SMA
Salmón Summit es organizado por SalmonChile, que tiene al menos cuatro socios que han sido investigados por la Superintendencia de Medio Ambiente por procesos de sobreproducción. Este tema no fue abordado por ninguno de los tres candidatos presidenciales en sus intervenciones en Frutillar. Tampoco hablaron de un buzo que había fallecido un día antes trabajando en un centro de cultivo.
Un mail de enero de 2022 del ex gerente de la salmonera, Santiago Garretón, afirma que la SMA dirigida por Cristóbal de la Maza ha llegado a “la decisión política de mantener frenado” las denuncias por sobreproducción. De la Maza, ex superintendente de Piñera, niega favores políticos y dice que sólo trató de implementar mecanismos de ‘compliance’. Asimismo, elaboró un informe a favor de Isidoro Quiroga en el caso judicial que lo enfrenta a los nuevos dueños chinos de Australis.
La empresa china afirma a que durante la investigación del caso de sobreproducción han surgido antecedentes para acusar el ex gerente legal, Rubén Henríquez, de haber conocido y participado en “las distintas formas de engaño y presentación mañosa de antecedentes” en el marco de la compraventa de Australis por US$921 millones de Isidoro Quiroga, hoy formalizado por estafa, a Joyvio.
Cosayach enfrenta la invalidación de varios de sus permisos ante el Servicio Nacional de Minería. Uno de ellos es el del método de explotación, el cual el fue suspendido a la espera de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
El Servicio otorgó un permiso a Cosayach, empresa del grupo Errázuriz, con que extendió la vida útil de su planta química de yodo hasta 2030, a pesar de que ésta no cuenta con ciertos permisos ambientales para operar en el nuevo lugar donde está emplazada. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos.
En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.
Una serie de correos filtrados por la agrupación hacker Guacamaya e investigados por Ciper y Mongabay dan cuenta de la elaboración de un plan para flexibilizar las restricciones ambientales y así extraer mineral desde zonas restringidas. Conaf confirmó la existencia de una investigación interna para determinar la relación entre los directivos de la empresa y de la administración anterior de la oficina regional.
La crisis del virus ISA en 2007, la marea roja de 2016, la fuga de 4,8 millones de salmones en una década y la entrega de información falsa. Cuando la industria parecía no tener un peor rostro, Australis comienza el año con una autodenuncia por sobreproducción de 80.000 toneladas.
La Superintendencia de Medio Ambiente integró 7 nuevas instalaciones a inspección. Con esto entran 16 de los 33 centros que habrían sobreproducido 80.000 toneladas según la salmonera. La empresa podrá acogerse a beneficios de autodenuncia, pues SMA reconoce que no inició a tiempo proceso de investigación con las denuncias previas de Sernapesca.
A pesar de que la salmonera se autodenunció en octubre, Sernapesca ya había alertado de las sobreproducciones en mayo y agosto de 2022 y había interpuesto las respectivas denuncias meses antes. No es la primera vez que la SMA pone el ojo sobre Australis, nuevos y antiguos dueños han sobrepasado el límite permitido en reiteradas ocasiones.
Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.
Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.
Cristián Franz entró en mayo como socio a un estudio de abogados para ofrecer asesorías a empresas del rubro acuícola. Franz descarta cualquier conflicto de intereses, y afirma que no trabajaría con clientes que le soliciten ayuda para eludir la ley.
Una misión de observación del INDH detectó que los habitantes de Copiapó y Tierra Amarilla viven con el inminente riesgo de consumir agua contaminada. Relaves, tronaduras, derrames y material particulado enfrentan a las comunidades Colla y los poblados atacameños con las faenas mineras de la región.
