Esto último, habría generado un "incentivo perverso", en que los jueces al final de sus carreras tienden a fallar pensando más en su salida y poder acercarse al mundo de la consultoría empresarial, antes que en la justicia ambiental.

En suma, fuentes del caso cargan al ministro Alfaro como el “responsable de lo que pase ambientalmente en el norte del país los próximos años”. Así también, apuntan a un sistema de justicia medioambiental cuyos cargos no dejan de estar cuoteados políticamente y cuyos tribunales median frente a las resoluciones de una Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cada vez más inerme ante las decisiones de los jueces.

Los casos de Alfaro: Quiborax y las Mamitas del Plomo

Ahora bien, desde la presidencia del tribunal, el ministro Alfaro tendrá a su cargo casos de relevancia nacional como el fallo del Salar de Surire, en que la empresa Quiborax fue demandada por el Estado, acusada de daño ambiental permanente e irreparable al ecosistema. 

Así también, tendrá que fallar en el caso de las Mamitas del Plomo en Arica, en que el Estado de Chile es demandado por las familias de Arica afectadas por el abandono de 20.000 toneladas de desechos mineros de la empresa sueca Boliden Metals, en un terreno fiscal, y que fueron importados por la empresa chilena Promel entre 1984 y 1985. 

En ambos casos, se espera que Alfaro falle como es de esperar: “blando” contra Quiborax acusando al Estado de no fiscalizar a la minera y “duro” en contra del Estado en las Mamitas del Plomo.

Los cuestionamientos al fallo del ministro Alfaro en favor de Dominga

Cabe recordar, que en febrero de este año, el Primer Tribunal Ambiental falló en favor del proyecto minero Dominga, ordenando al Comité de Ministros –que había rechazado la iniciativa– efectuar una nueva resolución. De hecho, en ese momento el tribunal estimó que el Comité se había extralimitado de sus atribuciones.

A partir de esta sentencia, las organizaciones medioambientales involucradas en este juicio reaccionaron y tildaron incluso de “ilegal” la resolución de la entidad judicial.

Desde la ONG Fima, su coordinador jurídico, Marcos Emilfork, señaló que el tribunal intentó “algo que tiene estrictamente prohibido, determinar la decisión de la autoridad, en este caso la del Comité de Ministros. El Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa”.

En la organización Oceana, su vocera y directora ejecutiva en Chile, Liesbeth van der Meer, señaló que “desde un principio hemos visto cómo este Tribunal ha hecho todo lo posible por la aprobación de Dominga, excediendo sus competencias y dejando de lado su mandato por el resguardo ambiental”.