La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto  bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

Según un reportaje de Ciper, parlamentarios no declararon propiedades avaluadas hasta en 96 millones, mientras que otros presentan diferencias de hasta 198 millones según el avalúo fiscal. También, hay quienes poseen deudas por contribuciones, como Jorge Durán (RN), que pagó $15 millones adeudados desde 2021, 20 minutos después de ser consultado por el medio citado. 

Beatriz Hevia tiene 4 propiedades afectas a contribuciones, pero dice que ninguna es vivienda principal, por lo que no se vería beneficiada. Otros 7 republicanos declararon domicilio en inmuebles de su propiedad afectos a este impuesto que grava al 23 % de las viviendas.

Al revisar los que firmaron la carta en apoyo a las hermanas Struthers -cuya propiedad fue liquidada en un remate donde un abogado testaferro del magnate fue el único oferente- queda claro que los tiempos de aplaudir o tolerar a los halcones de los negocios están quedando atrás… incluso en la propia clase adinerada y empresarial.

El terreno está ubicado en área de preservación ecológica, está calificado como sitio eriazo y desde que el empresario del fútbol lo adquirió en 2005 no se han cancelado el pago de este impuesto asociado a los bienes inmuebles.

El proyecto Pampa Camarones SpA, propiedad de Minería Activa -una empresa de LarrainVial- está a la cabeza del ránking de multas impagas en la Superintendencia del Medio Ambiente, fondos que se adeudan a la Tesorería General de la República. El dato es uno más en la historia de esta compañía localizada en la región de Arica y Parinacota, en la que abundan daños ambientales y conflictos laborales.