La tramitación de la Nueva Ley General de Pesca, propuesta gubernamental calificada con suma urgencia, siguió su curso la semana pasada en la Cámara de Diputados. Este proyecto plantea la licitación del 50% de la cuota industrial pesquera, a pesar de que la reciente Ley de Fraccionamiento había descartado avanzar en este punto, tras un acuerdo transversal entre las bancadas.

La iniciativa ha seguido generando rechazo en el sector industrial. El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, afirmó que “es incomprensible que el Gobierno insista en las licitaciones, cuando la Ley de Fraccionamiento ya se rechazó la materia, al menos para el caso de la cuota del jurel, dado que se comprobó que ponía en riesgo miles de empleos. Se vuelve ahora con un guarismo que propone licitar el 50% de la cuota industrial, lo que sería un verdadero jaque mate al sector”.

En esa línea, Sandoval expresó que “en la Ley de Fraccionamiento algunos pusieron como un logro evitar el cierre de empresas, cuando la discusión debería ser cómo fortalecer la economía y el empleo. Si se aprueban las licitaciones en las condiciones que se propone, muchas compañías se verán obligadas a cerrar, dejando a miles de personas sin sustento laboral, y además, debilitando la producción para generar valor agregado, espacio donde la industria juega un papel clave que no logra cubrir el sector artesanal”. 

Lo cierto es que dentro del mismo sector artesanal también han existido divergencias, que se remontan a antecedentes históricos donde un sector acusa al otro de tener vínculos con el sector industrial impidiendo avances en las licitaciones. 

En el marco de la recientemente aprobada Ley de Fraccionamiento y la actual discusión de la Nueva Ley de Pesca, tanto la Condepp como la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal han declarado que las grandes empresas pesqueras "no creen en la competencia" porque afecta sus intereses, y por ello "bloquearán" cualquier intento de licitación general de cuotas industriales, incluso si una parte de esos ingresos se destina a la Plataforma Social.

Esta instancia busca garantizar derechos básicos de seguridad, salud y retiro digno para los pescadores artesanales, incluyendo seguros de invalidez y sobrevivencia, accidentes y enfermedades laborales, acceso a FONASA y AFP.

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha explicado que el Fondo de la Pesca Artesanal se constituirá con parte de lo recaudado en licitaciones pagadas por la industria. Este fondo busca corregir una "inmensa deuda" con el sector, que ha carecido de prestaciones sociales básicas por 40 años. Salas lo describe como una "acción redistributiva, directa, que por primera vez se hace en una ley de pesca".

Posturas encontradas

En conservación con Interferencia, Hernán Cortés, presidente de Condepp, manifestó que Conapach “nunca estuvo por la Plataforma Social y nunca ha estado con las licitaciones porque ellos no quieren tocarle un pescado a la industria”. 

En ese sentido, el dirigente apuntó que “somos nosotros los que creamos el tema de la Plataforma Social dentro del sector. Y somos nosotros quienes tomamos el compromiso con el presidente Gabriel Boric para que esto ocurriera a través del nuevo proyecto de ley, el proyecto de nulidad de la ley Longueira que hoy día está durmiendo en el Senado”. 

En cuanto a la Plataforma Social, Cortés valoró la propuesta del Gobierno aunque la encontró insuficiente. “No queremos que sea sólo un aporte o un incentivo. La Plataforma Social tiene que contar con un fondo de estabilización de las pesquerías. Para que cuando una pesquería entre en crisis no tengamos la obligación de salir a quemar neumáticos y agarrarnos con Carabineros. Tiene que existir un mecanismo que se expida automáticamente, sacado de las licitaciones, es decir, del mismo sector pesquero”.

La Condepp ha denunciado además una serie de antecedentes que vinculan a Conapach con el sector industrial. 

De ese modo, recuerdan que desde 2015 y bajo otro contexto de debate, la presidenta de la Conapach, Zoila Bustamante, ya calificaba a las licitaciones de Licencias Transables de Pesca Clase B como una "verdadera burla" y un mecanismo que dejaría a los pescadores artesanales con "cero posibilidad" de acceder a las cuotas, advirtiendo que serían "pan para hoy y hambre para mañana". 

A su juicio, la incomprensión y falta de justificación a esta oposición se agudizan al recordar que en 2014, la Conapach y la Confepach respaldaron la controvertida "Ley Longueira". Esta normativa, además de las razones políticas y judiciales ya conocidas, fue objeto de fuertes críticas porque perjudicó considerablemente al sector artesanal de pequeña escala.

A raíz de ello, Gino Bavestrello, tesorero de Condepp, afirmó en 2014 que se retiraron de Conapach en 2012 porque la directiva "no acató las decisiones de sus bases" y que la organización ya para ese entonces estaba "dominada por la industria".

Por su parte, Miguel Hernández, quien se desempeñaba como vicepresidente de Conapach hasta el 28 de noviembre de 2014, manifestó su preocupación por la visita de representantes de la industria a la Confederación, insinuando una influencia indebida. 

Durante la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, Bustamante también declaró estar en contra de las licitaciones. Cabe señalar que las licitaciones bajo la ley de fraccionamiento solo estaban consideradas para el incremento histórico de la cuota anual de jurel (de un 25%) y que permitía el financiamiento, equilibrio fiscal y viabilidad del proyecto.