La reciente resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta no sólo anuló la última decisión del Comité de Ministros que pretendía ponerle fin al proyecto minero Dominga, sino que ratificó que éste cumple con los actuales estándares ambientales.  Así, es probable que el gobierno de Boric tenga que darle luz verde al proyecto que lleva más de 10 años de tramitación.

El abogado experto en Regulación y Doctor en Derecho, señala a Interferencia sobre la empresa controlada por la familia Délano que "esta no es una judicialización que impulsaron las comunidades que están en contra. Este es un proyecto que ha sido rechazado ya dos veces y son ellos los que han creado este espacio de discusión infinita". 

Desde la perspectiva medio ambiental y desde lo urbanístico, Ezio Costa y Patricio Herman, respectivamente, discuten el concepto que ha colonizado el habla en los ministerios de Hacienda y Economía. Ambas voces coinciden en que la mayor parte de los retrasos son principalmente porque los privados no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. 

Interferencia conversó con el director de la ONG Fima, luego de que el Comité liderado por la ministra Maisa Rojas aprobara el proyecto de Anglo American, a pesar de que el SEA lo había rechazado un año atrás. “El sistema se diseñó para que estén los ministros de Estado tomando esta decisión y no puede haber nada más político que eso”, mencionó.

El SEA rechazó Los Bronces por potenciales efectos de la operación en la calidad del aire que respira la población. Sin embargo, no se refiere al impacto de la mina en los glaciares, principal fuente de agua de Santiago. AngloAmerican podrá apelar la decisión ante un comité conformado por seis ministros de gobierno: dos independientes, dos de Convergencia Social, un PPD, y una PRSD.

A partir de las palabras de Andrés Allamand, todo indica que Chile no firmará el tratado medioambiental, lo que deja al país en el mismo grupo que Cuba, Venezuela y Dominica, entre otros. Desde distintas organizaciones locales criticaron la señal dada por el ministro de Relaciones Exteriores.

Sanciones penales a quienes ocasionen un daño ambiental, un rol protagónico a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la persecución de estos delitos y responsabilidad penal de las personas jurídicas, fueron los puntos estrella del proyecto de ley. Sin embargo, el texto de la ley no cumple lo prometido por las autoridades y lo engorroso de los procedimientos podría anular las sanciones.