El jueves pasado la División de Gobierno Digital, dependiente del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó que sus servidores habían sido víctima de un ataque cibernético, y ayer, el medio El Mostrador dio a conocer que este hackeo habría dado acceso a los intrusos incluso a la ClaveÚnicas, principal herramienta de miles de personas para acceder a numerosos servicios y trámites digitales con entidades del Estado.

Lo anterior generó alarma tanto en la ciudadanía como en distintas autoridades, debido a la sensibilidad de estos datos personales, y recordó al ataque sufrido por el BancoEstado hace poco más de un mes. 

La División Gobierno Digital tuvo que emitir. este miércoles en la tarde. una declaración en la que reconocen que su web fue amenazada, y que tras las primeras diligencias “se confirmó que hubo un acceso no autorizado o ilícito a los servidores de Gobierno Digital”. Además, dicen que no hay evidencia de que los atacantes hubieran accedido a la ClaveÚnica de los ciudadanos, pero que de igual forma iniciarán un procedimiento de actualización de esta clave para tranquilidad de los usuarios.

El ataque sufrido por Gobierno Digital tiene tintes de ironía, pues se trata precisamente de la división gubernamental -dependiente de la presidencia- que pretende la transformación digital del Estado y “coordinar intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado en el uso estratégico de las tecnologías digitales (...) para mejorar la gestión y la entrega de servicios cercanos y de calidad a las personas”, según dice su web institucional.

Teniendo en cuenta el ataque del jueves pasado, saltan a la vista las dudas sobre la diligencia con la que se están realizando estas transformaciones, en el sentido de la seguridad de los datos de los usuarios de todo el país. 

El principal asesor de la presidencia en materias de digitalización y modernización del Estado, tanto en el primer como en el segundo gobierno de Piñera ha sido el ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, Rafael Ariztía Correa, el cual se ha visto involucrado en algunas polémicas dadas a conocer por nuestro medio.

Antes de llegar a La Moneda, Ariztía había conocido a Larroulet en el Instituto Libertad y Desarrollo -think tank de ideología conservadora y cercano a la UDI- y también había sido ejecutivo de Bancard, el holding con el que Sebastián Piñera controla sus sociedades e inversiones

Los conflictos de interés del delfín de Larroulet

Ariztía trabajó bajo las órdenes de Cristián Larroulet en 2011, cuando este último era el ministro Secretario General de la Presidencia. Fue nombrado en esa época por Sebastián Piñera como coordinador ejecutivo de la Unidad de Modernización del Estado.

Antes de llegar a La Moneda, Ariztía había conocido a Larroulet en el Instituto Libertad y Desarrollo -think tank de ideología conservadora y cercano a la UDI- y también había sido ejecutivo de Bancard, el holding con el que Sebastián Piñera controla sus sociedades e inversiones.

En un artículo publicado en 2018, nuestro medio denunció que Ariztía se desempeñó como asesor en el segundo piso de La Moneda desde el 11 de marzo de 2018, percibiendo $7 millones a régimen de honorarios, a pesar de lo cual era parte del equipo de MFO Advisors, una multi-family office cuyo servicio consiste en manejar las inversiones de personas con grandes patrimonios. 

Ariztía participó de la constitución de esta sociedad en 2014, cuando dejó de trabajar en el gobierno, sin embargo, tal como informó INTERFERENCIA, Ariztía seguía participando como parte del equipo de dicha sociedad.

Rafael Ariztía era el coordinador de la agenda de modernización del Estado la cual comprendía propuestas dirigidas precisamente al mercado de capitales, lo cual podría significar un conflicto de intereses debido a su actividad financiera en MFO Advisors. 

En un artículo posterior, nuestro medio dio cuenta también de que Ariztía constituyó otra sociedad el 2 de abril de 2018, esta vez ya en pleno ejercicio de sus labores como asesor en La Moneda. Se trata de Inmobiliaria MFO Spa, sociedad con los mismos socios que MFO Advisors, pero con giro inmobiliario, aunque también de inversiones, lo cual vuelve a abrir el flanco del conflicto de intereses.

En ese artículo, Ariztía respondió a INTERFERENCIA que la constitución de esta nueva sociedad había obedecido simplemente a que MFO se había mudado a un nuevo inmueble, de tal forma que la nueva oficina había sido inscrita a nombre de esta sociedad, por lo cual tenía giro inmobiliario. 

Además, Ariztía señaló que dejó de participar activamente de dicho family office en marzo de 2018, cuando comenzó a trabajar para el gobierno. 

Según los últimos datos de Transparencia Activa de Presidencia, Ariztía percibe actualmente una remuneración de $7.346.430 a régimen de honorarios, por el cargo de “Director de proyectos especiales Gabinete Presidencial, en el marco del programa apoyo actividades presidenciales”. 

A estos casos relacionados con la digitalización y modernización del Estado, se suman los episodios relacionados con el psicólogo Andrés Bustamante, quien se desempeñó como jefe de la División de Gobierno Digital hasta junio del año 2019, cuando renunció al cargo debido a denuncias por maltrato laboral en su contra, tal como informó nuestro medio en el artículo Cae jefe de división de la Segpres denunciado por maltrato laboral. Se trata de alguien cercano a Rafael Ariztía, con el cual trabajó codo a codo en el primer gobierno de Piñera en la coordinación de la modernización del Estado en el segundo piso de La Moneda. 

Además, de esto, Bustamante también aparece vinvulado a eventuales conflictos de interés. Es el caso de la sociedad Asimov Consultores, de la que Bustamante era socio hasta cinco días antes de trabajar en el gobierno de Piñera en 2018. A pesar de esto, esta firma siguió prestando servicios tecnológicos al Estado hasta bastante entrado el 2018, cuando Bustamante ya se encontraba en el gobierno. (Ver artículo Entra, sale y entra: los nexos del jefe de 'gobierno digital' de La Moneda con el mundo privado).

Tal como informó INTERFERENCIA en el artículo mencionado, esta situación llegó a tal punto que el 3 de julio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió una orden de compra para Asimov Consultores por más de $33 millones, la cual iba a nombre de Andrés Bustamante. Desde la sociedad en cuestión respondieron a nuestro medio que "hubo una desactualización de la base de datos de Chile Compra" y que "tan pronto Bustamante dejó la empresa se hicieron los trámites correspondientes para comunicar su salida". 

Según los últimos datos de Transparencia Activa de Presidencia, Ariztía percibe actualmente una remuneración de $7.346.430 a régimen de honorarios, por el cargo de “Director de proyectos especiales Gabinete Presidencial, en el marco del programa apoyo actividades presidenciales”. 

Además, actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, una entidad dependiente de la Presidencia de la República, la que también participa en la coordinación de Gobierno Digital. 

INTERFERENCIA intentó comunicarse con Rafael Ariztía este 14 de octubre, para conocer sus impresiones sobre el ataque cibernético sufrido por el gobierno, sin embargo no conseguimos conversar con él hasta el cierre de esta edición.