La Fiscalía Centro Norte, que lleva hace más de 4 años una investigación por delitos de corrupción en contra de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, tendrá que adoptar una decisión: revisar o no el contenido de quien fue su abogado defensor, Luis Hermosilla.

La determinación estará a cargo del perseguidor Francisco Ledezma, quien indaga la eventual responsabilidad penal de Martorell, a raíz de una querella interpuesta por la empresa Pegasus, que le imputa delitos de fraude al fisco, falsificación -entre otros- en el marco de la licitación de cámaras corporales para Carabineros por más de $380 millones, ocurrida en 2020.

La encrucijada de Ledezma, se produce porque a fines de la semana pasada, la abogada de la compañía, Montserrat Rodríguez, solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

La petición tiene como telón de fondo la decisión adoptada por la jefa regional oriente, Lorena Parra, de entregar copia de los mensajes del llamado “caso audio”, a petición del abogado defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo. 

Cuando se realizó la diligencia, Hermosilla era el abogado del Ministerio del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Posteriormente, sería el patrocinante del ex director de la PDI acusado de delitos de corrupción por apropiarse de gastos reservados, Héctor Espinosa.

Al contexto se suma que la semana pasada se conoció que Parra le envió su currículum a Luis Hermosilla, para que tuviera en consideración su postulación al cargo, que ganó en 2021 -de manera coincidente- con una aplastante mayoría en la votación que adoptaron las cortes de Santiago y San Miguel.

Sospechas

De acuerdo a la información recabada por Interferencia, el escrito con la solicitud, apunta a la sospecha de que Hermosilla pudiese haber realizado gestiones para favorecer a Martorell con la PDI.

Ocurre que a mediados de 2020, cuando radio Bío Bío reveló el caso, Ledezma obtuvo la entrega voluntaria del teléfono y computadora de Martorell y otros funcionarios, gracias a la gestión de Hermosilla.

De hecho, la extracción de la información del móvil la hizo la PDI y fue el propio Ledezma quien creó los patrones de búsqueda para que los detectives bucearan dentro de los archivos del aparato.

Cuando se realizó la diligencia, Hermosilla era el abogado del Ministerio del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Posteriormente, sería el patrocinante del ex director de la PDI acusado de delitos de corrupción por apropiarse de gastos reservados, Héctor Espinosa.

Y en la misma línea, Hermosilla usaba los servicios de otro director de la PDI, Sergio Muñoz, quien le entregó información confidencial sobre distintos hechos. 

Actualmente, Muñoz se encuentra formalizado por el delito de revelación de secreto, precisamente por los mensajes que fueron encontrados en el celular de Hermosilla.

En ese orden de ideas, hay situaciones que llaman la atención en el caso. Martorell, tardó más de un año en prestar declaración frente a Ledesma, aludiendo a problemas de agenda de su abogado.

La copia completa del teléfono de Martorell no se encuentra adosada a la investigación y los informes policiales han demorado.

Recientemente -y tal como informó este medio- el fiscal Ledezma se opuso a la solicitud de sobreseimiento presentada por Martorell ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Actualmente, el caso audios tiene otras aristas. La primera, la relacionada con los contactos que mantuvo con Hermosilla, el actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

La segunda, involucra al ex fiscal regional oriente Manuel Guerra. Este último, mientras estaba a cargo del caso Penta, había contactado al profesional para hablar -en 2018- con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick y buscar una salida a la investigación.