Superintendencia del Medio Ambiente
El centro de arbitraje sentenció al empresario chileno a indemnizar a Joyvio por la venta con sobreprecio de la salmonera Australis en 2019. La defensa de Quiroga anunció que apelarán al fallo. En paralelo, se tramitan querellas cruzadas por la supuesta ocultación de un plan de sobreproducción que habría elevado el precio de la compañía durante la compraventa.
Salmón Summit es organizado por SalmonChile, que tiene al menos cuatro socios que han sido investigados por la Superintendencia de Medio Ambiente por procesos de sobreproducción. Este tema no fue abordado por ninguno de los tres candidatos presidenciales en sus intervenciones en Frutillar. Tampoco hablaron de un buzo que había fallecido un día antes trabajando en un centro de cultivo.
A través de una serie de documentos, la Fundación Terram denunció a AquaChile por sobrepasar los límites de producción de salmón en nueve concesiones ubicadas en la Reserva Nacional Las Guaitecas y el Parque Nacional Isla Magdalena.
Un mail de enero de 2022 del ex gerente de la salmonera, Santiago Garretón, afirma que la SMA dirigida por Cristóbal de la Maza ha llegado a “la decisión política de mantener frenado” las denuncias por sobreproducción. De la Maza, ex superintendente de Piñera, niega favores políticos y dice que sólo trató de implementar mecanismos de ‘compliance’. Asimismo, elaboró un informe a favor de Isidoro Quiroga en el caso judicial que lo enfrenta a los nuevos dueños chinos de Australis.
La empresa china afirma a que durante la investigación del caso de sobreproducción han surgido antecedentes para acusar el ex gerente legal, Rubén Henríquez, de haber conocido y participado en “las distintas formas de engaño y presentación mañosa de antecedentes” en el marco de la compraventa de Australis por US$921 millones de Isidoro Quiroga, hoy formalizado por estafa, a Joyvio.
Cosayach enfrenta la invalidación de varios de sus permisos ante el Servicio Nacional de Minería. Uno de ellos es el del método de explotación, el cual el fue suspendido a la espera de un pronunciamiento por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
El Servicio otorgó un permiso a Cosayach, empresa del grupo Errázuriz, con que extendió la vida útil de su planta química de yodo hasta 2030, a pesar de que ésta no cuenta con ciertos permisos ambientales para operar en el nuevo lugar donde está emplazada. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos.
La destrucción del bosque nativo por los incendios, el rechazo a la creación de dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) y el hundimiento en el Salar de Atacama donde operan las faenas de SQM y Albemarle, son algunos de los reportajes vinculados a la minería y a los océanos que marcaron la cobertura ambiental este año.
En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.
Transportes Terranova deberá pagar $477 millones por extraer 211 mil metros cúbicos de áridos entre 2018 y 2019 sin contar con la autorización correspondiente. Gran parte del material fue vendido a Mininco, que pagó más de $1.400 millones según cifras reportadas por el SII en una investigación penal paralela en trámite.
Marie Claude Plumer defendió a Áridos Guerrico hasta marzo de 2022, frente a acusaciones por extracción irregular de 50.000 m3 de áridos. Plumer dejó la causa -aún abierta- para asumir la dirección jurídica del Ministerio de Medio Ambiente.
Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.
