Tras la explosión de un artefacto manipulado en el interior del colegio durante la jornada de ayer miércoles, el Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables, mientras Carabineros acusó que se trataba de material incendiario que sería utilizado en una manifestación. En respuesta, grupos de apoderados del establecimiento lamentaron la tragedia, llamando a apoyar a las familias de los afectados y a no criminalizar a menores de edad.

Muchos de quienes lideraron las históricas protestas en años anteriores hoy están en el poder. Los estudiantes también son diferentes y han dado señales de que su movimiento no rinde honores a los dirigentes del pasado, ni siquiera al presidente Boric. El Ejecutivo ha respondido con prisa a las demandas, pero aún es incierto si esto frenará las manifestaciones. 

Además de reconocer la existencia de una coordinación entre la gestión de Alessandri, la policía uniformada y profesores del internado para delatar, detener y sancionar alumnos, la administración de Hassler ordenó eliminar toda la evidencia irregular emanada.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

“Escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”, dijo en su momento el alcalde Felipe Alessandri durante una entrevista. Un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones.

En la querella de la Corporación 4 de Agosto y la concejala Rosario Carvajal se solicita tomar declaración a Roberto Sánchez, un ex alto funcionario de la Dirección de Educación de Santiago (quien se postula a concejal por San Ramón), junto a otros involucrados en el grupo de espía. Alessandri, en tanto, prorrogó por segunda vez la entrega de oficio solicitado por Contraloría.

INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.

Gemma Montiel se desempeñaba como profesora asesora del Centro de Estudiantes del INBA entre los años 2006 y 2016. Fue acusada de instigar las movilizaciones estudiantiles mediante un sumario que tuvo como prueba 260 páginas de transcripciones de conversaciones por Whatsapp transcritas. Dice que la coordinación entre establecimientos, municipalidad y Carabineros existe hace mucho tiempo y que la prueba usada en su contra fue ilícita y manipulada.

INTERFERENCIA accedió al grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago presionaba a través de sus funcionarios por información y para que se aplicaran sanciones. La concejala Hassler (PC) denunciará los hechos a Contraloría.