Esta semana la Comisión de Derechos Fundamentales sometió a votación más de 400 iniciativas convencionales, populares e indígenas de norma que abordan diversos temas, como derechos civiles, políticos o de propiedad.

Uno de los bloques temáticos que generó mayor expectación fue el que contemplaba las propuestas sobre derecho a la vida, integridad física y psíquica, y los derechos sexuales y reproductivos, los que respondieron a las demandas feministas del último tiempo. 

Durante el proceso de participación popular fueron 78 las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que lograron obtener las 15 mil firmas y 247 Iniciativas Indígenas de Norma (IIN) que fueron ingresadas en la plataforma. Todas estas ingresaron a la Convención para ser discutidas y votadas en las comisiones temáticas respectivas. 

Y muchas de ellas contemplan demandas históricas relacionadas a exigencias del movimiento feminista y de disidencias. En ese sentido, ingresaron propuestas sobre 'Una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas', 'Género y Justicia' o 'Será Ley', que busca consagrar derechos sexuales y reproductivos como el aborto libre. 

'Será Ley', por ejemplo, ingresada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile, espacio integrado por más de 30 organizaciones feministas como la Red Con las Amigas y en la Casa, reunió sobre 38 mil firmas y durante la noche de este jueves fue aprobada en general con 24 votos a favor y 8 en contra en la Comisión de Derechos Fundamentales. 

“Este es un tema del cual el Congreso y los poderes constituídos no se han hecho cargo durante 30 años, por lo que para nosotras es super especial llegar acá después de tantos años de lucha y poder aprobarlo en general en la Comisión”, dijo la convencional Valentina Miranda (PC).

Según estimaciones, la cantidad de abortos en Chile superan los 30 mil al año, lo que supone un alto riesgo para quienes deben someterse a estos, tanto por la criminalización como por las condiciones de clandestinidad en las cuales deben realizarse. La penalización a todas las formas de aborto, fue una de las últimas medidas de la dictadura militar en 1989 y desde entonces la situación no ha variado mucho.

La consagración constitucional de este derecho contrasta con lo expresado por la Constitución de 1980, la cual -redactada en dictadura, por siete varones y una sola mujer, Alicia Romo- creó una figura inédita en la judicatura: el derecho "del que está por nacer", cuya formulación solo tuvo el efecto de frenar constitucionalmente el aborto, sin definir un sujeto de derecho preciso.  

“Este es un tema del cual el Congreso y los poderes constituídos no se han hecho cargo durante 30 años, por lo que para nosotras es super especial llegar acá después de tantos años de lucha y poder aprobarlo en general en la Comisión”, dice la convencional Valentina Miranda (PC), integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, a esta redacción.

La clausula general del articulado propone que “el Estado reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”. Además, agrega que este último debe garantizar información y los medios necesarios para que mujeres y personas gestantes tomen decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción. 

Está iniciativa establece en su propuesta de articulado que los derechos sexuales y reproductivos deben ir acompañados de una serie de cambios estructurales en áreas no solo de la salud, sino que también en el ámbito de información o la educación. En ese sentido, el escrito propone que debe ir acompañado de una educación sexual integral en miras de que se puedan “entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual”.

Y justamente en ese ámbito, la Iniciativa Convencional de Norma (ICN) que consagra el 'Derecho a una Educación Sexual Integral', también fue aprobada por el espacio ayer viernes con amplia mayoría, al obtener 23 votos a favor y 9 en contra. La ICN fue ingresada de manera transversal por 17 convencionales mujeres integrantes de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Chile Digno, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y Popular, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista, escaños reservados e independientes. 

Esta plantea que el avance del feminismo instaló “la necesidad imperiosa de una educación no sexista y con enfoque de género” y agrega que según la Unesco, la Educación Sexual Integral “ha demostrado repercutir en términos de mejoras en el autoconocimiento y la autoestima, el cambio de actitudes, las normas de género y sociales, y el reforzamiento del sentido de auto eficiencia, comprendiendo a niñas, niños y jóvenes como sujetos de derecho e interrelacionada al ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la Educación; a las decisiones sobre salud reproductiva y al desarrollo pleno de la personalidad”.

Según se ha planteado desde los distintos feminismos, el tema de la educación sexual integral además está directamente asociado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y al desarrollo de una vida sexual sana y respetuosa, donde el consentimiento adquiere un eje central. 

En esa línea se erige la propuesta de articulado, donde se indica que el Estado debe garantizar el acceso pleno de todas las personas, desde la primera infancia, a una educación sexual Integral de carácter laico, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica disponible.

La propuesta de articulado, indica que el Estado debe garantizar el acceso pleno de todas las personas desde la primera infancia a otorgar una Educación Sexual Integral de carácter laico, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica disponible.

“Esta es una demanda que se ha levantado desde hace mucho tiempo desde sectores feministas y de las disidencias. Estoy muy contenta de que se haya aprobado por las implicancias que tiene para el futuro y el impacto que tendrá en las políticas públicas”, manifestó la convencional Janis Meneses (MSC), quien además es una de las coordinadoras de la Comisión de Derechos Fundamentales.

Cabe señalar que el 8 de marzo de 2019 se convirtió en un día histórico para el país. Y es que en aquella marcha anual, la convocatoria feminista a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora resultó ser la más masiva hasta entonces. Más de un millón de mujeres marcharon por las calles de Santiago y otras cientos de miles lo hicieron a lo largo del país.

Desde entonces las demandas feministas -como la despenalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres- pasaron al primer plano de la agenda de discusión del país, y fueron consignas principales del Estallido Social que obligó a la actual Convención Constituyente. 

Un cambio histórico

Históricamente ha existido una tenaz resistencia hacia las normas que ahora pasarán al Pleno de la Convención. Y es que el sector más conservador del país ha frenado una y otra vez el avance de proyectos de ley como el de la despenalización del aborto.

En ese sentido, en 2017 entró en vigencia la Ley de aborto en 3 causales, que permite la interrupción del embarazo en casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre o embarazo producto de una violación.

En ese entonces, las organizaciones religiosas y los estamentos más conservadores del país se opusieron con fuerza a la acotada ley, instalando la 'objeción de conciencia' para aplicar abortos por parte de las instituciones hospitalarias y los funcionarios de la salud pública y privada.

A unos meses de entrada en vigencia la ley, todos los médicos obstetras de la red pública de la Provincia de Osorno habían declarado ser objetores de conciencia.

En tal sentido, una de las IPN que rechazó la Comisión de Derechos Fundamentales este viernes fue la propuesta 'Derecho a la vida', ingresada por Siempre por la Vida, que buscaba la protección constitucional de la vida desde el momento de la concepción.

“Vemos como un problema la amenaza al derecho a la vida del no nacido, que se ha materializado incluso en una ley de aborto en 3 causales en nuestro país, y en un proyecto de ley de aborto libre en tramitación”, indica el preámbulo de la iniciativa. 

El articulado que reunió 31 mil firmas indica que de no existir este reconocimiento constitucional y “que todos somos iguales en dignidad y derechos, puede contribuir al problema social de discriminar arbitrariamente al no nacido”. La iniciativa fue rechazada con 24 votos en contra y 8 a favor.

Misma suerte tuvo la Iniciativa Constituyente presentada por convencionales de Vamos por Chile, rechazada por 21 votos en contra, 7 a favor y 1 abstención.

“Durante la campaña de las iniciativas populares la derecha hizo una fuerte inversión de dinero y se hicieron campañas nacionales para las firmas de esas iniciativas. Si bien tienen muchos patrocinios, estos no reflejan finalmente la cantidad de gente que votó Apruebo y que eligieron convencionales que hoy día están por cambios reales y no por estas ideas conservadoras que no están a la altura de la Constitución que queremos construir para el siglo XXI”, puntualizó la convencional Valentina Miranda.

Hoy ha quedado fuera de la Constitución esa idea, la que en 1980 tomó la famosa forma del derecho "del que está por nacer".