El ataque de ransomware -secuestro de datos a cambio del pago de un rescate- fue dirigido a la empresa de telecomunicaciones GTD, que tiene alojados físicamente los datos de la Firma Electrónica Avanzada que permite hacer trámites, firmar documentos oficiales y hasta dar licencias. Gobierno Digital dio cuenta del ataque el lunes.

Este martes, Interferencia publicó un artículo sobre la contratación en julio de Marco Antonio Zúñiga, quien aparece en 57 reuniones, según el registro nacional de lobby, representando al gremio de empresarios Chiletec y a empresas como Oracle. El mismo día, la diputada independiente de la bancada de Convergencia Social solicitó el oficio con información sobre la contratación.

Marco Antonio Zúñiga fue contratado en julio de este año en Gobierno Digital, organismo que asesora en temas digitales al Estado y que depende de Segpres. El mismo asesor cuenta con más de 57 reuniones por ley de lobby registradas, la mayoría con representantes de Gobierno Digital, mientras que la fundación que creó propuso un proyecto de 5 mil millones de pesos al mismo servicio este año.

El ataque pone en entredicho la estrategia de digitalización y modernización del Estado, liderada por el asesor presidencial Rafael Ariztía Correa en ambos gobiernos de Piñera. Ariztía, cercano a Larroulet, se ha visto involucrado en eventuales conflictos de interés en el ejercicio de su cargo, además, fue ejecutivo de Bancard, holding del presidente.

Luego de que la Asociación de Funcionarios del ministerio que dirige Gonzalo Blumel presentara una denuncia formal –lo que fue informado el pasado jueves por INTERFERENCIA– Andrés Bustamante dejó de encabezar Gobierno Digital.

Este psicólogo a cargo de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, no ha tenido mayor figuración pública durante su gestión. Sin embargo, actualmente tiene abierto un sumario en su contra por graves acusaciones de tratos vejatorios con sus colaboradores.

Cinco días antes de asumir en el gobierno, Andrés Bustamante vendió sus acciones en Asimov Consultores, firma que ha proveído servicios tecnológicos al Estado en el pasado pero que continúa haciéndolo hasta este 2018. En la compañía aseguran que no existe ningún vínculo con su ex socio y que tampoco lo existirá en el futuro.