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Domingo, 29 de noviembre de 2020
De promotor a no firmante

Acuerdo de Escazú: gobierno se inclina por proteger los grandes proyectos de inversión

Nicolás Massai D.
Diego Ortiz

El canciller Andrés Allamand junto al presidente Sebastián Piñera

El canciller Andrés Allamand junto al presidente Sebastián Piñera
El canciller Andrés Allamand junto al presidente Sebastián Piñera

A partir de las palabras de Andrés Allamand, todo indica que Chile no firmará el tratado medioambiental, lo que deja al país en el mismo grupo que Cuba, Venezuela y Dominica, entre otros. Desde distintas organizaciones locales criticaron la señal dada por el ministro de Relaciones Exteriores.

Todavía la firma de Chile del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es una incertidumbre. El plazo máximo para firmar es este 26 de septiembre, pero las señales emanadas, principalmente del canciller nacional, Andrés Allamand, diciendo que suscribirlo “es inconveniente”, dan cuenta de que el país se quedará donde está, fuera del tratado, y en el mismo grupo que Cuba, Venezuela, Dominica, El Salvador y Trinidad y Tobago, entre otros.

En tanto, Uruguay, Ecuador y Bolivia son algunas de las naciones que ratificaron, mientras que Argentina, Colombia y Perú están en proceso de hacerlo.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo no se han mostrado las cartas con claridad. “En un inicio dijeron que Escazú es muy riesgoso para la soberanía, ahora parece que ese discurso baja un poco. Han ido dando explicaciones diferentes, y esta última, de que no sería conveniente para los intereses del país, no tenemos claro por qué es así”, dice Gabriela Burdiles, abogada de la ONG Fima. 

El tratado, tal como explica Burdiles, promueve que las decisiones ambientales se tomen entre todos los actores relevantes; algo fundamental para la realidad chilena, donde existen múltiples comunidades, de norte a sur, que no han tenido la chance de intentar detener un proyecto en el ámbito judicial, casi siempre por estar fuera de plazos o falta de recursos para tener asesoría jurídica.

Si bien con el tiempo Escazú garantizaría el acceso a la información y participación. “Establece estándares que en algunos casos Chile los cumple, en otros tiene que avanzar, y eso implica pasar por un proceso para la toma de decisiones como los proyectos de inversión”, agrega Burdiles. 

Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, dice que cuando comenzaron a negociar el acuerdo “no teníamos mucha esperanza que países como Venezuela y Cuba se sumaran por su estándar de transparencia y participación. Por tanto, nunca contamos con su voto y pensamos que debíamos concitar apoyos en países que tuvieran mayor participación”. Por lo mismo, asegura que es lamentable estar en este grupo de naciones, “considerando que creemos tener un estándar de participación mayor”.

Al igual que la abogada de la ONG Fima, Mena cree que la razón de fondo para no adherir el Acuerdo de Escazú son “esta desconfianza histórica que tiene el empresariado que presiona al presidente para no dar más instancias de participación ciudadana, de ojalá salirse del Convenio 169 de la OIT si fuera posible”. “Estos temas de soberanía nunca aparecen en temas de comercio pero vaya la facilidad con que aparecen como condiciones para no firmar acuerdos cuando se trata de temas que tratan de consagrar derechos”, agregó.

Efectivamente, y tal como lo ha podido investigar INTERFERENCIA, el gobierno desde un comienzo puso su foco en la agenda pro-inversión, que agilizó por medio de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía que a lo largo de estos años ha inyectado recursos en organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental, con el objetivo de tramitar de manera más “oportuna” cuestiones como permisos ambientales (ver artículo Así interviene el gobierno el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American).

Por su parte, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), prefiere no poner en el mismo saco a Chile con el resto de países que aún no firman el acuerdo. “Yo hablo desde las particularidades que tiene el modelo neoliberal en Chile”, explica. 

Para el agrónomo, el no firmar el acuerdo “responde particularmente a un modelo de despojo que existe en el país asociado a la explotación intensiva e irracional de bienes naturales finitos, particularmente el suelo y el agua”. En su opinión, el acuerdo complica industrias que el gobierno busca blindar, como las forestales, la privatización del agua y la existencia de zonas de sacrificio. 

Además, en opinión de Mundaca, el no adherir al tratado refleja un desprecio por la transparencia, por la participación ciudadana y, también, por los defensores del medio ambiente. “No firman Escazú, también, para mantenernos a las y los que defienden los derechos humanos ambientales al arbitrio de las prácticas represivas de la institucionalidad comandada por el régimen de Piñera”, explica, haciendo alusión a los seguimientos de los que fue víctima tanto Rodrigo Mundaca como otros defensores ambientales durante el 2019, situación revelada por este medio. (ver artículo PacoLeaks: Estos son los nombres y organizaciones que han sido vigiladas por Carabineros en los últimos meses).

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Personalmente creo que es un error tremendo, apartar a Chile de este compromiso, más si tomamos en consideración que en años cercanos Chile utilizará parte importante del Pib, en la lucha del cambio climatologico. Esta es una oportunidad única de encaminar un trabajo conjunto con las empresas, los ciudadanos y los estados. La opinión Consultiva N°23 del año 2017, De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denota detalladamente las obligaciones de los estados, sintetizando el equilibrio entre derechos humanos y medio ambiente, dicha opinión plenamente vinculante, para 35 estados del que Chile es parte, confío Chile sea parte de los 2 estados faltantes, ratificado res de este tratado, para que entre plenamente en vigor. Siempre Chile a sido puntero en la creación y participativo de tratados, como creador de órganos en latinoamericana.

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