Al promediar 1977, las presiones estadounidenses para el retorno de la democracia en Bolivia obligaron a Hugo Banzer y a sus aliados a convocar a elecciones. El candidato oficialista fue el general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Juan Pereda Asbún, que logró más votos que el número de sufragantes. En 1978, Banzer intentó oponer resistencia a la entrega del gobierno, pero finalmente fue obligado y Pereda asumió la primera magistratura. El ejército no estaba satisfecho con un aviador en el Palacio Quemado y lograron poner en su reemplazo al general David Padilla, que anunció elecciones para mayo de 1979. 

En los comicios compitieron con posibilidades relativamente parejas Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro y Banzer, convertido ya en jefe de Acción Democrática Nacional (ADN). Ninguno consiguió la mayoría absoluta y el Parlamento debió designar al presidente del Senado, Walter Guevara Arce, como presidente interino hasta que se realizaran nuevas elecciones.

El 2 de noviembre el coronel Alberto Natusch Busch, ex ministro de Banzer, dio un nuevo golpe de Estado, pero el Congreso Nacional resistió la asonada y el oficial retornó con sus tropas a los cuarteles, luego de conseguir que Guevara presentara su renuncia y que asumiera al frente del gobierno la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler.

La presidenta interina convocó a elecciones para el 29 de junio de 1980, pero tres semanas antes, su primo, el general Luis García Meza, la intimó a nombre de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para que suspendiera los comicios. En los primeros días de junio, el vocero de la Casa Blanca, Hodding Carter, había dicho en Washington que ‘‘en Bolivia se está gestando un golpe de Estado para impedir las elecciones porque los militares temen que un presidente civil ponga al descubierto el gigantesco tráfico de cocaína al que muchos de ellos están directamente vinculados’’.

Las elecciones se realizaron el 29 de junio y el 11 de julio se anunciaron los resultados provisionales que dieron como estrecho ganador a Hernán Siles Suazo. No obstante, la escasa diferencia obligaba nuevamente al Parlamento a decidir quién ocuparía la casa de gobierno. El 17 de julio un cruento golpe de Estado abortó el retorno a la democracia y la Junta de Comandantes nombró al general Luis García Meza como el enésimo presidente de facto del país.

El gobierno de Jimmy Carter volvió a la ofensiva acusando a los ministros del Interior y de Educación como activos participantes en el tráfico de drogas.

En los primeros días de junio, el vocero de la Casa Blanca, Hodding Carter, había dicho en Washington que ‘‘en Bolivia se está gestando un golpe de Estado para impedir las elecciones porque los militares temen que un presidente civil ponga al descubierto el gigantesco tráfico de cocaína al que muchos de ellos están directamente vinculados’’.

En febrero de 1981, dos semanas después de la asunción del republicano Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado puso tres condiciones para restablecer las relaciones con Bolivia: un programa de institucionalización, el recambio de los ministros vinculados al narcotráfico y el control efectivo de la mafia de la droga. En agosto, García Meza fue reemplazado por una junta militar que integraron los generales Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pammo.

Pese al aparente arreglo diplomático, en Estados Unidos, en Europa y en diversos países latinoamericanos se inició una activa campaña de prensa para revelar lo que estaba ocurriendo en Bolivia, comprometiendo a la mayoría de los altos mandos de las fuerzas armadas del país.

‘‘Traficando personalmente o proporcionando protección a los traficantes, algunos oficiales han recibido millones de dólares’’, dijo The New York Times  en su primera plana del 31 de agosto. Según el diario, la información había sido proporcionada por fuentes diplomáticas y por agentes antinarcóticos.

Los acusaros eran los generales Hugo Banzer Suárez, ex presidente de la República; Luis García Meza; Waldo Bernal, comandante en jefe de la Aviación; Oscar Pammo, comandante de la Armada;  Hugo Echeverría, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa; y, los coroneles Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior;  Ariel Coca, ex ministro de Educación; Faustino Rico Toro, director de la Escuela Militar; Norberto Salomón, agregado militar en Venezuela; Arturo Doria Molina, comandante del regimiento Tarapacá; Alberto Gribosky, comandante del regimiento Ingavi;  y, Rolando Canido, el ministro del Interior vigente.

Según varias publicaciones, la elaboración y embarque de la cocaína en Bolivia estaba concentrada en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil, y en total operaban cuatro grandes grupos organizados: tres dedicados a la producción y exportación ilegal y un cuarto que ‘‘quitaba’’ droga para luego exportarla, cobrando además protección a las otras tres bandas. The New York Times y la revista brasileña Istoé coincidían en que el grupo más antiguo era dirigido por el general Hugo Banzer, y que su zona de operaciones estaba localizada en las pequeñas poblaciones de San Javier y Río Grande. Sólo en 1980 había facturado 480 millones de dólares por la venta de 20 mil kilos de clorhidrato de cocaína con una pureza del 99 por ciento.

El segundo grupo era dirigido por el coronel Arce Gómez y operaba en Okinawa, Monte Verde y Perseverancia. Su producción de 1980 había alcanzado a los 30 mil kilos de cocaína y sus ingresos llegado a los 640 millones de dólares.

Un tercer grupo lo encabezaba el general Waldo Bernal y sus centros operativos estaban en Yapacani, Puerto Virrarroel y Montero. El diario estadounidense agregó que la organización más poderosa era la del general García Meza, el único que no tenía producción propia. Su método de trabajo consistía en confiscar el trabajo a los pequeños traficantes independientes y proteger a las otras organizaciones asegurándoles impunidad a cambio de subidas cantidades de dólares.

El verdadero hombre fuerte de esta organización era el coronel Arce Gómez, ex jefe de inteligencia del ejército boliviano y primo de Roberto Suárez Gómez, considerado en aquel tiempo como el mayor exportador individual de cocaína en el mundo.

García Meza había sido convencido de dar un golpe de Estado en una reunión que se celebró en Santa Cruz, en la casa de Sonia Atala, donde los grandes traficantes ofrecieron un financiamiento de cuatro millones de dólares. En esa reunión participaron José Paz, prominente figura de la mafia; Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país; y, Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz.

Una de las condiciones para financiar el golpe que derrocó a Lidia Gueiler habría sido la designación de Arce Gómez como ministro del Interior, quien les había propuesto proteger la impunidad de sus operaciones a cambio de un pago quincenal de 75 mil dólares por grupo, además de un impuesto de 40 dólares por tambor de hoja de coca vendido a los traficantes por los campesinos de las zonas productoras.

‘‘Traficando personalmente o proporcionando protección a los traficantes, algunos oficiales han recibido millones de dólares’’, dijo The New York Times  en su primera plana del 31 de agosto.

Arce también dispuso la prohibición de venta directa de coca de los campesinos a los traficantes con lo que el Ministerio del Interior pasó a ser intermediario obligatorio. Para tener una idea del volumen del negocio hay que recordar que la tonelada métrica de hoja de coca acondicionada en barriles se vendía a tres mil dólares.

Otro de los grandes traficantes de drogas era el comandante en jefe de la Aeronáutica, general Waldo Bernal, que había recibido pagos de hasta 100 mil dólares por cada avión cargado de coca que salía hacia el exterior desde los aeropuertos bolivianos. Sólo en el aeropuerto de San Cruz, ciudad de 300 mil habitantes, operaban 25 compañías aéreas con un total de más de 160 aviones de distinto tipo.

Cada una de esas organizaciones estaba integrada además por numerosos civiles de diversas nacionalidades, muchos de los cuáles irían ascendiendo paulatinamente en las estructuras mafiosas hasta ocupar en los años 90 los sitiales de preeminencia. Muchos, la mayoría de los traficantes de importancia detenidos, al igual que los jefes de los carteles se iniciaron en la década de los 70, al amparo de las dictaduras militares.

Morada de narcos internacionales

Bolivia, país de más de un millón de kilómetros de superficie, donde viven unos diez millones de personas, se ha ido transformando en los últimos años en la nueva morada de los traficantes colombianos y peruanos que intentar eludir a las fuerzas antidrogas de sus países y a la DEA. 

Bolivia, Colombia y Perú son los países donde se produce la cocaína que se consume en todo el mundo. La elaboración boliviana de esa droga se realiza en las plantaciones de coca de las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.

La clave de la importancia boliviana radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. 

Bolivia, Colombia y Perú son los países donde se produce la cocaína que se consume en todo el mundo. La elaboración boliviana de esa droga se realiza en las plantaciones de coca de las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.

Los investigadores académicos argentinos Mariano Bartolomé y Vicente Ventura han efectuado una serie de investigaciones sobre el tráfico de drogas desde Bolivia. De esos trabajos se nutres diversos datos incluidos en este artículo.

Bolivia tiene una extensión fronteriza de 6.834 km lineales con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. En su mayor parte la frontera exhibe un alto grado de vulnerabilidad, con más de una treintena de puntos particularmente críticos por su empleo constante por parte de los flujos criminales transfronterizos. 

Más del 80% de los productores bolivianos tienen hasta dos pozas de maceración, con capacidad de producción de hasta 4 kg semanales de PBC.

En los gobiernos de Evo Morales se amplió la superficie de cocales cultivable hasta 22.000 hectáreas.

La oposición política insistió en que la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fomentaba la producción de cocaína pues, según ella, la demanda doméstica de coca se podía satisfacer sólo con unas 14.000 hectáreas cultivadas. 

En Bolivia existen organizaciones extranjeras con cuantiosos recursos económicos que controlan prácticamente en su totalidad el negocio del tráfico de cocaína hacia el exterior. Estos grupos criminales toman decisiones de nivel estratégico en sus lugares de origen y en Bolivia sólo deciden cuestiones tácticas. Entre mayo de 2018 y julio de 2019, fueron detenidos en el país más de una decena de capos criminales extranjeros, el último de ellos el italiano Paolo Lumia, de la mafia siciliana.

Una lista de esas organizaciones incluye a las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho; la Federación de Sinaloa y los Zetas, de México; el peruano Sendero Luminoso; e incluso mafias rusas. También se indica una fuerte presencia de actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle; diversos grupos paramilitares devenidos en Bandas Criminales (Bacrim), entre ellos las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), Los Rastrojos y Los Urabeños; y, finalmente, elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Los narcos locales están en un segundo orden. Aun así, en los últimos tiempos se ha detenido a importantes narcotraficantes domésticos, cuyas operaciones se articulaban con redes internacionales de tráfico y que se valían de vínculos en el mundo de la política y el poder judicial. Los casos más resonantes fueron los de Pedro Montenegro Paz y Mayerling Castedo (miembro del clan familiar Candia-Castedo), capturados en mayo y junio de 2019 respectivamente.  

El ingreso de droga a Bolivia desde Perú estaría controlado por una veintena de clanes familiares peruanos, también llamados “cárteles criollos”. En 2020 se hizo público que en Bolivia habían instalado sus cuarteles generales al menos seis narcotraficantes peruanos de alta jerarquía, entre ellos Clever Bernardo Ambrosio (alias “Chila”) y Reyna Gozme La Fuente (alias “Reyna”); 

Cerca del 35% de la producción peruana total de cocaína ingresa a Bolivia totalmente elaborada, o como pasta base, para transformarse en clorhidrato en laboratorios locales.

La droga peruana entra a Bolivia por vías terrestre y aérea. En el primer caso las rutas se orientan a las localidades de Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco en el departamento de La Paz, y Cobija, Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando.

Respecto a la vía aérea, Bolivia recibiría aproximadamente el 95% de los “narcovuelos” que despegan desde Perú, empleándose aeronaves que suelen estar matriculadas en Bolivia y transportan, en cada viaje, un promedio de 300 a 350 kg de cocaína, aunque esa carga puede llegar a los 500 kg. La mayoría de estos vuelos aterrizan en pistas clandestinas del departamento de Beni, donde la presencia criminal sería por lo demás intensa, particularmente en las localidades de Magdalena, San Ramón, San Joaquín, San Borja, Trinidad, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín. 

En una reciente investigación periodística se afirma que desde pistas ubicadas en el departamento de Beni despegan cotidianamente un promedio de 30 aviones hacia las naciones limítrofes, transportando cada uno de ellos hasta media tonelada de cocaína.

Parte importante de la droga boliviana ingresa a Chile a través del territorio argentino, también lo hace debido a que existen más de un centenar de pasos fronterizos clandestinos. Desde Chile procede el 70% de la mercadería que ingresa de contrabando a Bolivia, a través de pasos ilegales que, en sentido inverso, pueden emplearse para traficar droga. Buena parte de esos pasos ilegales se concentran alrededor de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. Se ha indicado que la principal ruta utilizada para el tráfico de cocaína desde Bolivia a Chile discurre desde Santa Cruz a Oruro y de allí a Colchane, ciudad altiplánica chilena desde donde se enlaza con la red de carreteras locales.

Parte importante de la droga boliviana ingresa a Chile a través del territorio argentino, también lo hace debido a que existen más de un centenar de pasos fronterizos clandestinos. Desde Chile procede el 70% de la mercadería que ingresa de contrabando a Bolivia, a través de pasos ilegales que, en sentido inverso, pueden emplearse para traficar droga.

Otros antecedentes

La Fiscalía Nacional de Chile informó que en 2021 del total de la droga incautada durante los años 2015-2020 (187.160 kg), se identificó que desde Paraguay se intentó transportar la mayor cantidad de droga hacia territorio chileno, consistente básicamente en marihuana, registrando 63.191 kg (34%), seguido por Bolivia con 50.952 kg (27%), conteniendo cocaína y pasta base, continuando Argentina con 38.541 kg (21%), Perú con 15.576 kg (8%), Ecuador con 10.995 kg (6%) y finalmente Colombia con 7.905 kg (4%).

Se debe tener presente, además, que mediante un acuerdo con Chile los bolivianos pueden sacar carga hacia los puertos chilenos que no es fiscalizada por las autoridades locales. Las autoridades antidrogas presumen que muchas drogas que viajan hacia el sur de Chile y otros países de América, Asia, África y Europa, lo hacen por vía marítima.