Revuelo causó, este lunes, uno de los nombres que se adjudicaron el Fondecyt regular por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid), institución dependiente del Ministerio de Ciencia. Entre las decenas de nombres que aparecen en los resultados,-que entrega un monto anual de 57 millones de pesos-, aparece el del doctor Claudio Hetz, científico acusado de fraude y de adulterar resultados de sus experimentos en varios de sus papers publicados.
Anid -institución que depende del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que dirige Andrés Couve, amigo de Claudio Hetz y con quien escribió papers- entregó efectivamente fondos al proyecto 1.220.573, en el área de 'Biología 2', patrocinado por la Universidad de Chile. La universidad, entre marzo y junio del 2021, investigó las conductas de adulteración de imágenes realizadas por Hetz, mientras que durante esos meses entregó el patrocinio a Hetz para la postulación a los fondos. Los resultados de la investigación definieron que sí se habían adulterado estas imágenes, pero Hetz no recibió ninguna sanción respecto a este comportamiento.
La Declaración de Singapur contempla 14 puntos sobre la “Integridad en la Investigación”, a los que la Anid se acoge como: “principios y normas obligatorias a ser exigidas a los Investigadores de los Proyectos CONICYT".
Para muchos investigadores y académicos, la decisión de la Anid de otorgarle a Hetz en fondo no sólo deja mal parada a la institución, sino que también podría vulnerar los estándares éticos establecidos en la Declaración de Singapur, documento elaborado en 2010 y que Anid firmó en 2013.
La Declaración de Singapur contempla 14 puntos sobre la “Integridad en la Investigación”, a los que la Anid se acoge como: “principios y normas obligatorias a ser exigidas a los Investigadores de los Proyectos Conicyt, en el ejercicio de su labor de Investigación Científica”, siendo los departamentos y programas de la agencia quienes velen porque los investigadores participantes den cumplimiento a lo señalado.
La declaración prevé las prácticas irresponsables en la investigación en el numeral 12, exigiendo que “las instituciones de investigación, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos con la investigación deberían contar con procedimientos para responder a acusaciones de falta de ética u otras prácticas irresponsables en la investigación, así como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento”.
Por lo tanto, de confirmarse una conducta inadecuada en la investigación, las instituciones “deberían tomarse las acciones apropiadas inmediatamente, incluyendo la corrección de la documentación de la investigación”, según adjunta el texto.
Sin embargo, en la guía de evaluación para los Fondecyt 2021, que establece las pautas a seguir por los grupos de evaluación y los postulantes, en ningún articulado recuerda el cumplimiento de la Declaración de Singapur ni tampoco se estipulan pautas respecto de investigadores cuestionados éticamente. Tan solo contempla un párrafo en que se exige autorización certificada para la investigación ética en animales y humanos.
Cabe recordar que el mismo ministro Couve es cercano a Claudio Hetz y es coautor de uno de los 26 papers cuestionados del científico, que fueron investigados por la Universidad de Chile y también comentados en la Revista Nature por una de las expertas mundiales en fraude, Elisabeth Bik.
Para la dirigente de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (Anip), Ximena Baéz, es claro que además de que el científico infringiera los protocolos, es la Anid la que falla también en aplicarlos.
"La Universidad de Chile realizó la investigación por lo que se podría decir que si lo cumplió, pero no existió sanción fuerte que siente un precedente para que no vuelva a ocurrir, fue una reacción tibia", afirma Ximena Báez.
“Desde la Anid este tratado no se estaría cumpliendo en el caso de Hetz. El hecho de fiscalizar, porque la agencia no tiene una forma de vigilar que los investigadores e investigadoras estén cumpliendo con los estándares éticos para poder adjudicarse un proyecto, y eso está especificado en el tratado de Singapur. Desde la agencia no se estaría cumpliendo ese tratado”, opina Baéz.
Consultadas sobre si la Universidad y el mismo Hetz también incumplen la Declaración de Singapur, Báez cree que sí ha sido una cadena de incumplimientos lo que permitió que este lunes Hetz se adjudicara el proyecto Fondecyt.
“Yo creo que todos lo incumplen en este caso. La Universidad de Chile realizó la investigación por lo que se podría decir que si lo cumplió, pero no existió sanción fuerte que siente un precedente para que no vuelva a ocurrir, fue una reacción tibia. Ahora, de que la agencia no está cumpliendo con este tratado, está claro que no y al parecer no hay políticas de probidad que revisen estos casos antes de adjudicarle fondos públicos”, agrega Baéz.
“Yo creo que el punto más grave acá es que él admitió que había adulterado los resultados de una comisión de investigación, en la universidad, y ¿Esto no tiene consecuencias? ¿Y además se le entregan fondos públicos de todos los chilenos?”, comenta a INTERFERENCIA un investigador del área.
Una cadena de malas decisiones ñ
La Universidad de Chile, principal patrocinador de Hetz en sus investigaciones, tampoco dio cumplimiento a los acuerdos de la Declaración de Singapur. Incluso, contraviniendo a la investigación paralela que desarrollaba el comité asesor que revisó el caso de Hetz entre el 23 de marzo y el 25 de junio del 2021, al patrocinar su proyecto para el Fondecyt 2022.
El comité universitario resolvió que Hetz asumiera su responsabilidad en los “errores y desprolijidades denunciadas”, dividiendo la responsabilidad entre el investigador y los evaluadores y los equipos editoriales de las revistas, pues no si “hubieran hecho bien su trabajo, detectando oportunamente errores evidentes” la crisis se pudo haber evitado.
La acción apropiada, en términos de la Declaración de Singapur, tomada por el comité consistió en sugerir “la instalación de una instancia de supervisión específica, e idealmente externa a su laboratorio, de modo de asegurar su cumplimiento”.
Según la postulación de Fondecyt, el sistema de elección de los proyectos funciona con un “grupo de estudio”, que hace las veces de evaluadores del proyecto, que en este caso se llama “Biología 2”. Estos expertos incluyen también un representante de Anid.
Sin embargo, las advertencias y recomendaciones éticas, que llevaron a Hetz a corregir sus artículos en junio, no corrieron por parte de la Universidad de Chile, que patrocinó al Hetz durante la postulación del Fondecyt 2022. El concurso se abrió en mayo, cuando la comisión asesora recolectaba pruebas para el caso, y continuó en agosto, cuando el Comité de Ética solicitaba una reunión con Hetz y el decano Manuel Kukuljan para discutir el caso.
“Sin duda hay distintos filtros que uno debiese pasar para postular a un proyecto Fondecyt. Está por ejemplo en el patrocinio que te da la misma universidad y la U. de Chile estaba realizando una investigación cuando probablemente él pidió el patrocinio. No obstante, estar siendo investigado por una conducta reiterativa en el tiempo, se la dio. Ese es un filtro que lamentablemente pasó. El segundo filtro, sin dudas, es la Anid y el grupo de estudio al cual pertenece, que es Biología 2. De hecho, en redes sociales se veía cómo una investigadora había quedado en lista de espera en ese grupo de estudio, sabiendo que Claudio Hetz, con los antecedentes que tiene, lo obtiene”, afirma a INTERFERENCIA la científica Adriana Bastías, presidenta de la Red Chilena de Mujeres Investigadoras.
“Es un criterio que no se está cumpliendo, el la Declaración de Singapur, y que tiene que ver con la ética de cómo se obtienen los resultados. Porque sabemos con qué paper estaba postulando Hetz, pero es probable que muchos de sus paper hayan sido parte de los cuestionados”, agrega Bastías.
Según fuentes ligadas al mundo académico y científico, si la Declaración de Singapur se hubiese aprobado de manera efectiva, tras la decisión de la Universidad de Chile de no sancionar a Hetz, la Anid debiese haber aplicado el protocolo negándole fondos a su investigación.
Según la postulación de Fondecyt, el sistema de elección de los proyectos funciona con un “grupo de estudio”, que hace las veces de evaluadores del proyecto, que en este caso se llama “Biología 2”. Estos expertos incluyen también un representante de Anid. Muchas veces, este grupo de estudio deriva a otros expertos el estudio de cada proyecto, mientras se enfoca en evaluar el currículum de cada postulante. Hetz, al haber publicado en revistas científicas de prestigio, habría pasado estas pruebas. En esa etapa de evaluación se podría haber aplicado el protocolo respecto a los estándares éticos del científico.
“En el mundo de la ciencia, considerando que ese grupo de estudio es del área de Claudio Hetz, es casi imposible que no hubieran conocido los cuestionamientos éticos que habían en torno a su trabajo”, afirma Bastías.
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