El traspaso de 2.397 millones a un gremio vinculado a un empresario asesor del ex gobernador, la estrecha amistad de la fiscal del caso con dicho hombre de negocios, una asesoría del esposo de la fiscal regional con la misma organización privada, son parte del iceberg de esta historia.
El dueño de Pares y Álvarez y Buses Hualpén fue mentor de Rodrigo Díaz y ahora aportó dinero a la campaña de Sergio Giacaman. Ante esto, la autoridad electa rechazó la comparación con su antecesor y lo apuntó por los problemas con la justicia que tuvo su gestión en el Caso Convenios.
El autor relata cómo meses antes de que estallara el Caso Convenios, el Gobierno Regional del Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz, investigaba a la funcionaria Tamara Vidal por una presunta irregularidad. La mujer en cuestión respondió denunciando a una serie de convenios del Gore en Fiscalía, lo que sentó las bases del 'Caso Lencería'.
En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.
En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.
Según Resumen, Rodrígo Díaz realizó cuatro transferencias al Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), corporación que agrupa a las principales empresas de la región y donde su exjefa y el dueño de la empresa que hizo el marketing de su campaña son parte del directorio.
