A las 9 de la mañana de hoy, lunes 6 de junio, tendrá inicio el juicio oral en lo penal que deberán enfrentar 15 personas que se encontraban protestando en las cercanías de Plaza Dignidad el 3 de marzo de 2020, cuando efectivos de Carabineros los detuvieron en una redada que luego divulgaron como un “cambio en la estrategia” para enfrentar a la “primera línea”.

Así quedó confirmado el 25 de mayo pasado, cuando se realizó la audiencia de factibilidad de juicio, trámite que se hace como medida preventiva frente a la pandemia.

El juicio que tendrá su primera jornada hoy, contara con una duración de hasta siete días y se llevará a cabo de manera semipresencial ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal -ubicado en Rondizzoni- de manera que los imputados y abogados de las partes tendrán que asistir de manera telemática a través de Zoom, pero los testigos tendrán que concurrir al tribunal de manera presencial.

La causa cuenta con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como parte denunciante, la que estará representada en juicio por el fiscal Marcelo Cabrera; y también con el Ministerio del Interior como parte querellante en contra de los imputados.

La causa cuenta con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como parte denunciante, la que estará representada en juicio por el fiscal Marcelo Cabrera; y también con el Ministerio del Interior como parte querellante en contra de los imputados.

Con la llegada del gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio del Interior cambió a sus representantes legales ante esta causa. En una primera instancia, las abogadas Camila Barros Cáceres y Javiera Corvalán Schindler asumieron la representación legal del ministerio, quitándole poderes a los abogados correspondientes a la administración de Piñera, y luego se sumó el abogado de Interior, Samuel Malamud Herrera.

Con esto se dará fin a más de dos años de espera para estos imputados, los cuales han tenido que hacer frente a diversas medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva para varios de ellos, sin contar una serie de problemas personales y laborales durante el transcurso de estos 27 meses de causa. 

El sustento legal para del delito que se les imputa no es otro que la denominada ‘ley antibarricadas’.

Cabe mencionar que estas 15 personas se encuentran enfrentando un procedimiento penal de más de dos años netamente por haber participado de una manifestación en la vía pública, considerando que el sustento legal para del delito que se les imputa no es otro que la denominada ‘ley antibarricadas’.

Dicha ley, promulgada en medio del estallido social, en enero de 2020, sanciona a aquel que "sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”.

Interferencia ha publicado anteriormente que las pruebas presentadas por el Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera eran de mala calidad, y que la mayoría de los testigos son carabineros.