“Estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos que iba a decir. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero no más que el juez escuche, como escuchó a la Fiscalía, que escuche a la defensa y tome la decisión que corresponde. Sólo espero que haya justicia”, apuntó el exdiputado Joaquín Lavín León a la salida de su formalización ayer lunes.

La audiencia comenzó pasadas las 09:00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. La instancia, que se extenderá por al menos dos días, también incluye la formalización de su exasesor Arnaldo Domínguez, el programador Felipe Vázquez y el empresario Juan Silva Morales, todos vinculados a la misma investigación.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, expuso que el Ministerio Público detectó un "mecanismo reiterado para desviar recursos". Según la Fiscalía, el exparlamentario y exmilitante de la UDI habría utilizado recursos destinados a su función legislativa para pagar deudas de su campaña política, rindiéndolos ante la Cámara de Diputados como si fueran gastos propios de su labor.

Para concretar esto, la Fiscalía sostiene que se emplearon facturas "ideológicamente falsas" emitidas por terceros. Estos documentos se presentaban como respaldo de supuestos servicios, justificando egresos que, en realidad, no correspondían a actividades parlamentarias.

Un segundo punto clave de la investigación se centra en la plataforma digital SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74. El Ministerio Público argumenta que este sistema, diseñado para recopilar datos de electores y enviar mensajes masivos, fue financiado con fondos públicos a pesar de tener una clara orientación electoral. Incluso, se mencionó que la herramienta fue ofrecida a otros candidatos del mismo sector político.

La investigación también contempla un tercer método ilícito: la contratación de supuestos “funcionarios fantasmas”. Según la Fiscalía, estas personas recibían sueldos con cargo a asignaciones parlamentarias sin haber cumplido funciones reales.

Además de lo anterior, se investiga un posible delito de tráfico de influencias, ya que el ente persecutor sostiene que el exdiputado intervino en decisiones de la Municipalidad de Maipú, como la promoción de contrataciones y desvinculaciones, mientras su esposa, Cathy Barriga, era la alcaldesa.