El 2019, M –cuyo nombre será mantenido en reserva por razones de seguridad- vivió el peor año de su carrera.
Como profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y sin ser consultado, M fue agregado a un grupo de WhatsApp creado por funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DEM) e integrado por carabineros de alto rango de la 22° Comisaría de Quinta Normal; además de sus superiores jerárquicos en el internado. ¿El motivo? él, junto a otros profesores, debía informar a la policía y a la municipalidad sobre hechos de violencia protagonizados por sus estudiantes y otros antecedentes útiles para su detención por parte de la policía y expulsión del INBA.
El profesor M debía ser un soplón.
“Todo ese tiempo tuve miedo”, dice M. Y las razones sobraban. Por sospechas de colaboración en la expulsión de alumnos, su oficina fue quemada en reiteradas ocasiones durante el 2019. Si algún alumno veía su celular o se filtraba un pantallazo del grupo al que había sido agregado, M estaba seguro de que perdería más que una oficina.
Además, su poca colaboración dentro de la red de delatores podía costarle su trabajo, lo cual, sea por no entregar información suficiente o por otros motivos, ocurrió.
Es por esto que M decidió denunciar lo ocurrido en el INBA a la concejala de la comuna de Santiago, Irací Hassler (PC), además de entregar los antecedentes y su testimonio a este medio.
En el chat, se puede apreciar como Sánchez, entonces funcionario de la DEM –sostenedora del liceo INBA–reenvía un mensaje donde un superior jerárquico - apuntado como "el alcalde" - le ordena mantenerlo informado y hablar con el “director” del INBA “para que apliquen todas las sanciones que indique manual” por un acto que califica de “impresentable”.
De tal modo INTERFERENCIA tuvo acceso al grupo de WhatsApp titulado “INBA - CC” (las últimas dos letras correspondientes a una abreviación de ‘cortes de calles’), en el que se evidencian presiones a los funcionarios tanto de Carabineros como de funcionarios mandatados directamente por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN); como las que se revelan a continuación.
En el pantallazo siguiente, el funcionario municipal Roberto Sánchez da inicio a este WhatsApp (se borraron algunos nombres y números celulares, por razones de seguridad y privacidad).
Mensaje de bienvenida enviado por el funcionario municipal Roberto Sánchez, explicando utilidad del grupo
En el grupo fueron incluídos el rector de la institución, la inspectora general y profesores -entre los que se encontraba M- totalizando cinco trabajadores del Internado Nacional Barros Arana.
El rector Jaime Uribe dejaría su cargo a principio del 2021, asumiendo en su lugar como rectora subrogante Ana María Gajardo. Según pudo constatar esta redacción, Gajardo también participó en el grupo mientras se desempeñaba como inspectora general y envió información relativa a las movilizaciones de los alumnos.
Contactada para obtener su visión sobre el asunto, Gajardo negó haber pertenecido al grupo y procedió a bloquear el número del periodista de esta redacción. Dentro de los integrantes de INBA - CC se puede leer el número telefónico exacto de Gajardo, así como también la misma foto de perfil y estado de WhatsApp que ocupaba al momento de ser contactada.
En el siguiente recuadro del chat, se puede apreciar como Sánchez, entonces funcionario de la DEM –sostenedora del liceo INBA– luego de adjuntar un comunicado de estudiantes llamando a protestar, reenvía un mensaje donde un superior jerárquico - apuntado como "el alcalde" - le ordena mantenerlo informado y hablar con el “director” del INBA “para que apliquen todas las sanciones que indique manual” por un acto que califica de “impresentable”.
Roberto Sánchez da instrucciones emanadas del alcalde Alessandri al grupo
Esta redacción contactó al gabinete del alcalde Felipe Alessandri para consultar si la idea de crear una red de delación junto con profesores, carabineros y funcionarios municipales había emanado de él, así como también para saber si la Municipalidad de Santiago se encontraba implementando este sistema en otros establecimientos. Luego de leer las consultas, indicaron que no se referirán al tema.
Esta redacción contactó al gabinete del alcalde Felipe Alessandri para consultar si la idea de crear una red de delación junto con profesores, carabineros y funcionarios municipales había emanado de él, así como también para saber si la Municipalidad de Santiago se encontraba implementando este sistema en otros establecimientos. Luego leer las consultas, desde el gabinete indicaron que no se referirán al tema.
El rol de Carabineros
Por su parte, Carabineros, mediante mensajes a este WhatsApp del teniente coronel Felipe Neira y los capitanes de la 22° Comisaría de Quinta Normal de apellidos Miranda y Fuentes; entregaban información sensible de niños y adolescentes del establecimiento detenidos para su individualización.
Al grupo enviaban nombre completo, RUT y el curso de los detenidos, publicando incluso en INBA – CC la foto del carné de identidad de un menor controlado por Carabineros.
También solicitaban información, como lo hace Neira al requerir que “alguien podría informarnos qué intención tienen” los estudiantes que se encontraban en el antejardín del establecimiento "¿alguien en línea del colegio?".
Carabineros publica a civiles información sensible de estudiantes detenidos
Consultados por esta forma de operar, su legalidad y la aplicación de este tipo de redes en otros establecimientos, desde Comunicaciones de Carabineros indicaron que no alcanzarían a responer las consultas. La institución recibió las consultas a las 15:35 horas del día de ayer.
Fotografías enviadas por Carabineros, donde destaca el carné de identidad de un menor detenido
Consultados por esta forma de operar, su legalidad y la aplicación de este tipo de redes en otros establecimientos, desde Comunicaciones de Carabineros indicaron que no alcanzarían a responder las consultas. La institución recibió las consultas a las 15:35 horas del día de ayer, aunque aseguraron que harían llegar las respuestas durante el transcurso de hoy.
Concejala de Santiago presentará recurso ante la Contraloría
Por su parte, Irací Hassler, concejala comunista de Santiago y quien recibió inicialmente la denuncia de M, indicó a INTERFERENCIA que “me parece extremadamente grave la creación de esta red por parte del alcalde Alessandri, de Carabineros y la directiva del INBA. La articulación de esta coordinación irregular e ilegal vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes” al exponerlos con sus nombres y fotos, entre otros.
“Esto además expone a profesoras y profesores, quienes pueden ser sindicados como colaboradores de la represión; poniendo en riesgo su integridad y la labor pedagógica frente a las y los estudiantes”, reflexionó.
“Desconozco si existe una red de delaciones y expulsiones de este tipo en otros establecimientos educacionales, esa es una duda que debe responder el alcalde Alessandri”, dice Hassler.
Es por esto que Hassler acudirá a la Contraloría General de la República para denunciar los hechos denunciados por M durante la jornada de hoy, además de presentar las pruebas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a la defensora de la niñez y al Colegio de Profesores.
¿Un sistema de delación edilicio?
Respecto a la posibilidad de que este sistema se esté implementando en otros establecimientos, Irací Hassler indicó que “desconozco si existe una red de delaciones y expulsiones de este tipo en otros establecimientos educacionales, esa es una duda que debe responder el alcalde Alessandri”. Para la concejala esta iniciativa “va de la mano con el proyecto Aula Segura, el cual es impulsado por el alcalde y la ministra Cubillos”.
La creación de un grupo de delación de estudiantes por profesores al mismo tiempo que se impulsaba e implementaba el proyecto Aula Segura no es el primer antecedente que nuestro medio conoce de aplicaciones irregulares de la mencionada ley. En enero de 2020, INTERFERENCIA dio a conocer sendos fallos judiciales en contra del municipio encabezado por Alessandri.
Por esa fecha, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de un menor de edad, estudiante de educación básica del Instituto Nacional que fue acusado de lanzar elementos incendiarios, por lo que su matrícula había sido cancelada. (Revise acá el artículo).
Ese mismo mes, el mismo tribunal desestimó la expulsión de un estudiante del INBA, afirmando que la medida carecía de una justificación seria y sería arbitraria, ya que no había pruebas que acrediten delitos de agresiones contra Carabineros. En ambos casos, la defensa de los alumnos acusó una política criminalizadora por parte de la municipalidad. (Revise acá el artículo).
Comentarios
Quiero la prueba
Gracias.
Gracias
Yo tambien fui victima de
Muy buenos reportajes,
...que el león es un
La persecusión política en el
Grande Alcade!
Ojalá que la señora o
Hola INBANIOOS llali de ahi
Del Inba ya no quda nada,
Esperó que Alessandri y la
Que noticia absurda y zurda
Hay profesores muertos de
Quiero leer los artículos, no
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