Datos de la Dipres al 30 de abril de este año muestran que Sinovac recibió $ 124.290 millones de pesos chilenos  ($173 millones de dólares), pagados en su totalidad por la Subsecretaría de Salud Pública. Dado que a la fecha se informó de la compra de 15 millones de dosis, eso da un estimado de $ 8.300 pesos ($11,5 dólares) por cada una de ellas, un precio dentro del rango internacional. El Minsal no quiso corroborar el dato.

Una probable penetración de la variante brasileña -se habla de 30% en círculos científicos- con consecuencias sanitarias inéditas, y una gestión deficiente respecto de las medidas no clínicas, son parte de las hipótesis que ayudan a comprender este nivel de catástrofe.

La vacuna de Sinopharm es distinta a la de Sinovac que se administra en Chile, pero comparte el uso de la misma tecnología, que es inocular el virus inactivo a las personas, para que éstas generen inmunidad al Covid-19. Aún no hay claridad del porcentaje de personas que necesitarán la tercera dosis.

El salubrista y académico de la Universidad de Chile, Matías Goyenechea, dice que hay un problema en la definición de quiénes son trabajadores esenciales y que los municipios con menos recursos no han invertido en promover la vacunación ni en informar al respecto. Pero, a su juicio, esto se puede revertir si el gobierno inyecta recursos en esas zonas.

Pese a la llegada ayer de más de 44 mil vacunas, a la fecha menos de la mitad de los 18.000 funcionarios UCI, UTI y de emergencias del país ha recibido las dos dosis que los inmuniza contra el virus. El proceso va más lento de lo previsto y hay 100.000 vacunas estacionadas, sin haber podido ser aplicadas. Chile tiene cerca de medio millón de funcionarios de salud, de los cuales el 98% aún no ha sido inoculado completamente.